La poca verg¨¹enza

El se?or juez de instrucci¨®n del Juzgado n¨²mero 40 de los de Madrid es un personaje siniestro, se comporta como el ni?o bonito de la judicatura y sus actos menoscaban el prestigio de la democracia, pero no demuestra padecer verg¨¹enza alguna por ello. Estoy seguro de que el magistrado no se sentir¨¢ ofendido por estas expresiones, proferidas no con ¨¢nimo de injuriarle ni de calumniarle, pues al fin y al cabo ni siquiera se refieren de forma espec¨ªfica a ¨¦l, y desde luego mucho menos a su persona, sino a una peculiar manera de ver las cosas por parte del sector de la judicatura en el que se incluye. El caso es que el se?or juez de instrucci¨®n titular del Juzgado n¨²mero 40 de Madrid, llamado De la Hoz aunque nada tenga que ver con el Martillo, acaba de dictar un auto en el que asevera que el uso de estos y otros peores vocablos, proferidos contra m¨ª en su d¨ªa, no constituyen nada delictivo. A su entender se trata s¨®lo de t¨¦rminos duros, que pueden ser utilizados en un contexto de discrepancia o de debate. Como yo discrepo por completo del se?or juez, opino que con su auto ha perdido el sentido del decoro. Hasta el punto de que, ya en pleno mes de julio y con lo que sab¨ªamos a esas alturas del juicio del 11-M, se atrevi¨® a afirmar que "la opini¨®n p¨²blica y la clase pol¨ªtica est¨¢n divididas respecto a esta cuesti¨®n, sosteni¨¦ndose cuando menos dos versiones distintas", con lo que en su auto decide igualmente que es l¨ªcita la acusaci¨®n que se me hizo de manipular pruebas en dicho proceso por terrorismo. Se tratar¨ªa m¨¢s bien de un recurso literario, viene a decir el magistrado. Por todo lo cual archiv¨® hace d¨ªas una querella interpuesta por m¨ª en febrero contra un locutor de la radio episcopal, en cuyas ondas el octavo mandamiento y las ense?anzas del serm¨®n de la monta?a han quedado definitivamente abrogados.

Mis abogados han recurrido ya la tropel¨ªa perpetrada por el se?or De La Hoz Aunque No Del Martillo, por lo que me asaltaron dudas a la hora de publicar este art¨ªculo, no vaya a entenderse que pretendo dirimir con ¨¦l un contencioso personal. Pero, siguiendo las instrucciones del auto en cuesti¨®n, me veo en la obligaci¨®n c¨ªvica de hacerlo por mor de contribuir "a un mayor grado de deliberaci¨®n y discusi¨®n pol¨ªtica en un asunto del m¨¢ximo inter¨¦s y preocupaci¨®n por parte de la ciudadan¨ªa": el funcionamiento de los tribunales de justicia espa?oles, instituci¨®n que se resiste de muchas formas a asumir las consecuencias de la transici¨®n democr¨¢tica, favoreciendo al tiempo el exotismo de algunos de sus integrantes, de cuyo nivel profesional y moral dan fe a diario las informaciones de los peri¨®dicos. Mis opiniones ahora expresadas no me abrir¨¢n quiz¨¢ mejor sendero entre la jungla procesal, pero servir¨¢n para comprender por qu¨¦ jueces de la encarnadura del se?or De La Hoz Que No Del Martillo contin¨²an atropellando con sus autos ¨²ltimo modelo a no pocos ingenuos contribuyentes, todav¨ªa empe?ados en manifestar su / nuestra fe en los tribunales de justicia, que en mi caso sigue impoluta pese a incidentes como ¨¦ste.

La casualidad ha querido que el veh¨ªculo pesado con que el juzgador De La Hoz Aunque En Ning¨²n Caso Del Martillo ha arrollado mi inocencia de ciudadano cr¨¦dulo coincidiera en el tiempo con otras decisiones judiciales respecto al uso y abuso de la libertad de expresi¨®n. Todav¨ªa no se apagan los ecos de la pol¨¦mica sobre el secuestro preventivo de la revista El Jueves, que ha logrado lanzar dicho semanario a universal fama, de modo que millones de internautas acceden a diario a la contemplaci¨®n de la caricatura de nuestros pr¨ªncipes, ridiculizados en el acto de procrear. Me dicen que el genio del marketing responsable inicialmente de tan exitosa campa?a es un funcionario de la Casa Real cuyo exceso de celo no basta para suplir su ausencia de criterio. Solicit¨® el susodicho a la fiscal¨ªa que se pusiera en marcha, y las reacciones subsiguientes respondieron luego m¨¢s al deseo de cada cual (fiscales, jueces y polic¨ªas secuestradores) de salvar el pellejo de sus propias responsabilidades antes que al de proteger lo que ellos mismos han contribuido a perjudicar: la imagen de la Corona. No s¨¦ si ¨¦sta puede verse erosionada por ese tipo de chistes y dibujitos soeces pero s¨ª, desde luego, por los sucesos posteriores a su difusi¨®n. Con ellos se ha dado la impresi¨®n abusiva de que la inviolabilidad que la Constituci¨®n reconoce al Rey no es s¨®lo jur¨ªdica ni le ata?e ¨²nicamente a ¨¦l, sino que se extiende a toda su familia y debe abarcar tambi¨¦n los ¨¢mbitos pol¨ªtico y de opini¨®n p¨²blica. Lo que ha servido para poner de relieve la doble vara de medir y la moral ambigua que impera en el sistema judicial a la hora de adoptar medidas contra los abusos cometidos en nombre de la libertad de expresi¨®n. Un art¨ªculo del se?or Anasagasti, que todav¨ªa tiene pendiente el demostrar que trabaja ¨¦l como legislador m¨¢s horas de las que el monarca dedica a sus deberes, vino a complicar la cuesti¨®n: es obvio que el fiscal general y los jueces de la Audiencia se atreven con un caricaturista de a pie, pero no con un senador del reino. Con lo que podemos preguntarnos si en este pa¨ªs todos los ciudadanos son iguales ante la ley, pero algunos acaban siendo m¨¢s iguales que otros.

Estas cuestiones giran a la postre en torno a un mismo argumento: los l¨ªmites posibles al ejercicio de la libre expresi¨®n en una democracia. Nuestra Constituci¨®n dice de manera tajante que se proh¨ªbe toda forma de censura previa, aunque tres l¨ªneas m¨¢s abajo se?ala que el secuestro preventivo de publicaciones debe ha

-cerse mediante mandato judicial. No conozco modalidad de censura previa m¨¢s tajante y absoluta que un secuestro preventivo, por lo que los padres de la patria deber¨ªan reflexionar sobre este punto. Por otra parte, secuestrar una publicaci¨®n o prohibir la exhibici¨®n de algo, en la era de la sociedad de la informaci¨®n, es m¨¢s bien contribuir a su conocimiento masivo a trav¨¦s de las redes inform¨¢ticas, de modo que secretarios de pr¨ªncipes y fiscales de turno tendr¨ªan que pensarse dos veces las consecuencias de estos actos antes de incoarlos. Eso no quiere decir que la libertad de prensa, como cualquier otra, no deba estar sometida a reglas. M¨¢s de cuatro d¨¦cadas de desempe?o del periodismo, y cientos de procedimientos judiciales incoados contra m¨ª en raz¨®n de dicha circunstancia, me permiten no tener ninguna mala conciencia por reconocer que ni siquiera el derecho a la libre expresi¨®n, con ser columna esencial del r¨¦gimen democr¨¢tico, puede ser ilimitado. Ning¨²n derecho lo es y, en realidad, toda ley constituye antes que nada un freno a la libertad de cada uno, en defensa del disfrute de la libertad ajena. No es contra la limitaci¨®n legal y democr¨¢tica de ese derecho contra lo que es preciso protestar, sino contra la arbitrariedad y falta de simetr¨ªa en la aplicaci¨®n de las leyes, demasiadas veces utilizadas para proteger a los poderosos en perjuicio de los d¨¦biles.

La cuesti¨®n nos deber¨ªa preocupar tanto m¨¢s cuanto que desde hace a?os determinados medios, vinculados por lo com¨²n a la derecha pol¨ªtica y al integrismo religioso, vienen atizando verbalmente la hoguera de la tensi¨®n, propiciando un ambiente irrespirable en nuestra vida pol¨ªtica. Algunos portavoces parlamentarios han hecho suyo este estilo, jaleado desde determinados micr¨®fonos y santificado desde muy elevados p¨²lpitos. El resultado ha sido un empobrecimiento del di¨¢logo intelectual, un enconamiento visible entre facciones o sectores de opini¨®n no coincidentes, y una lamentable fractura de la convivencia ciudadana. La crispaci¨®n que se ha adue?ado de algunas tribunas, s¨®lo ahora mitigada por las vacaciones veraniegas, sirvi¨® de base para establecer la teor¨ªa de que nos hallamos ante una guerra de medios de comunicaci¨®n, cuando en realidad lo que tenemos ante nuestros ojos es una lucha descarnada por el poder, dispuesta como parece la actual direcci¨®n del partido de la derecha a recuperarlo a cualquier precio. Pero no es verdad que todos los medios, todas las empresas, todos los periodistas, todos los comentaristas y todos los pol¨ªticos utilicen las mismas armas. La suposici¨®n de una equidistancia entre m¨¦todos de uno y otro lado del espectro pol¨ªtico o de opini¨®n es absolutamente gratuita.

Lo es para m¨ª, desde luego, pero no para el se?or juez De La Hoz Y De Ning¨²n Modo Del Martillo, lo que le viene estupendamente bien a los efectos de su comentada decisi¨®n. Ante la necesidad de explicar por qu¨¦ considera adecuado que se empleen insultos y mentiras en la pol¨¦mica period¨ªstica, el magistrado ha redactado un largo alegato en el que llama en su auxilio nada menos que a John Stuart Mill para argumentar su fallo. Estoy seguro de que no ha querido hacer una lectura sesgada ni incompleta del fundador del liberalismo pol¨ªtico, pero el resultado objetivo no puede parecerme m¨¢s sectario, am¨¦n de un poco cursi. Por si su ajetreada agenda le ha impedido un repaso sosegado de las obras de tan significado maestro, me parece oportuno traerle a colaci¨®n algunos p¨¢rrafos de su memorable ensayo sobre La Libertad: "El inter¨¦s de la verdad y la justicia reclaman con urgencia el prohibir un lenguaje insultante; y si fuese posible escoger ser¨ªa mucho m¨¢s ¨²til reprobar los ataques ofensivos contra las creencias libres que contra la religi¨®n del Estado", dice el autor, que antes hab¨ªa se?alado que "el renacimiento de la religi¨®n que tanto se ensalza es siempre (al menos en los esp¨ªritus estrechos e incultos) el renacimiento del fanatismo", para concluir que "en cuanto a lo que se entiende com¨²nmente por discusi¨®n sin l¨ªmite alguno, a saber, las invectivas, los sarcasmos, los ataques personales, etc¨¦tera, la denuncia de estos procedimientos ser¨ªa mejor acogida si se sugiriese prohibirlos para siempre y por igual para ambas partes".

En su d¨ªa decid¨ª -lo mismo que hizo Jes¨²s Polanco- querellarme contra un petimetre savonarola local que, desde la radio, incendia cada ma?ana con su intolerancia la convivencia espa?ola. No s¨®lo pretend¨ªa yo reparar mi honor y el de mis colaboradores, sino comprobar tambi¨¦n en qu¨¦ medida la aplicaci¨®n de las leyes podr¨ªa resolver lo que el fanatismo y la ausencia de sentido com¨²n vienen provocando desde hace a?os en el debate p¨²blico. Naturalmente estoy de acuerdo con quienes reclaman que las faltas o delitos de opini¨®n se diriman por el c¨®digo civil, y no el penal, pero no somos los periodistas quienes hacemos la ley ni quienes la administramos, y eleg¨ª la v¨ªa m¨¢s ejemplarizante desde el punto de vista social. Pensaba y pienso, con Stuart Mill, que en una democracia los fan¨¢ticos tienen sus derechos, pero los actos que se derivan de su actitud no merecen igual trato que los que emanan de la prudencia. Me parece una falacia absoluta contraponer las injurias que desde algunos benditos micr¨®fonos se profieren, con los comentarios libremente expresados por otros creadores de opini¨®n, como si nos hall¨¢ramos ante el empleo indiscriminado de parecidos arrebatos en la confrontaci¨®n intelectual. Esta pretendida equidistancia o eclecticismo en el que el juez De La Hoz Sin Martillo se instala (en una actitud que ha tentado tambi¨¦n a sectores progresistas, e incluso al Gobierno, quiz¨¢ como una forma de pagar protecci¨®n), evidencia un cinismo preocupante. El mismo que late en el abuso de lanzar al fiscal contra un caricaturista, m¨¢s o menos maleducado pero tambi¨¦n muy vulnerable, mientras se protegen judicialmente los desatinos de quienes ejercen la barbarie verbal en nombre de su peculiar y ultramontana idea de Espa?a. Pero quiz¨¢ estoy equivocado, y gracias a la resoluci¨®n del se?or juez De La Hoz Aislada Del Martillo -salvo que sea el de machucar herejes- saldr¨¦ de mi error. Aprender¨¦ entonces que llamar bellaco a una persona, tratar de destruir su nombre o su reputaci¨®n, perjudicar sus empresas y amedrentar su entorno, corresponde al universo de la deliberaci¨®n pol¨ªtica y no al de los comportamientos antisociales. Si al se?or juez no le da verg¨¹enza esto, a m¨ª tampoco. En adelante, de acuerdo con la permisividad sancionada por el uso, podremos dedicarnos todos a utilizar t¨¦rminos duros contra los discrepantes y organizar un pimpampum como es debido. Eso s¨ª, no crea nadie que su culo ha de infundir necesariamente m¨¢s respeto que el de los pr¨ªncipes, expuesto ya al sarcasmo p¨²blico.

Juan Luis Cebri¨¢n, de la Real Academia Espa?ola. El texto del auto judicial puede leerse ¨ªntegro en elpais.com