Fractura en el Constitucional por la contradicci¨®n del PP en los estatutos de Catalu?a y Andaluc¨ªa

Los magistrados del Tribunal Constitucional, unos propuestos por el PSOE y otros por el PP, libran desde hace meses una intensa batalla legal a cuenta del recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra el Estatuto de Catalu?a. Los conservadores se impusieron en la primera gran pugna: lograron que fuese apartado de la resoluci¨®n del litigio el magistrado progresista Pablo P¨¦rez Tremps, cuya recusaci¨®n por parte de los populares prosper¨® pese a que una anterior por id¨¦nticos motivos hab¨ªa sido rechazada.

Ayer, el triunfo fue para los progresistas (con el apoyo de dos conservadores). El pleno del alto tribunal se reuni¨® para tramitar un escrito de la Abogac¨ªa del Estado en el que plantea la flagrante contradicci¨®n en la que incurre el PP al impugnar una treintena de art¨ªculos del Estatuto de Catalu?a que no ha recurrido en el de Andaluc¨ªa pese a que son calcados. El Abogado del Estado opina que el PP deber¨ªa desistir de su recurso contra esos art¨ªculos del Estatuto catal¨¢n dado que los ha apoyado en el andaluz. Los populares prefieren no contestar a esa contradicci¨®n, y acusan a la Abogac¨ªa del Estado de t¨¢cticas dilatorias. Pero el Constitucional acept¨® ayer por mayor¨ªa dar traslado a las partes del escrito de la Abogac¨ªa.

Cuatro de los 11 magistrados que se reunieron en pleno intentaron sin ¨¦xito que no se atendiera el requerimiento de la Abogac¨ªa del Estado. Los magistrados que defend¨ªan esta posici¨®n son del sector conservador, y en su d¨ªa fueron elegidos a propuesta del PP. Entre ellos figuran Roberto Garc¨ªa Calvo y Jorge Rodr¨ªguez Zapata, los mismos que hace s¨®lo una semana trataron de que no se aplicara una reforma legal aprobada en el Congreso y que permite la pr¨®rroga autom¨¢tica de los mandatos de la presidenta (actualmente, del sector progresista) y del vicepresidente del Constitucional (conservador).

Los magistrados que propon¨ªan devolver el escrito de la Abogac¨ªa del Estado sin tramitarlo intentaban evitar que el PP se sit¨²e ante una tesitura inc¨®moda: asumir si con su recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto catal¨¢n tambi¨¦n est¨¢ impugnando parte del Estatuto de Andaluc¨ªa, pese a que lo aprob¨® en el Congreso de los Diputados. El Defensor del Pueblo, por ejemplo, sostiene que no ha impugnado los estatutos de Baleares y Andaluc¨ªa, pese a que tienen art¨ªculos similares, porque la sentencia del catal¨¢n anular¨ªa de hecho esos mismos preceptos en otros estatutos de autonom¨ªa.

Desde que se aprob¨® el Estatuto de Catalu?a y el PP recurri¨®, el Constitucional ha tenido que resolver m¨¢s de ochenta incidencias. Los populares pretenden que el Constitucional resuelva ya el recurso para evitar que el Gobierno catal¨¢n siga desarrollando el Estatuto con medidas como la creaci¨®n de una Agencia Tributaria propia, medida tambi¨¦n prevista en el Estatuto de Andaluc¨ªa que apoya el PP.