Salvoconducto

A Markel Olano, nuevo diputado general de Guip¨²zcoa, no le gusta la Ley de Partidos. Viniendo de donde viene, nos lo supon¨ªamos, de ah¨ª que no hiciera falta que nos lo recordara en su discurso de nombramiento, en un gesto que, sin embargo, est¨¢ lejos de ser gratuito. La Ley de Partidos ha venido a desempe?ar para los partidos nacionalistas el papel que hasta no hace mucho tiempo desempe?¨® la Constituci¨®n, relegada hoy a un rol discreto, del que sin duda emerger¨¢, como un Guadiana salm¨®dico, cuando as¨ª convenga. No es necesario remontarse mucho en el tiempo para recordar las continuas referencias de los nacionalistas, tanto de los l¨ªderes de los partidos como de los cargos institucionales, al rechazo con el que los vascos habr¨ªamos refrendado la Constituci¨®n, rechazo que la convert¨ªa en algo as¨ª como una ley impuesta, una ley impugnable que, en tanto que tal, legitimaba toda clase de insurrecciones. Se daba la paradoja de que ese continuo recordatorio brotara de cargos institucionales cuya raz¨®n de ser nac¨ªa de la misma legalidad que impugnaban, paradoja que negaba de facto la declaraci¨®n que se repet¨ªa con tanta insistencia: si nuestros lehendakaris no dejaban de recordarnos que no hab¨ªamos aprobado la Constituci¨®n, no se sab¨ªa muy bien qu¨¦ demonios hac¨ªan en sus puestos sin dimitir de inmediato, por lo que con su sola presencia desment¨ªan la veracidad de su recordatorio.

No de facto, por lo tanto, pero s¨ª de fictione, el estigma constitucional marc¨® la pol¨ªtica vasca hasta tiempos muy recientes, y la ficci¨®n persegu¨ªa una rentabilidad ideol¨®gica clara -por ejemplo la de que nuestra ¨²nica constituci¨®n fueran los Derechos Hist¨®ricos- y unos efectos pragm¨¢ticos no menos evidentes, como pod¨ªa serlo el de abrir el campo de la reivindicaci¨®n permanente. La impugnaci¨®n constitucional configuraba un marco de actuaci¨®n pol¨ªtica al que pretend¨ªa otorgar legitimidad, pero las expectativas que le abr¨ªa al deseo imped¨ªan valorar en su justa medida las consecuencias desestabilizadoras -es m¨¢s, entr¨®picas- que podr¨ªa acarrear no ya a las instituciones, sino a los propios promotores de la impugnaci¨®n, esto es, a los mismos nacionalistas. El carrillo actual de la desbandada nacionalista, con empanadas para todos los gustos, tiene su fundamentaci¨®n de origen en esos polvos, en esa crisis de legitimidad de la que pretend¨ªa alimentarse nuestra pol¨ªtica y que ha alimentado, en realidad, cualquier clase de desprop¨®sito. El suelo de la ficci¨®n es inestable, y sus g¨¦neros infinitos, basta s¨®lo con pensar en Godzilla. ?Puede dudar alguien de que entre nosotros tambi¨¦n haya germinado un monstruo?

Desecada temporalmente -hasta que el ibarretxismo retorne al primer plano-, esa impugnaci¨®n salm¨®dica de la Constituci¨®n est¨¢ siendo sustituida por la recusaci¨®n de la Ley de Partidos. Es cierto que no es el mismo el alcance de ambas normativas, y que recusar una ley no tiene la misma trascendencia que rechazar la norma que las hace posible a todas, pero lo que equipara a ambas operaciones es su alcance instrumentalizador, su pretensi¨®n de abrir un marco a la actuaci¨®n pol¨ªtica que legitime toda una serie de iniciativas. Al se?or Markel Olano, por ejemplo, no le gusta la Ley de Partidos, como seguramente tampoco le gustar¨¢n otras, y yo no le voy a privar de ese derecho. Lo que ya me parece m¨¢s discutible es que en su discurso de nombramiento, un discurso casi program¨¢tico, haga hincapi¨¦ en esa ley que no le gusta -o en otras que tampoco- cuando no se hallan entre las tareas del cargo que asume ni la de recusarla ni la de modificarla. La que s¨ª que est¨¢ es la de acatarla, tarea que le puede resultar problem¨¢tica entre nosotros, y a¨²n podr¨ªamos entender que manifestara su disgusto en virtud de lo duro que le pueda resultar cumplir con esa su tarea, aunque mucho nos tememos que su recusaci¨®n tiene en realidad otros objetivos. Se trata, una vez m¨¢s, de utilizar la impugnaci¨®n de la ley con el objetivo interesado al que nos venimos refiriendo de dar cauce a la impostura pol¨ªtica

Y en efecto, no hemos tenido que esperar mucho tiempo para que se confirmaran nuestras sospechas. Nuestro diputado general, apoyado en ello por su mentor Joseba Egibar, ha manifestado ya su intenci¨®n de mantener una relaci¨®n institucional permanente con los representantes de las listas ilegales. Que esto le va a servir para revestir su fr¨¢gil situaci¨®n de minor¨ªa, a la que tratar¨¢ de dar una cobertura de mayor¨ªa abertzale frente al resto de la c¨¢mara, es evidente. Tambi¨¦n lo es que su intenci¨®n no responde a una necesidad urgida por un proyecto de gesti¨®n, sino a una finalidad meramente ideol¨®gica y de representaci¨®n de equilibrios de fuerza. Tan evidente es todo como que lo que menos importan de ello son las consecuencias que puedan derivar para el desarrollo de nuestro territorio, sobre el que no se parece disponer de proyecto alguno. Pobre Guip¨²zcoa.