Las ciudades despu¨¦s del 27-M

No ha sido casual -ni ha pasado desapercibido-, que fuera el presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, quien defendiera la Ley del Suelo en el Congreso de los Diputados, aprobada hace unos d¨ªas. ?ste del suelo es un problema crucial de la democracia espa?ola y debe estar al m¨¢ximo nivel de la preocupaci¨®n local y de la responsabilidad nacional, si queremos que nuestro pa¨ªs albergue un Estado de derecho avanzado que sostenga un territorio ordenado y habitable, porque cuando se habla de derechos sociales o de ciudadan¨ªa se trata del derecho a la ciudad y, por ende, de las medidas que contiene el ejercicio pr¨¢ctico del mismo, que suelen recogerse, en parte, en el ¨¢mbito del urbanismo y la ordenaci¨®n del territorio. El derecho a la vivienda y a su acceso, que dependen de ellos, est¨¢n ampliamente preteridos por culpa de la tard¨ªa e insuficiente reacci¨®n p¨²blica ante la desregulaci¨®n de facto del suelo, ante las irregularidades, delitos ambientales y la corrupci¨®n pol¨ªtica y administrativa, detectadas y consentidas por las grandes formaciones pol¨ªticas como un mal local o menor.

Aunque no sea seguro que la nueva ley luche "radicalmente" contra la corrupci¨®n -como afirma el presidente- porque es dif¨ªcil cambiar h¨¢bitos que se encuentran en la quintaesencia de los delincuentes de guante blanco, la burocracia y del omn¨ªmodo poder administrativo, es muy probable que la nueva legislaci¨®n sirva para establecer un marco de caracter¨ªsticas completamente distintas al vigente. Al menos ser¨¢ ¨²til para incrementar el control social del urbanismo y su regulaci¨®n p¨²blica en un sentido positivo para la vivienda, la valoraci¨®n del suelo, los planes y la sostenibilidad de las ciudades.

M¨¢s raro ser¨¢ que la ley act¨²e como un catalizador que se adelante a los nuevos problemas porque para ello hac¨ªa falta haber partido de un consenso pol¨ªtico, que no se ha logrado con el PP, ni con algunos promotores que siguen viendo intervencionismo en el mero cumplimiento de unas reglas iguales para todos. El consenso pol¨ªtico y la concertaci¨®n social son dif¨ªciles de conseguir si, a la vez que se clama por ellos, se aplauden las actitudes delictivas del blanqueo de capitales y se sostiene a los empresarios o t¨¦cnicos, que han cometido desde fraudes fiscales a delitos urban¨ªsticos -m¨¢s all¨¢ de la obligada presunci¨®n de inocencia-, como ha ocurrido en tantos casos. Pensar que con esta reforma empieza una nueva etapa s¨®lo es razonablemente acertado si se ponen en marcha otros mecanismos de regeneraci¨®n del mercado y de la sociedad espa?ola; justamente de los dos.

Las elecciones municipales han permitido comprobar hasta qu¨¦ punto la sociedad espa?ola ha aceptado unos m¨¢rgenes amplios de tolerancia respecto de algunos tipos de corrupci¨®n, reeligiendo alcaldes y concejales imputados por la justicia o rechaz¨¢ndolos. Son tramas que han aflorado gracias al fuerte impulso dado a las fiscal¨ªas de urbanismo y medio ambiente y a la acci¨®n de grupos y colectivos sociales. Pero por mucho que se ha denunciado la im

plicaci¨®n de ediles, t¨¦cnicos y empresarios en los negocios fraudulentos de la democracia inmobiliaria al uso, algunos de sus protagonistas volver¨¢n a dirigir equipos de gobierno municipal, para dirigir el mercado desde los ayuntamientos. Tendr¨ªamos un buen punto de partida si no hubieran sido elegidos del total, entre un 5% y un 10% de los ya afectados por esta lacra. Como no es as¨ª, habr¨¢ que esperar m¨¢s decencia o un mayor control de las nuevas corporaciones municipales. Una nueva actitud m¨¢s beligerante ante las irregularidades propias y ajenas. Un esfuerzo m¨¢s efectivo (como el que se ha pedido en la campa?a electoral) de los partidos pol¨ªticos contra los corruptos que act¨²an en sus filas es una condici¨®n necesaria aunque todav¨ªa sea insuficiente para ordenar el futuro de nuestras ciudades.

La sociedad espa?ola requiere ya un marco diferente para la vivienda. Se est¨¢n haciendo tard¨ªos esfuerzos en todas las ciudades para evitar la desregulaci¨®n de estos a?os en que ha sido motivo de una dependencia que hoy afecta a centenares de miles de j¨®venes. Sin embargo, el problema del suelo habitable no se puede dejar en manos de una opci¨®n meramente porcentual de reservas destinadas a vivienda protegida, ni atribuirlo a un espacio declarativo de lucha contra la especulaci¨®n, porque esta lucha ha de tener un origen en una nueva pol¨ªtica estructural de vivienda y suelo. Esta pol¨ªtica, para ser efectiva, necesita de un nuevo modelo sostenible para una nueva calidad democr¨¢tica. Agotado el modelo intensivo y expansivo del crecimiento inmobiliario, con su reciente capitalizaci¨®n invertida en otros sectores, no se puede dejar s¨®lo al esfuerzo p¨²blico la soluci¨®n del problema, porque estamos no ante un problema de elegir entre torres o parques, sino superar la concepci¨®n economicista del urbanismo s¨®lo como reparto de poder o imagen del negocio inmobiliario.

La Ley del Suelo es un primer paso en este sentido, pero si se quiere una eficiencia realista de ese instrumento, no cabe imaginar que, por la gracia de la ley s¨®lo, se consiga, primero, una alta tasa de moralidad p¨²blica en el urbanismo; y luego, un procedimiento real de mejora de la edificaci¨®n sostenible o algo de justicia en el acceso a la vivienda. Estas tres pretensiones han de completarse con un cambio en los m¨¦todos t¨¦cnicos y los presupuestos ideol¨®gicos, o nos encontraremos ante un escenario reiteradamente injusto para amplias capas sociales dependientes. La raz¨®n est¨¢ en que hoy la satisfacci¨®n real de las demandas locales de vivienda p¨²blica no alcanza m¨¢s que un peque?o porcentaje entre el 5% y el 10% de la demanda en las ciudades espa?olas, en tanto se promov¨ªan hasta ahora centenares de miles de viviendas como inversi¨®n, o segunda residencia, en flagrante despilfarro econ¨®mico y ambiental. De ah¨ª las cifras y sonrojantes escenas de los sorteos de vivienda p¨²blica en relaci¨®n con los peticionarios o las manifestaciones de j¨®venes por la vivienda digna, frente a la autocomplacencia o el autoen-ga?o de la clase pol¨ªtica. El hecho de que la vivienda s¨®lo se trate en conexi¨®n con las pol¨ªticas de suelo y no se planteen alternativas de acceso al mercado, de nueva fiscalidad, de financiaci¨®n p¨²blica diferente, de hacienda local compensatoria, de patrimonio p¨²blico para hacer ciudad y no guetos; y, por supuesto, de un modelo de mercado profesional del alquiler frente al imposible microcosmos de arrendamientos entre particulares y Administraci¨®n.

Es determinante tambi¨¦n una reflexi¨®n acerca del modelo, ya anticuado, de subvenci¨®n al desarrollo por actuaciones. La construcci¨®n de vivienda p¨²blica puede ser rentable, pero hay que revisar tanto los prejuicios como los tipos y precios m¨¢ximos de construcci¨®n y venta por parte de los promotores privados, porque si no dilataremos el horizonte de acceso a la vivienda varias d¨¦cadas y lastraremos a la ciudadan¨ªa con hipotecas sociales impagables. La revisi¨®n de los estereotipos sobre fiscalidad debe hacerse a la vez que la intervenci¨®n en el mercado profesional de los fondos inmobiliarios de alquiler para fomentar la salida al mercado de viviendas-hucha, hoy deshabitadas e in¨²tiles, tanto para la sociedad como para el mercado.

Despu¨¦s de las elecciones municipales nos encontramos con un panorama nuevo, en el que, si bien no hay espectaculares vuelcos en los repartos de poder, si estamos ante la posibilidad de buscar y reconstruir un consenso entrecruzado sobre el problema estructural de nuestro crecimiento. Es la hora en la que los espa?oles, por abrumadora mayor¨ªa de la sociedad civil, debemos exigir a todos los partidos y administraciones un cambio hacia la transparencia, la correcci¨®n del despilfarro de ladrillo y la creaci¨®n de entornos habitables en nuestras ciudades en el medio plazo. Para ello habr¨¢n de revisarse muchos de los esquemas obsoletos que han servido desde los a?os ochenta hasta hoy.

Este cambio no s¨®lo se basa en exigir un nuevo marco de derechos y deberes, de decencia y voluntad pol¨ªtica para solucionar el problema del alojamiento, sino en el perfeccionamiento de los instrumentos de econom¨ªa y hacienda privados y p¨²blicos para satisfacer la demanda social existente, sin atenerse solo al ¨¢nimo de lucro privado y la rentabilidad pol¨ªtica que, a veces disfrazados con vestimentas arquitect¨®nicas pr¨ºt-¨¤-porter o de franquicias de marcas populares, han predominado hasta el 27-M.

Carlos Hern¨¢ndez Pezzi es presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos.