Vivienda crear¨¢ un servicio de inspecci¨®n para combatir el fraude en pisos protegidos

El Gobierno crear¨¢ en las pr¨®ximas semanas el servicio p¨²blico de inspecci¨®n de viviendas protegidas con sus propios funcionarios para combatir el fraude que se produce en este sector. En la actualidad funciona un sistema mixto puesto en marcha en febrero de 2005, formado por funcionarios del Departamento de Vivienda y siete inspectores que trabajan a pie de calle y que pertenecen a una empresa privada. La consejer¨ªa est¨¢ ultimando el decreto para dar luz verde a un servicio ¨ªntegramente p¨²blico, que estar¨¢ compuesto por 15 personas.

"Tenemos ultimado el dimensionamiento del servicio p¨²blico de inspecci¨®n y en las pr¨®ximas semanas estar¨¢ operativo. Ser¨¢ un servicio ¨ªntegramente p¨²blico", recalc¨® el viceconsejero de Vivienda, Javier De¨¢n, en declaraciones a EL PA?S.

Ahora, la gesti¨®n de los expedientes sancionadores la realizan funcionarios y la inspecci¨®n propiamente dicha la desarrolla la empresa privada Ikertalde, que est¨¢ contratada por la administraci¨®n. Esta parte inspectora se va a incorporar como un servicio p¨²blico consolidado. En total, ser¨¢n 15 personas las que formen el nuevo servicio p¨²blico sumando la gesti¨®n e instrucci¨®n de los expedientes informativos y sancionadores, los inspectores y el personal que atiende los recursos y los procesos de expropiaci¨®n.

"Se trata de una plantilla suficiente porque hasta ahora el n¨²mero de trabajadores que se ha destinado a estos cometidos ha sido inferior", apunta el viceconsejero. Se trata de una ampliaci¨®n de la plantilla del Gobierno a efectos pr¨¢cticos y se realizar¨¢ por decreto. "Ya no vamos a contratar servicio externo. Estamos dimensionando el servicio, pero la decisi¨®n est¨¢ tomada y en las pr¨®ximas semanas se plasmar¨¢ en un decreto", corrobor¨¢.

El nuevo organismo depender¨¢ del ¨¢rea de Planificaci¨®n del Departamento de Vivienda. Se trata de una aspiraci¨®n muy sentida por los diferentes equipos dirigentes que han ido pasando por la cartera de Vivienda (PSE, EA y Ezker Batua) y de una cuesti¨®n demandada en varias ocasiones por el Parlamento. El actual parque de vivienda protegida aumenta cada a?o. En la actualidad, tres de cada diez pisos que se levantan en Euskadi son protegidos.

El plan de inspecci¨®n ha cubierto ya la revisi¨®n de m¨¢s de 22.000 pisos protegidos de los 55.000 que integran el parque p¨²blico. La pretensi¨®n del departamento es completar en el transcurso de esta legislatura la inspecci¨®n de todo el parque y garantizar que est¨¢ siendo utilizado para lo que en su d¨ªa se construy¨®: atender necesidades de vivienda y no para la especulaci¨®n o alg¨²n tipo de fraude.

Fraude del 9%

Seg¨²n los ¨²ltimos datos, el nivel de fraude en la VPO se eleva al 9%, siendo las causas m¨¢s comunes la no ocupaci¨®n de la vivienda, su alquiler o su compraventa no autorizadas. El servicio de inspecci¨®n act¨²a de oficio para garantizar que los pisos que se conceden en los sorteos son ocupados por las personas adjudicatarias, que ninguna se encuentra vac¨ªa y que no se alquilan ni se venden irregularmente. El trabajo de inspecci¨®n comprende las visitas directas a las casas, las consultas al registro de VPO, a la c¨¢mara de la propiedad y la b¨²squeda de informaci¨®n a trav¨¦s de los consumos de luz y agua del domicilio.

El servicio de inspecci¨®n de la vivienda protegida forma parte del plan global de lucha contra el fraude puesto en marcha por el departamento desde hace unos a?os y que contempla otras medidas. Entre ellas, la adjudicaci¨®n de todas las VPO por sorteo para terminar con posibles casos de "enchufismo"; la calificaci¨®n de por vida de las viviendas protegidas, con lo que nadie puede intentar hacer negocio con ellas; y la aplicaci¨®n sistem¨¢tica del ejercicio de tanteo, que permite al Gobierno adquirir los inmuebles protegidos que se vayan a vender para evitar el sobreprecio.

"La Ley vasca de Suelo", explica De¨¢n, "habilita a las administraciones para construir VPO en derecho de superficie (al cabo de 75 a?os deben volver a las instituciones), lo que desincentiva en parte el ansia de especulaci¨®n. Pero la medida que m¨¢s impacto tiene es la calificaci¨®n permanente. Nadie puede estar pensando en obtener una plusval¨ªa a lo largo de la vida de la VPO por su paso a vivienda libre. Es la medida de fondo".

Adem¨¢s, el departamento tiene previsto incluir en el proyecto de ley de Vivienda la obligaci¨®n de que el due?o de una VPO la devuelva cuando adquiera un piso libre. "Con esta disposici¨®n se cierra el c¨ªrculo de la especulaci¨®n. Hoy nadie que est¨¦ pensando en lucrarse compra un piso protegido. Es un instrumento para vivir".

La lucha contra el fraude resulta trascendental en un escenario de incremento de producci¨®n de VPO. "El Gobierno trata de dignificar la imagen de estos pisos para que dejen de ser un instrumento de trapicheo y sobreprecios y sirva ¨²nicamente para atender la necesidad de vivienda de personas que no pueden acceder al mercado libre por sus elevados precios".