Las urnas como ecuaci¨®n o como partitura

Deslumbrante -como todas las suyas-, una vi?eta de El Roto nos presenta a un elector devan¨¢ndose los sesos ante una mesa de trabajo en la que emborrona papeles como quien descifra un teorema, pregunt¨¢ndose: "?C¨®mo expresarles, en un voto, todo lo que pienso?".

Las posiciones en materia electoral reflejan como ninguna la noci¨®n de democracia en que cada cual se encuadra. Vistas las propuestas electorales del PP en las ¨²ltimas semanas, alguien podr¨ªa sugerirles que frecuentaran El Roto. Sus planteamientos afectan en primer plano a la gobernaci¨®n de un n¨²mero de CC AA, pero encierran implicaciones de mayor envergadura. Ofrecen, primero, una suerte de acuerdo de reconocimiento de t¨ªtulo para gobernar a "la fuerza m¨¢s votada", seguido de una modificaci¨®n del derecho electoral que cierre el paso al Gobierno a toda opci¨®n que no cuente al menos con el 30% de votos en su territorio.

Con la credibilidad que confiere haber sido el candidato m¨¢s votado a la presidencia del Gobierno de Canarias, representando la ¨²nica fuerza que en esta CA obtuvo m¨¢s del 30% de los votos (el PP es tercera fuerza, muy por debajo de ese umbral), expuse de inmediato, tras el 27-M, las objeciones socialistas a las tesis del PP.

Primera, los espa?oles hemos madurado nuestro comportamiento electoral al hilo de las elecciones sucedidas desde 1977. A estas alturas, los ciudadanos discriminan su apuesta en cada ocasi¨®n. Votan selectivamente en funci¨®n de las coordenadas y del Gobierno en juego. No merecen que sus decisiones sobre esas instituciones resulten puenteadas, ignoradas, mezcladas entre s¨ª, y aun menos intercambiadas, desde criterios insensibles al detalle o a la especificidad. Segunda, toda propuesta relativa al derecho electoral debe abrirse al debate ponderando el car¨¢cter decisivo de este cap¨ªtulo troncal en todo orden democr¨¢tico. Y debe desde luego someterse a un riguroso escrutinio de credibilidad desde su coherencia con los propios actos, lejos de todo tacticismo y del descarado servicio a intereses partidarios. Desde ninguno de estos par¨¢metros parece que las propuestas del PP deban tomarse en serio. Al margen del dif¨ªcil encaje en la Constituci¨®n, y a la luz de su contraste con la pr¨¢ctica pol¨ªtica de la derecha en los distintos escenarios en disputa, resulta demasiado evidente que tras la invocaci¨®n de criterios aritm¨¦ticos subyacen cortoplacistas c¨¢lculos de poder. Hace tan s¨®lo dos semanas que el l¨ªder del PP firm¨® en Madrid un pacto entre la tercera y la segunda fuerza para que no gobernara en Canarias la ¨²nica fuerza que cumpl¨ªa con los requisitos que alega, el Partido Socialista.

Pero subrayo, adem¨¢s, un tercer argumento. Y es que los resultados en las urnas no deber¨ªan ser le¨ªdos, sin m¨¢s, como una ecuaci¨®n, sino como una partitura que debe ser interpretada con tino y sensibilidad a la melod¨ªa y los tempos. Al menos si queremos honrar la funci¨®n de la pol¨ªtica en la democracia avanzada como un responsable ejercicio de sintonizaci¨®n y empat¨ªa con los estados de ¨¢nimo, las tendencias y pulsiones de la ciudadan¨ªa, y el contenido del mensaje quintaesenciado y denso que inevitablemente encierra el voto en cada urna y en cada ocasi¨®n.

Interpretar el veredicto de la ciudadan¨ªa en el voto es en s¨ª un ejercicio de responsabilidad. Arriesga una primera ocasi¨®n de acierto o error desde las elecciones. No se resuelve s¨®lo en una suma de votos y ofrecimiento de acciones a potenciales aliados, sino en la atenta lectura detodo un marco de par¨¢metros m¨¢s sutiles e intangibles de cuanto en un crudo manejo de porcentajes. El punto de partida importa. As¨ª, procede evaluar de qu¨¦ situaci¨®n viene cada competidor: qui¨¦n sube, qui¨¦n baja y por qu¨¦, y cu¨¢l es el lugar que se ocupa frente a los competidores. La calidad democr¨¢tica exige enjuiciar lo que las urnas nos dicen respecto de las ejecutorias de las opciones disponibles, sea desde el Gobierno o desde la oposici¨®n. Pero tambi¨¦n el mensaje que a la hora de formar gobiernos se emite a la ciudadan¨ªa. Para tomar la democracia en serio, y hacer cre¨ªble el principio de que los ciudadanos pueden cambiar gobiernos con el voto, los responsables pol¨ªticos haremos bien en guardar y hacer guardar ese indicador de calidad que es la viabilidad del cambio: la verosimilitud de la alternancia. Por expresarlo en los t¨¦rminos que emplea Felipe Gonz¨¢lez en un art¨ªculo reciente, hablamos de la aceptabilidad de la derrota como un genuino sensor de reconocimiento de la pol¨ªtica en democracia.

A partir de ah¨ª, dos consideraciones. Primera, este factor determina el an¨¢lisis de situaci¨®n en las distintas CC AA sobre las que el PP proyecta sus propuestas: especialmente en aquellas en las que el cambio proviene de la conjunci¨®n de mayor¨ªas plurales y progresistas tras prolongados ejercicios de mayor¨ªas monocolores y conservadoras: ser¨¢ ¨²til preguntarse qui¨¦n gana votos y qui¨¦n los pierde para dilucidar si hay o no mandato de alternancia en las urnas. La segunda nos lleva m¨¢s lejos de lo que da de s¨ª un art¨ªculo, pues es la que afecta a las dificultades con que, innegablemente, tropieza la alternancia en las CC AA.

Ilustra esta reflexi¨®n lo sucedido en Canarias. Omito aqu¨ª cualquier detalle de un sistema electoral dise?ado para dificultar las mayor¨ªas monocolores y afectado como ning¨²n otro por barreras de exclusi¨®n y t¨¦cnicas de reparto de esca?os contrarias a la proporcionalidad hasta hacer irreconocible el principio de la igualdad de voto. Eludo comentar el debate en torno a su modificaci¨®n. Lo cierto es que, aun en un contexto talmente desalentador de la participaci¨®n y tan dado a desmentir el principio democr¨¢tico de que es posible cambiar de gobernantes con el voto, quienes han estado en el Gobierno durante m¨¢s de 15 a?os han venido perdiendo votos y esca?os en cada convocatoria. De ah¨ª que la reedici¨®n de una misma f¨®rmula desautorizada pueda ser interpretada como un deliberado desprecio a la viabilidad del cambio, desde la determinaci¨®n de prolongarse en el poder postergando la asunci¨®n de responsabilidades internas por la p¨¦rdida de apoyos ante sus propias formaciones y ante el electorado. Tanto es as¨ª que el debate de investidura result¨® artificiosamente desnaturalizado hasta transmutarse en una extravagante suerte de antiinvestidura contra quien no se somet¨ªa a votaci¨®n en ese tr¨¢mite (el portavoz socialista) sobre quien se concentraron los turnos que apoyaron al Gobierno y los del propio candidato. En primera instancia, esa t¨¢ctica abre paso a un ajuste de cuentas, en desigualdad de armas, a quien desde la oposici¨®n emerge desde la tercera a la primera fuerza en el Parlamento, con la imperdonable osad¨ªa de plantar cara al Gobierno, definir la alternativa y derrotarles en las urnas. Pero tambi¨¦n afecta a la aceptabilidad de la derrota, a la posibilidad de la alternancia y a sus dificultades en las CC AA.

Y hay todav¨ªa algo m¨¢s: las reglas electorales no son inocentes ni inocuas. No son neutros sus efectos sobre el comportamiento del votante y, consiguientemente, sobre el sistema de partidos y sobre el sistema pol¨ªtico. Yerra no s¨®lo quien cree que la proyecci¨®n del voto sobre los gobiernos es una cuesti¨®n aritm¨¦tica, en la que basta una suma contra sus alternativas. Y yerra una y otra vez quien cree que las hipot¨¦ticas consecuencias de una reforma electoral se limitar¨ªan a reasignar esca?os desde una cifra invariable y homog¨¦nea de sufragios y porcentajes. Con reglas distintas de asignaci¨®n de esca?os, la gente votar¨ªa de otro modo, calcular¨ªa sus opciones conforme a nuevos par¨¢metros, incluyendo en este encuadre a muchos ahora abstencionistas o practicantes frecuentes del voto minoritario, testimonial u orientado hacia ulteriores alianzas. Todo debate al respecto debe ser riguroso. Pero, si quiere valer la pena, ha de servir, sobre todo, para reforzar el valor de la participaci¨®n y la libertad civil de decidir los gobiernos desde la igualdad del sufragio, puesto que la democracia se juega en la posibilidad de deshacerse, votando, de los malos gobiernos. Y no hay peor Gobierno que el que se desentiende del mensaje de las urnas, y opta por deso¨ªr la m¨²sica en las preferencias de la ciudadan¨ªa.

Juan Fernando L¨®pez Aguilar, ex ministro de Justicia, es parlamentario canario.