El desprecio por la ley en Espa?a

El general de Divisi¨®n Miguel Cabanellas Ferrer era jefe de la V Divisi¨®n Org¨¢nica de Arag¨®n en 1936. Incorporado al levantamiento militar pese a ser considerado republicano, su ambig¨¹edad en los primeros momentos contribuy¨® a que el n¨²cleo obrero zaragozano perdiese la iniciativa y no resistiese. El 23 de julio fue nombrado presidente de la Junta de Defensa, cargo decorativo que ostent¨® hasta que el general Franco asumi¨® el mando supremo, el 1 de octubre de 1936. Fue por esta ¨¦poca cuando, abrumado por el rigor de la represi¨®n en la Zona Nacional, Cabanellas dijo estas palabras: "En este pa¨ªs, alguien tiene que dejar de fusilar alguna vez".

Pues bien, si exceptuamos a los terroristas de ETA, este pa¨ªs ya ha dejado de fusilar. Ya no mata. Ahora hace falta que alguien comience a cumplir la ley alguna vez. En realidad, el peor legado de las dictaduras, m¨¢s a¨²n que la privaci¨®n de las libertades, es la convicci¨®n que se introduce insidiosa en la conciencia de los ciudadanos acerca de que las leyes no deben ser cumplidas, pues s¨®lo est¨¢n para crear una apariencia de legalidad formal vac¨ªa de fuerza vinculante. Tan es as¨ª, que el profesor Aranguren lleg¨® a decir que lo peor de las leyes fundamentales franquistas no era tanto su contenido, como el hecho de que se promulgaban sin voluntad de cumplirlas.

Cre¨ª, a inicios de la Transici¨®n, que una de las tareas m¨¢s honrosas que le correspond¨ªan a la izquierda (para la que -pensaba- la acci¨®n pol¨ªtica es siempre una forma de docencia) era introducir en la sociedad espa?ola la convicci¨®n de que las leyes est¨¢n para ser cumplidas, tanto por el Estado que las da, como por los ciudadanos que las reciben. M¨¢xime, tras d¨¦cadas de eclipse legal provocado por la dictadura franquista. Pero pronto advert¨ª mi error. "Montesquieu ha muerto", se proclam¨® con ¨¦nfasis; y, poco despu¨¦s, Rumasa era expropiada por una ley singular. A partir de ah¨ª, semejantes han sido las actitudes de populares y socialistas mientras han usufructuado el poder: han instrumentalizado la ley y han utilizado las instituciones jur¨ªdicas como burladeros al servicio del designio pol¨ªtico que han considerado prioritario. As¨ª lo prueba, por ejemplo, lo sucedido con la Ley de Partidos Pol¨ªticos. Veamos.

El Partido Popular concibi¨® la Ley de Partidos como un instrumento para neutralizar el entorno de ETA y ahogar econ¨®micamente a la organizaci¨®n terrorista, mediante la ilegalizaci¨®n de Batasuna. Pero al actuar as¨ª, utilizando una norma jur¨ªdica como arma de exclusi¨®n, forz¨® el sistema en un doble y grave sentido. Primero, se abri¨® la puerta a la judicializaci¨®n de la confrontaci¨®n partidaria y, en consecuencia, a la utilizaci¨®n pol¨ªtica de las instituciones contra el adversario pol¨ªtico. Segundo, se promulg¨® una ley que, de hecho, es una ley singular concebida a la medida de un caso concreto, con vulneraci¨®n del requisito de generalidad exigible a las leyes. De lo que resulta que, si bien la inconstitucionalidad de esta Ley ha sido negada por el Tribunal Constitucional, pende a¨²n de resoluci¨®n ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la demanda presentada contra ella por el Gobierno vasco, por considerar que vulnera el Convenio Europeo para la protecci¨®n de los Derechos Humanos. Y, por otra parte, el resultado positivo alcanzado gracias a la Ley de Partidos podr¨ªa haberse conseguido tambi¨¦n, aunque con mayor esfuerzo procesal, mediante la observancia estricta de la normativa general, aplicada con la t¨¦cnica jurisprudencial del levantamiento del velo de las personas jur¨ªdicas.

Cinco a?os despu¨¦s, la Ley de Partidos ha sido eludida por el presidente Zapatero sin derogarla, ya que, al impedir a sus interlocutores de Batasuna participar en las ¨²ltimas elecciones, ha obviado el obst¨¢culo mediante la f¨®rmula oblicua de permitir o no la presentaci¨®n parcial de candidaturas abertzales por Acci¨®n Nacionalista Vasca -sat¨¦lite de Batasuna-, seg¨²n que los candidatos careciesen o no de v¨ªnculos notorios con ¨¦sta. Es injustificable, pero se explica por la cong¨¦nita falta de respeto a la ley que distingue a nuestros dirigentes -de derecha o de izquierda-, que suelen olvidar que las leyes se derogan pero no se conculcan; y, sobre todo, que no se burlan con quiebros torticeros presentados con alardes de hip¨®crita acatamiento formal.

Debe a?adirse, adem¨¢s, que el incumplimiento habitual de las leyes provoca la instrumentalizaci¨®n de las instituciones que deben velar por su observancia. As¨ª, por ejemplo, tras unas vicisitudes abracad¨¢bricas, el etarra De Juana ha sido trasladado del hospital Donostia de San Sebasti¨¢n a la prisi¨®n de Aranjuez. Lo que genera en muchos ciudadanos una duda inquietante: ?habr¨ªa sido igual el destino de De Juana si ETA no hubiese roto la tregua? Y lo mismo puede inquirirse respecto al s¨²bito encarcelamiento de Otegui. No hay respuesta para estas preguntas, pero el solo hecho de formularlas denota la desconfianza que provocan unas resoluciones que parecen adoptadas como moneda de cambio. Ya se sabe -Bermejo dixit-, "a tiempos cambiantes soluciones diferentes". La justicia es la virtud de dar a cada uno lo suyo. No es, por tanto, un valor, pues valor quiere decir precio, y el precio depende de las circunstancias contingentes del mercado y de estimaciones subjetivas, en tanto las virtudes son objetivas y permanentes. Lo que no significa que, para hacer justicia, pueda prescindirse del conocimiento cabal y circunstanciado del supuesto de hecho, pues no existe m¨¢s justicia que la justicia del caso concreto. Ahora bien, esta atenci¨®n a las circunstancias del caso no puede confundirse con la aceptaci¨®n del cambalache que supone la adopci¨®n de resoluciones judiciales en funci¨®n de motivos de conveniencia pol¨ªtica. De hacerse as¨ª, la decisi¨®n judicial no hace justicia sino que paga un precio o materializa una venganza.

Si bien se piensa, todo ello conduce a un resultado: el descr¨¦dito de la ley, concebida como un plan vinculante de convivencia en la justicia, que a todos nos hace libres y a todos nos iguala. De ah¨ª que la observancia de la ley, tanto por quienes han de aplicarla como por quienes han de cumplirla, sea la expresi¨®n b¨¢sica del pacto social sobre el que descansa el Estado democr¨¢tico de derecho. Por tanto, el problema no est¨¢ en las leyes, sino en quienes las promulgan sin prudencia y en quienes las burlan con escarnio.

?Cu¨¢ndo advertir¨¢n nuestros dirigentes que decir la verdad es rentable? ?Qu¨¦ no nos enga?en! D¨ªgannos a d¨®nde quieren ir, qu¨¦ planes tienen y con qu¨¦ medios cuentan. Deroguen cuanto haya que abolir, y apliquen sin subterfugios las normas que dejen vigentes. Nos va en ello la subsistencia del Estado, que no es, a fin de cuentas, otra cosa que un sistema jur¨ªdico que dota de transparencia a las decisiones de las instituciones y poderes p¨²blicos, y que permite una razonable previsi¨®n de futuro a los ciudadanos y a las empresas. Sin transparencia y previsibilidad, no hay seguridad jur¨ªdica; sin seguridad jur¨ªdica, no hay mercado; y sin mercado, no hay progreso econ¨®mico. Por lo que, a medio y largo plazo, el incumplimiento de la ley cuesta muy caro. Termino, por tanto, por donde empec¨¦: en este pa¨ªs, alguien tiene que comenzar a cumplir la ley alguna vez. Igual, si lo hacemos, le cogemos gusto. Cosas m¨¢s raras se han visto.

Juan-Jos¨¦ L¨®pez Burniol es notario.