El hacha urban¨ªstica llega a Estepona
El municipio estudia 1.500 irregularidades urban¨ªsticas acumuladas en cuatro a?os y afronta un pol¨¦mico ajuste salarial
Al alcalde de Estepona (M¨¢laga), Antonio Barrientos (PSOE) se le acumula el trabajo en su segundo mandato. En su nueva etapa se ha descubierto que la ciudad tiene 1.500 expedientes por irregularidades urban¨ªsticas acumulados durante cuatro a?os y se enfrenta a un conflicto con polic¨ªas locales y bomberos por haber decidido retirarles los pluses que les concedieron los gobiernos del GIL. Lo ¨²ltimo ha sido descubrir que el principal aparcamiento de la ciudad, con capacidad para 800 plazas, lleva dos a?os abierto sin permiso de apertura ni licencia de primera ocupaci¨®n. Por el momento, el alcalde no se ha pronunciado sobre ninguno de estos aspectos. Termina sus vacaciones el lunes y ha dejado su m¨®vil a un hombre de confianza.
Los expedientes tienen que ver con peque?as obras sin licencia m¨¢s que con urbanizaciones
Las novedades de la ¨²ltima semana ponen de relieve que esta poblaci¨®n de 58.000 habitantes censados, y vecina de Marbella, no ha escapado a las irregularidades urban¨ªsticas, ni los manejos de los miembros del Grupo Independiente Liberal (GIL), solo que en su caso, el desorden se est¨¢ descubriendo de forma m¨¢s pausada. Entre 1995 y 1999 tuvo como alcalde a Jes¨²s Gil Mar¨ªn, etapa de la que est¨¢n pendientes de aclaraci¨®n en el Tribunal de Cuentas varias operaciones urban¨ªsticas que supusieron una importante p¨¦rdida patrimonial para la ciudad.
El concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, niega que la relevancia de las infracciones urban¨ªsticas detectadas sea comparable con las de Marbella, situaci¨®n que conoce porque fue vocal de Urbanismo del PSOE en la Comisi¨®n Gestora "En Marbella se han hecho urbanizaciones ilegales y edificios en zonas verdes, aqu¨ª la ilegalidad se sit¨²a en peque?as obras levantadas al margen de toda licencia, sobre todo en el centro de Estepona, y la obra en el campo, lo que llaman campitos", explica.
No todos los expedientes son directamente sancionadores, sino que tambi¨¦n los hay de ejecuci¨®n de obras o de ruinas. Tambi¨¦n entran movimientos de tierra no autorizados, instalaciones incorrectas de publicidad u obras menores sin permiso.
Los expedientes tienen fechas comprendidas entre 2003 y 2007, periodo en el que el municipio fue gobernado seis meses por Rosa D¨ªaz (PP) y el resto por Antonio Barrientos, que le arrebat¨® la alcald¨ªa tras suscribir un pacto de Gobierno con el Partido de Estepona (PES), formado por ex ediles del GIL, e IU. Tras la r¨²brica, Barrientos asumi¨® Urbanismo, aunque tuvo como gerentes a un miembro de IU y otro del PES.
En este tiempo no ha habido casos significativos de sanci¨®n -si acaso algunos contra grandes empresas- porque los expedientes se abr¨ªan, pero nunca llegaban a concluirse. Ahora es necesario reiniciarlos para que no prescriban, algo que ocurre cuando pasan cuatro a?os desde su apertura. Duarte se ha comprometido a revisar los expedientes -en los dos meses de gobierno ya han instruido 140- y ha anunciado que se acab¨® la permisividad y que habr¨¢ sanciones. Tiene asignados dos polic¨ªas locales para reactivar la disciplina urban¨ªstica que ya han paralizado 29 obras ilegales.
Aunque el desarrollo urban¨ªstico se inici¨® en Estepona m¨¢s tarde que en otras ciudades de la Costa del Sol, su crecimiento en los ¨²ltimos a?os ha sido imparable. El Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) en tramitaci¨®n contempla m¨¢s de 80.000 nuevas viviendas, de forma que en una d¨¦cada podr¨ªa superar los 316.000 residentes.
La decisi¨®n del concejal de Personal, Francisco Zambrano, de retirar los pluses aprobados por el gobierno municipal de GIL entre 1995 y 1995, tambi¨¦n se presume problem¨¢tica. El edil ha echado mano de una sentencia que dict¨® el Tribunal Superior de Andaluc¨ªa (TSJA) en 2004, y que no se ha conocido hasta ahora, para justificar la retirada de la retirada de 250 euros mensuales de los salarios de 149 polic¨ªas locales y 32 bomberos. Los sindicatos han amenazado con iniciar una serie de protestas, como negarse a patrullar con los veh¨ªculos que no cumplan los requisitos exigidos.
En el ¨¢rea de Comercio, Cristina Rodr¨ªguez, ha ordenado el cierre de dos aparcamientos de la ciudad, con lo que se han restado unas 1.300 plazas de aparcamiento, porque no cumpl¨ªan los permisos pertinentes. El primero, llamado el Zapatillo, llevaba m¨¢s de dos a?os abierto sin cumplir requisitos de acceso o dimensiones de las plazas de aparcamiento. El otro, de nombre La Vi?a, se inaugur¨® hace un mes con la licencia de apertura en tr¨¢mite.
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