Los fiscales y el juicio paralelo sobre el 11-M

El d¨ªa 12 de este mes de junio, durante el desarrollo del juicio oral en que se depuran las responsabilidades penales derivadas de la matanza del 11-M, se produjo un incidente entre el presidente del tribunal y una fiscal que me siento obligado a comentar. Dif¨ªcilmente me pueden ser ajenas las relaciones entre jueces y fiscales. Es inevitable que pese sobre m¨ª el hecho de que fui fiscal durante m¨¢s de treinta a?os y magistrado cerca de dieciocho. Desde ahora adelanto que la noticia de lo ocurrido me ha llegado a trav¨¦s de los medios de comunicaci¨®n, si bien la visi¨®n de las im¨¢genes y la audici¨®n de las palabras por la televisi¨®n pueden haber completado lo que he le¨ªdo en la prensa y aproximar mi conocimiento de los hechos al de un testigo presencial.

Ese d¨ªa, la fiscal estaba terminando de exponer sus conclusiones definitivas y acababa de mencionar, visiblemente emocionada, nombres de v¨ªctimas del atentado. Quiso aludir entonces a la conducta que han tenido a lo largo del proceso algunos periodistas que no identific¨®, de los que dijo, deduci¨¦ndolo de la forma como han tratado a las v¨ªctimas, que carecen de la altura y grandeza propias de una profesi¨®n tan importante en la sociedad democr¨¢tica. En ese momento, el presidente la interrumpi¨® diciendo que tales palabras exced¨ªan los l¨ªmites de un informe jur¨ªdico y, como la fiscal replicase haciendo referencia a "cosas" que se han publicado, seguramente para justificar lo que se propon¨ªa decir, el presidente la cort¨® de nuevo con el argumento de que en la sala no hay tiempo para reproches. Creo que esta actuaci¨®n del presidente de Tribunal -que por lo dem¨¢s, ha dirigido los debates de un juicio extraordinariamente complejo con encomiable energ¨ªa y prudencia- vulner¨® el derecho de la fiscal a seguir haciendo uso de la palabra y obstaculiz¨® el presumible ejercicio de funciones que la Constituci¨®n encomienda al Ministerio Fiscal.

Era f¨¢cil adivinar c¨®mo iba a continuar la exposici¨®n de la fiscal: se hab¨ªa referido al comportamiento de ciertos periodistas y es evidente que algunos profesionales de la informaci¨®n se han entrometido en el proceso de forma intolerable. El presidente pudo, pues, imaginar sin riesgo apenas de equivocarse que la fiscal se dispon¨ªa a hablar del juicio paralelo que se ha ido publicando desde poco despu¨¦s del atentado en medios de comunicaci¨®n -en extra?a sinton¨ªa con el Partido Popular- para los que ciertamente el dolor y la dignidad de las v¨ªctimas, ofendidas unas e instrumentalizadas otras, ha parecido significar bien poco. Un juicio paralelo confeccionado con sospechas sin fundamento, con datos falsos o irrelevantes, con descalificaciones de la imparcial y meticulosa labor del juez instructor y de los fiscales que han trabajado a su lado, con descabelladas acusaciones a la polic¨ªa judicial -recu¨¦rdese la infame insinuaci¨®n del traslado de los cad¨¢veres de los terroristas a Legan¨¦s-, con alg¨²n testimonio capaz de cubrir de verg¨¹enza al que lo prest¨®, con despectivos comentarios sobre informes periciales emitidos con cient¨ªfica honradez, con insultos soeces cuando al "investigador" de turno le ha parecido ser ¨¦ste el medio m¨¢s directo de convencer o movilizar a su p¨²blico, etc¨¦tera.

Siendo as¨ª, ?no ten¨ªa la fiscal el derecho de hablar de estas "cosas", al menos de la estrategia difamatoria con que se ha intentado desautorizar la instrucci¨®n del sumario? ?Se pod¨ªa decir, para negarle ese derecho, que estaba traspasando los l¨ªmites de un informe jur¨ªdico? ?Era posible que en el informe de la acusaci¨®n p¨²blica no se hiciese referencia a las mentiras con que, desde fuera del proceso, se ha pretendido ocultar o desvirtuar su objeto? La respuesta a estas preguntas no debe parecer dudosa a un jurista. Pero hay que a?adir que, reduciendo al silencio a la fiscal no s¨®lo se le cercen¨® un derecho, sino que se le cerr¨® el paso para el cumplimiento de un deber.

En Art. 124.1 CE atribuye al Ministerio Fiscal, entre otras misiones, las de "velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante ¨¦stos la satisfacci¨®n del inter¨¦s social". Proyectado este mandato sobre la situaci¨®n creada por el juicio paralelo en el caso 11-M, es evidente que el Ministerio Fiscal no puede quedar silencioso. Probablemente un juicio paralelo como ¨¦ste merece una reflexi¨®n sobre la necesidad de arbitrar

Pasa a la p¨¢gina siguientemedios legales capaces de evitar en el futuro hechos semejantes. Pero, con independencia de ello, es claro que los fiscales no deben dejar de denunciar, al evacuar los tr¨¢mites que les incumben en el proceso, unos acontecimientos contrarios a la independencia judicial y lesivos para intereses sociales de suma importancia.

Un juicio paralelo al judicial es siempre una anomal¨ªa en tanto los que lo promueven asumen, de modo irresponsable y con escasa solvencia, funciones t¨¦cnicas reservadas a un poder del Estado. Pero cuando alcanza tal intensidad y amplitud que cuestiona aspectos esenciales de la actividad judicial, se prolonga durante a?os y se orienta claramente a sustituir el esclarecimiento de la verdad por el establecimiento de una "contraverdad" favorecedora de intereses que nada tienen que ver con la correcta administraci¨®n de justicia, el juicio paralelo se convierte en un ataque manifiesto a la independencia de los tribunales. Porque su resultado es la aparici¨®n de una opini¨®n p¨²blica manipulada que no conf¨ªa en las instituciones y que ejerce una indeseable presi¨®n sobre quienes, en el momento de juzgar, tienen que estar libres de cualquier condicionamiento que pueda afectar a su imparcialidad.

Por otra parte, esa p¨¦rdida de confianza a que me refiero, presente en esl¨®ganes como el de "queremos saber", tan profusamente utilizado en los ¨²ltimos tiempos, lesiona un inter¨¦s social cuyo valor no siempre se tiene en cuenta suficientemente: el de que los ciudadanos de una sociedad democr¨¢tica conf¨ªen en sus jueces. A diferencia de los conflictos pol¨ªticos, cuya soluci¨®n es siempre transitoria porque est¨¢ en funci¨®n de la variable adhesi¨®n que prestan los ciudadanos a las distintas fuerzas en presencia, la soluci¨®n de los conflictos en sede jurisdiccional tiene una indiscutible vocaci¨®n de permanencia. Los conflictos que se traban entre particulares, entre ¨¦stos y la Administraci¨®n p¨²blica o entre el Estado y los presuntos responsables de un hecho delictivo -que son los que dan lugar al proceso penal- se resuelven en t¨¦rminos jur¨ªdicos, decidi¨¦ndose de qu¨¦ lado est¨¢ el derecho y de qu¨¦ lado no lo est¨¢, por lo que la contienda debe quedar definitivamente pacificada. Pero, para que esto sea posible, es imprescindible que los ciudadanos conf¨ªen en los jueces.

De ah¨ª la gravedad de la conducta de los que, ante un proceso penal que no discurre por cauces acordes con sus prejuicios o intereses, se dedican desde los medios de comunicaci¨®n u otras tribunas a poner en cuesti¨®n la imparcialidad o competencia del instructor que investiga los hechos, de los fiscales que colaboran con ¨¦l y de los que realizan, bajo la direcci¨®n de aqu¨¦llos, las funciones policiales y periciales pertinentes. Dicha conducta opera en un sentido diametralmente opuesto al inter¨¦s social de que a los jueces les rodee un clima de confianza para que los conflictos que resuelvan queden realmente pacificados.

Recapitulemos todo lo dicho y pong¨¢moslo en relaci¨®n con el incidente que nos ha servido como punto de partida. No conviene que le demos escasa importancia. El Ministerio Fiscal -no descubro nada, s¨®lo recuerdo lo sobradamente sabido- es formalmente una parte en el proceso y, como tal, tiene los mismos derechos y deberes que las dem¨¢s partes. Su situaci¨®n procesal, sin embargo, se encuentra singularizada por la trascendencia de sus funciones y por la circunstancia de que las ejerce con sujeci¨®n a los principios de legalidad e imparcialidad. Esta singularidad no puede ser olvidada por los tribunales que deben estar especialmente atentos cuando los fiscales se aprestan a defender ante ellos los valores e intereses que les est¨¢n encomendados.

La independencia de los Tribunales y la confianza en los jueces han sido agredidas en el juicio paralelo montado en torno a la tragedia del 11-M. La agresi¨®n no ha cesado puesto que en el juicio oral una parte supuestamente acusadora ha solicitado ya una "sentencia abierta" que, en su opini¨®n, vendr¨ªa impuesta por un proceso que considera desviado o incompleto; solicita esa parte, en definitiva, una sentencia desde una actitud de radical desconfianza. Los fiscales ten¨ªan y tienen mucho que decir sobre todo esto, por lo que no es razonable imponerles silencio cuando uno de ellos levanta la voz protestando ante unos hechos a los que dif¨ªcilmente cabe encontrar precedentes en nuestra historia judicial y pol¨ªtica.

Jos¨¦ Jim¨¦nez Villarejo es ex presidente de las Salas 2? y 5? del Tribunal Supremo.