Un recurso del PP frena la renovaci¨®n del Constitucional y puede atrasar el fallo sobre el Estatuto catal¨¢n

Al Tribunal Constitucional no le va a faltar tarea para septiembre. Seg¨²n estiman fuentes judiciales y parlamentarias, tendr¨¢ que resolver prioritariamente el ¨²ltimo recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP y que cuestiona el mandato de la presidenta de esta instituci¨®n, Mar¨ªa Emilia Casas, y la futura elecci¨®n de los cuatro magistrados propuestos por el Senado, que deben ser renovados en diciembre. Una renovaci¨®n que se presenta casi tan compleja como la del Consejo General del Poder Judicial y que incluso puede acabar perjudicando la estrategia del PP para que se resuelva cuanto antes la sentencia sobre la legalidad del Estatuto de Catalu?a.

Al impugnarse una ley que afecta a la composici¨®n del tribunal, el recurso debe tener prioridad sobre otros asuntos

De los cuatro jueces que deber¨ªan dejar el Constitucional en diciembre, tres pertenecen al sector conservador

Es previsible que el PP, por coherencia con su queja, bloquee la renovaci¨®n por el Senado de cuatro magistrados

Expertos constitucionalistas bien conocedores de este tribunal explican que, t¨¦cnicamente, la resoluci¨®n del ¨²ltimo recurso del PP no tiene porqu¨¦ suponer, en principio, un retraso de los dem¨¢s asuntos que tiene sobre la mesa. Si bien, en la pr¨¢ctica, cada nueva prioridad desplaza un poco m¨¢s los otros asuntos. Los magistrados lo saben bien y lo comprueban peri¨®dicamente. Por ejemplo, cuando hay elecciones y tienen que examinar las listas de candidatos afectadas por la Ley de Partidos Pol¨ªticos.

Dado que el recurso se present¨® en los ¨²ltimos d¨ªas de julio, al filo del comienzo de las vacaciones, los magistrados no han tenido tiempo de resolver si dar¨¢n prioridad al recurso que afecta a la propia composici¨®n del tribunal o al del Estatuto.La decisi¨®n posiblemente se adoptar¨¢ en la tercera semana de septiembre, cuando los magistrados tienen se?alada su primera semana jurisdiccional tras las vacaciones.

Lo primero a resolver

Antes del descanso veraniego, el Constitucional deliberaba las impugnaciones contra el Estatuto de Valencia, en cuanto afecta principalmente al derecho a los recursos h¨ªdricos. Por ahora, nadie quiere hablar de retrasos a causa del ¨²ltimo recurso del PP. No obstante, fuentes de las dos sensibilidades de magistrados presentes en el Constitucional coinciden en que, al impugnarse la propia composici¨®n del tribunal, "por l¨®gica" esto ser¨ªa "lo primero que habr¨ªa que resolver", o al menos deber¨ªa tramitarse "con una cierta prioridad", destacan.

El recurso del PP cuestiona dos aspectos novedosos del art¨ªculo 16: la enmienda Casas, introducida para blindar a la presidenta, Mar¨ªa Emilia Casas, de un previsible intento de sustituirla al frente del Tribunal, y la elecci¨®n

por las comunidades aut¨®nomas de los candidatos entre los que el Senado debe escoger a los cuatro magistrados constitucionales que le corresponde. La renovaci¨®n de los cuatro magistrados tendr¨ªa que estar ultimada el pr¨®ximo 19 de diciembre, pero fuentes del Tribunal y de los grupos parlamentarios dudan de que pueda llevarse a cabo, sobre todo por falta de voluntad pol¨ªtica para ponerla en pr¨¢ctica.

En primer lugar, porque dicha elecci¨®n ha de hacerse, seg¨²n la reforma de la ley, "en los t¨¦rminos que determine el Reglamento de la C¨¢mara". Es decir, lo primero que hay que hacer es reformar el Reglamento del Senado para establecer la forma en que se deben seleccionar a los magistrados constitucionales.

Fuentes del Grupo Socialista aseguran que ya se est¨¢ trabajando en la reforma del Reglamento del Senado y que dar¨ªa tiempo a tenerlo aprobado antes de toque la renovaci¨®n. Sin embargo, falta por determinar c¨®mo se van a seleccionar a los candidatos de las comunidades aut¨®nomas. Y lo m¨¢s importante, que haya acuerdo entre los dos grupos mayoritarios, puesto que el nombramiento de los magistrados requiere la mayor¨ªa de tres quintos de la C¨¢mara. Un acuerdo dif¨ªcil, dado que si PP ha impugnado el sistema de candidaturas presentadas por las comunidades aut¨®nomas, lo l¨®gico ser¨¢ que prefiera esperar el pronunciamiento del Constitucional.

Previsible bloqueo

En diciembre terminan su mandato la presidenta del Constitucional, Mar¨ªa Emilia Casas, de talante progresista, y tres jueces del sector conservador: el vicepresidente, Guillermo Jim¨¦nez, y los magistrados Vicente Conde y Jorge Rodr¨ªguez-Zapata, Este ¨²ltimo accedi¨® al Tribunal en 2002 por acuerdo entre el PP y el PSOE en sustituci¨®n por enfermedad del catedr¨¢tico Fernando Garrido Falla, pero durante toda su trayectoria ha estado alineado con las tesis del PP.

Las fuentes consultadas coinciden en que al PP no le interesa la renovaci¨®n, dado que tres de los cuatro magistrados que tienen que dejar el Tribunal son de talante conservador y, tras la renovaci¨®n, no ser¨ªa posible mantener esa proporci¨®n.

Por esa raz¨®n, y por coherencia con el recurso interpuesto, la postura m¨¢s previsible es que el PP bloquee la elecci¨®n en el Senado, lo mismo que ha hecho con la renovaci¨®n del Poder Judicial. As¨ª, puede mantener durante meses a los seis magistrados que ahora est¨¢n deliberando las impugnaciones de los estatutos de autonom¨ªa de Valencia y Catalu?a. Tras conseguir la recusaci¨®n del magistrado progresista Pablo P¨¦rez Tremps, el sector conservador del Constitucional, af¨ªn al PP, disfruta de una mayor¨ªa de 6 a 5 para resolver el recurso del PP contra el Estatuto catal¨¢n. Esa ventaja se perder¨ªa con la renovaci¨®n de los magistrados del Senado si antes no hay sentencia sobre el Estatuto. Si la renovaci¨®n de este tribunal no se verifica para diciembre, la agenda pol¨ªtica vendr¨¢ determinada por las elecciones de marzo y el mandato de la presidenta y los otros tres magistrados tendr¨ªa que prorrogarse al menos hasta mayo o junio del a?o pr¨®ximo.

El otro motivo de inconstitucionalidad apreciado por el PP es la denominada enmienda Casas, pactada a ¨²ltima hora, para prorrogar el mandato de la presidenta, que acababa en junio, hasta su renovaci¨®n en diciembre. La pr¨®rroga del mandato era en realidad una antigua pr¨¢ctica del tribunal, aplicada con anterioridad a dos presidentes. Pero en el caso de Casas, la pr¨®rroga ten¨ªa otro car¨¢cter: blindarla frente a un posible intento de derribo.

Aunque en su momento fuentes del sector conservador valoraron tal posibilidad como "una novela", el pasado 4 de julio, dos magistrados conservadores, Roberto Garc¨ªa-Calvo, y Jorge Rodr¨ªguez-Zapata, propusieron un debate de pleno sobre si Casa deber¨ªa continuar como presidenta en su cargo. La ofensiva fracas¨® de plano, por 10 votos a 2, pero qued¨® patente que hay peligro.

Por otra parte, el Grupo socialista ha pedido al presidente del Congreso, Manuel Mar¨ªn, que convoque en septiembre a la Comisi¨®n del Reglamento para hacer un ¨²ltimo esfuerzo tendente a modificarlo, despu¨¦s de 12 a?os de intentos fallidos.