El Supremo confirma la ilegalidad de la retirada del orujo que orden¨® el PP

Seis a?os despu¨¦s de que la entonces ministra de Sanidad, Celia Villalobos, decretara la alerta sanitaria del aceite de orujo por la crisis del benzopireno, el Tribunal Supremo acaba de dar carpetazo al caso confirmando la ilegalidad de la medida del anterior Ejecutivo del Partido Popular. El Supremo desestima el recurso de casaci¨®n interpuesto por la Abogac¨ªa del Estado a la sentencia de 2004 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid declarando injustificada y desproporcionada la incautaci¨®n por Sanidad de 30.000 toneladas de orujo.

Los productores valoraron ayer este triunfo "moral" al tiempo que se plantean reclamar indemnizaciones por las p¨¦rdidas ocasionadas, que cifran en 90 millones de euros.

El fallo del Supremo, que es consecuencia de la demanda interpuesta en su d¨ªa por la Asociaci¨®n Espa?ola de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (Asoliva), considera que "no hab¨ªa justificaci¨®n cient¨ªfica ni riesgo para la salud" para tomar una medida que supuso un aut¨¦ntico varapalo para un producto que, pr¨¢cticamente, desapareci¨® del mercado durante varios a?os y que, a¨²n hoy, se afana por recuperar parte del consumo perdido.

El Supremo tambi¨¦n alude a que el procedimiento seguido por el entonces Ministerio de Sanidad y Consumo no fue el adecuado, pues aunque el departamento que presid¨ªa la popular Celia Villalobos se escud¨® en que la alerta sanitaria era una recomendaci¨®n a las comunidades aut¨®nomas, la Sala Tercera del Supremo interpreta que la orden del ministerio fue m¨¢s bien un "imperativo" o una "exigencia".

De hecho, varias comunidades aut¨®nomas han sido condenadas a pagar indemnizaciones millonarias a empresarios del sector al ser ellas las competentes para ejecutar la alerta sanitaria del ministerio.

No hab¨ªa riesgo

Asoliva valor¨® ayer que el fallo del Supremo confirme la tesis de la asociaci¨®n, que defend¨ªa que el producto no representaba un peligro grave por lo que no deb¨ªa ser declarado ilegal. A su juicio, esta declaraci¨®n fue una decisi¨®n que el Estado adopt¨® en el ejercicio de sus competencias y que no dejaba elecci¨®n a las comunidades aut¨®nomas, dado el riesgo que se les anunciaba. "No exist¨ªa riesgo grave y extraordinario para la salud p¨²blica, por lo que la medida de ordenar la retirada inmediata fue desproporcionada e injustificada", denunci¨® Asoliva, que representa al 85% de la exportaci¨®n nacional de aceite envasado y entre el 30 y el 50% del granel.

Por su parte, el presidente de la Asociaci¨®n Nacional de Extractores de Orujo (ANEO), Fernando Mu?oz, se congratul¨® ayer por lo que considera un triunfo "moral" del sector. "Lo m¨¢s importante es que se ha demostrado que el aceite de orujo es un producto saludable y que no hab¨ªa raz¨®n alguna para una medida tan desproporcionada", indic¨® Mu?oz, que considera que los entonces dirigentes del Ministerio de Sanidad "deber¨ªan asumir responsabilidades" por entender que "metieron la pata".

Los productores consideran que la sentencia del Supremo abre la v¨ªa para que los empresarios del sector reclamen de forma masiva indemnizaciones por los da?os sufridos por la inmovilizaci¨®n del orujo. Ya ha habido algunos que han ganado la batalla judicial, como es el caso de la extractora Hijos de Espuny S. A., de Osuna (Sevilla), que en enero del a?o pasado logr¨® que el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) condenase a la Consejer¨ªa de Agricultura y Pesca de la Junta andaluza a pagarle 3.986.053 euros por las p¨¦rdidas ocasionadas tras la alerta sanitaria.

El Alto Tribunal andaluz indic¨® que el Ministerio de Sanidad se bas¨® para decretar la alerta en una noticia aparecida en un diario checo (que alud¨ªa a la posibilidad de c¨¦lulas carcin¨®genas en varias marcas de orujo espa?ol) al que consider¨® un medio "carente absolutamente de rigor cient¨ªfico alguno" y sin descartar que "fuera una noticia interesada por razones comerciales".

La orujera sevillana aleg¨® que los aceites de orujo inmovilizados cumpl¨ªan las autorizaciones y controles exigidos en la normativa vigente.