?Podr¨ªan ocurrir las aver¨ªas de Barcelona en Madrid?

Una ley no garantiza el funcionamiento de los servicios p¨²blicos a toda costa. Pero ayuda. Y eso es lo que se propone el Gobierno regional que preside Esperanza Aguirre para evitar un apag¨®n como el sufrido en Barcelona el pasado 26 de julio. De todas formas, la situaci¨®n que ha vivido la Ciudad Condal, donde una buena parte de la ciudad (unos 350.000 abonados) se qued¨® sin luz, es dif¨ªcil que ocurra en la regi¨®n.

No es una cuesti¨®n de compa?¨ªas distribuidoras, sino de las conexiones con las v¨ªas de alta tensi¨®n que en Madrid son m¨¢s numerosas. Adem¨¢s, en la red el¨¦ctrica de la regi¨®n se han hecho mayores inversiones y las estaciones tienen m¨¢s conexiones entre ellas. Eso permite que, en caso de que falle el suministro en un punto, haya m¨¢s v¨ªas y, por tanto, posibilidades de recuperarlo. Barcelona est¨¢ m¨¢s aislada y lleva a?os esperando mejorar sus instalaciones.

En realidad, el reglamento aprobado ahora por el Gobierno de Aguirre aprovecha la sensibilidad ciudadana provocada por el apag¨®n de Barcelona para arrimar el ascua a su sardina. Porque la Ley de Garant¨ªa del Suministro, que est¨¢ vigente desde el pasado 17 de abril, ya aseguraba que las compa?¨ªas cumplieran con sus obligaciones y las somet¨ªa a fuertes sanciones en caso contrario. De hecho, Aguirre ide¨® la normativa tras los apagones que sufri¨® Madrid en el verano de 2006.

El texto legal ya desarrollaba la normativa estatal en vigor desde la liberalizaci¨®n del sector el¨¦ctrico, en 1997. La ley nacional establece que las compa?¨ªas distribuidoras son responsables del correcto suministro de la energ¨ªa, que deben llevar a cabo dentro de unos estrictos m¨¢rgenes de calidad.

La diferencia que establece el futuro reglamento aprobado ayer tiene que ver con el plazo m¨¢ximo para restaurar el servicio en el caso de fallo de la red. Mientras la ley fija el tope en cuatro horas para el 70% de los clientes, y de ocho para el 100%, el reglamento los reduce a tres y a seis horas.

Tambi¨¦n hay diferencia en cuanto a las multas. Con la ley en la mano, el tope m¨¢ximo de las sanciones es de tres millones de euros. Ahora el proyecto de ley de Aguirre lo eleva a 30 millones de euros.