El Supremo avala que un ¨®rgano central asigne el alumnado a los colegios
La Administraci¨®n plante¨® la medida para evitar guetos de inmigrantes en la escuela p¨²blica
Que cada colegio se encargue de la admisi¨®n de sus alumnos o que un ¨®rgano centralizado distribuya equilibradamente a los inmigrantes entre los centros p¨²blicos y concertados. Castilla- La Mancha opt¨® por esta segunda f¨®rmula hace tres a?os y el Tribunal Superior de la comunidad se lo impidi¨® argumentando que se vulneraba un derecho fundamental de los centros privados concertados. Ahora, el Tribunal Supremo critica duramente esa sentencia y respalda la existencia de esos ¨®rganos centralizados que impedir¨ªan que los inmigrantes se concentren siempre en los mismos colegios.
La escuela p¨²blica ha acusado tradicionalmente a la privada concertada (sostenida econ¨®micamente por la Administraci¨®n) de seleccionar a su alumnado. A pesar de que los criterios de admisi¨®n son los mismos, la p¨²blica escolariza a muchos m¨¢s inmigrantes. Los criterios de admisi¨®n los fija la comunidad aut¨®noma (cercan¨ªa del domicilio, hermanos en el centro). La federaci¨®n mayoritaria de padres y algunos sindicatos sostienen que con esa selecci¨®n se derivan a la p¨²blica a los chicos que presentan m¨¢s dificultades (sobre todo a los inmigrantes) y la ense?anza p¨²blica, dicen, queda en una situaci¨®n de desventaja.
La concertada siempre ha negado que se produzca esa selecci¨®n. Sin embargo, las estad¨ªsticas m¨¢s recientes dicen que la p¨²blica acoge al 66% del alumnado de ense?anza obligatoria, pero escolariza al 79% de los colegiales de otros pa¨ªses.
Un intento para que se produjera un reparto m¨¢s equilibrado fue el de crear ¨®rganos centralizados de escolarizaci¨®n (donde participaran la Administraci¨®n y la comunidad educativa) para distribuir a los alumnos. Todos los padres entregar¨ªan las solicitudes de plaza en estos ¨®rganos, en lugar de hacerlo directamente en el colegio. Esta opci¨®n, que se puso en pr¨¢ctica en Castilla-La Mancha y Catalu?a, fue tumbada en los tribunales.
Pero ahora el Supremo rectifica la decisi¨®n tomada por el Tribunal castellanomanchego y da la raz¨®n al Gobierno auton¨®mico: "El derecho fundamental de crear y dirigir centros docentes no comprende el derecho a la elecci¨®n del alumnado, al menos cuando se trata de centros sostenidos con fondos p¨²blicos". Adem¨¢s de anular la anterior sentencia del tribunal de Castilla-La Mancha, el texto la critica con enorme dureza. Asegura que los fundamentos jur¨ªdicos que se invocan no se sostienen.
Cuando el Gobierno auton¨®mico tom¨® la decisi¨®n de crear organismos centralizados para el reparto de alumnos, los colegios concertados recurrieron esa medida. Y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia castellanomanchego les dio la raz¨®n en 2005.
Una puerta abierta
Ahora mismo no se podr¨ªan volver a crear esas comisiones centralizadas porque
la nueva ley educativa, aprobada el a?o pasado, reconoce expl¨ªcitamente ese derecho a la concertada. Pero la importancia de esta resoluci¨®n del Supremo es que, al decir que la admisi¨®n de alumnos no est¨¢ entre los derechos fundamentales de los colegios concertados, se abre la posibilidad de que la ley pueda volver a admitir ese sistema centralizado que un amplio sector de la ense?anza p¨²blica viene reclamando desde hace a?os.
La Consejer¨ªa de Educaci¨®n de Castilla-La Mancha est¨¢ satisfecha porque el Tribunal Supremo respalde la decisi¨®n que tom¨® en su d¨ªa y asegura que su intenci¨®n siempre fue la de "garantizar la transparencia en la adjudicaci¨®n de las plazas escolares", explic¨® ayer el director general de Pol¨ªtica Educativa, Pedro Pablo Novillo.
Por su parte, la Federaci¨®n Espa?ola de Religiosos de la Ense?anza (FERE), mayoritaria en la ense?anza concertada, a la espera de una revisi¨®n m¨¢s profunda del texto, considera que la sentencia es "sorprendente", porque opta por "una definici¨®n reduccionista del derecho de creaci¨®n y direcci¨®n de centros" y va en l¨ªnea contraria a la jurisprudencia anterior, asegura el responsable de FERE en Madrid, Emilio D¨ªaz. Adem¨¢s, la federaci¨®n se est¨¢ planteando llevar esta resoluci¨®n al Tribunal Constitucional.
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