Bush recurre al secreto de Estado

La Administraci¨®n de Bush planea hacer uso una vez m¨¢s de una de sus herramientas legales favoritas: el privilegio del secreto de Estado. Con ese intrumento, el Gobierno estadounidense trata de eliminar una demanda impuesta contra el consorcio financiero Swift, una empresa belga que maneja transferencias bancarias multimillonarias alrededor del mundo y que entreg¨® secretamente miles de datos financieros privados al Gobierno de Estados Unidos como parte de la guerra contra el terrorismo.

La demanda contra Swift podr¨ªa trastocar las operaciones de un programa de seguridad que Washington considera como de vital importancia y podr¨ªa obligar a la revelaci¨®n de informaci¨®n "fuertemente clasificada" si la justicia permite que la demanda proceda, afirma el Departamento de Justicia estadounidense en archivos legales recientes que dan cuenta del creciente inter¨¦s en que la demanda sea eliminada. Una corte federal de Alejandr¨ªa, en el Estado de Virginia, ten¨ªa previsto ayer celebrar una audiencia sobre el caso.

Reguladores europeos y abogados califican el programa como "posiblemente ilegal"

El privilegio del secreto de Estado, que permite al Gobierno bloquear procesos judiciales cuando sean relativos a la seguridad nacional, era una herramienta poco utilizada por otras administraciones, pero el presidente George W. Bush ha echado mano de ¨¦l docenas de veces para poner fin a controversias p¨²blicas relacionadas con la guerra contra el terrorismo, que van desde supuestas filtraciones de informaci¨®n en el FBI hasta el rapto de un alem¨¢n sospechoso de terrorismo. La Administraci¨®n ha intentado usar dicho privilegio 39 veces en los ¨²ltimos seis a?os, comparado con las 59 veces a las que se ha intentado recurrir 24 a?os previos al inicio del Gobierno de Bush, asegura un informe de la organizaci¨®n OpentheGovernment.org.

"Parece claro que en los ¨²ltimos a?os, los jueces pocas veces cuestionan el uso del secreto de Estado. Ha sido una bomba de neutrones que no permite que las demandas prosperen", afirma Tom Blanton, director del Archivo Nacional de Seguridad de la Universidad George Washington. En uno de los casos m¨¢s significativos sobre el uso del secreto de Estado, el Gobierno estadounidense intent¨® recurrir a ¨¦l para acallar numerosas demandas sobre el programa de espionaje telef¨®nico que emprendi¨® la Agencia Nacional de Seguridad, como parte del combate al terrorismo, pero un juez de California se neg¨® a aceptarlo. El asunto est¨¢ ahora pendiente de una apelaci¨®n en el tribunal, donde en audiencias sostenidas hace 15 d¨ªas, los jueces se mostraron esc¨¦pticos a aceptar el secreto de Estado.

El uso de dicho privilegio requiere las certificaciones del director de Espionaje Nacional y del fiscal general sobre el da?o potencial del asunto para la seguridad nacional. Si la Administraci¨®n de Bush logra imponer la petici¨®n de marcar como secreto de estado la demanda contra Swift, el caso podr¨ªa convertirse en uno de los m¨¢s significativos.

La empresa belga est¨¢ considerada como centro neur¨¢lgico de la industria bancaria global, pues mueve miles de millones de d¨®lares entre bancos, agentes burs¨¢tiles y otras instituciones financieras en todo el mundo. La alianza de Swift con el Gobierno de EE UU, revelada por los medios en junio de 2006, permiti¨® a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, en sus siglas en ingl¨¦s) acceder a los archivos de millones de transacciones bancarias internacionales con la intenci¨®n de seguir grandes cantidades de dinero que, seg¨²n las agencias de seguridad, podr¨ªa estar destinado a financiar al terrorismo. En respuesta a una serie de citaciones judiciales emitidas por el Departamento del Tesoro estadounidense despu¨¦s de los ataques del 11 de septiembre de 2001, Swift se vio obligada a mostrar gran parte de sus bases de datos.

Miembros de la Administraci¨®n de Bush han defendido el programa de espionaje bancario como una importante herramienta en la guerra contra el terrorismo, pero reguladores europeos y abogados califican al programa como "incorrecto" y "posiblemente ilegal".

La presi¨®n forz¨® a Swift y a EE UU a someterse a varias restricciones sobre el uso de los datos suministrados. Por ejemplo, el Gobierno se comprometi¨® a destruir los datos a los que tiene acceso pasados cinco a?os, mientras la Comisi¨®n Federal de Comercio debe vigilar que dicha informaci¨®n se utilice ¨²nicamente para investigaciones antiterroristas concretas.

Dos bancos estadounidenses, clientes de Swift, acusaron a la compa?¨ªa de invasi¨®n en la privacidad. Numerosos analistas jur¨ªdicos y financieros esperaban que la demanda fuera desechada debido a que las leyes sobre privacidad de la informaci¨®n bancaria son mucho m¨¢s laxas en comparaci¨®n con las europeas, pero para la sorpresa de muchos un juez se rehus¨® a desecharlas el pasado junio.