La Comunidad dificulta a¨²n m¨¢s el trabajo de los agentes forestales

La burocracia complica a¨²n m¨¢s el trabajo de los agentes forestales. La Ley de Medidas Urgentes de Modernizaci¨®n del Gobierno -la primera norma aprobada por el Gobierno de Esperanza Aguirre en su segundo mandato- impuso el pasado julio a los 250 agentes de la regi¨®n la obligaci¨®n de tener autorizaci¨®n judicial para entrar en los montes o terrenos forestales de titularidad privada. Ahora la Consejer¨ªa de Medio Ambiente les niega tambi¨¦n la posibilidad de que acudan directamente al juzgado de guardia para pedir esa autorizaci¨®n, necesaria para hacer sus labores.

La Constituci¨®n no protege la inviolabilidad de la propiedad privada", dice Nolla

Una juez se declara incompetente para autorizar la entrada a una finca forestal

Una orden interna del pasado 23 de agosto, firmada por el jefe del Cuerpo de Agentes Forestales, Jos¨¦ Luis Monle¨®n, informa de que la tramitaci¨®n de la autorizaci¨®n judicial se "realiza a trav¨¦s de la Secretar¨ªa General T¨¦cnica". La solicitud, agrega el documento, "se canaliza a trav¨¦s de la Jefatura del Cuerpo, que la remite v¨ªa Direcci¨®n General del Medio Natural a la Secretaria General T¨¦cnica para su env¨ªo al juzgado correspondiente". Es decir, debe pasar antes por los cargos pol¨ªticos de la consejer¨ªa.

Este sistema contrasta con el utilizado por la Guardia Civil o la Polic¨ªa Nacional, que tramitan la autorizaci¨®n a trav¨¦s de su unidad y no del Ministerio del Interior, del que dependen. "Es el jefe de la unidad competente, sea el de la Polic¨ªa Judicial o de un cuartel de la Guardia Civil, el que con el sello y firma de la unidad pide al juzgado la autorizaci¨®n correspondiente", explic¨® ayer un portavoz del instituto armado.

La Consejer¨ªa de Medio Ambiente replic¨® que el sistema se ha impuesto precisamente para "centralizar y agilizar" las peticiones, seg¨²n un portavoz. "La Secretar¨ªa General T¨¦cnica es la encargada en la Administraci¨®n de las relaciones con los tribunales", puntualiz¨®. "Todas las peticiones que han hecho hasta ahora los forestales se han enviado a los juzgados".

Los agentes consultados consideran que esta tramitaci¨®n supone dar un rodeo burocr¨¢tico que les impide a¨²n m¨¢s hacer sus labores de inspecci¨®n.

Por si fuera poco, un juzgado de instrucci¨®n de Alcobendas ya ha mostrado su falta de competencia para autorizar a los agentes forestales la entrada en los montes y bosques privados. Un auto del pasado 20 de agosto (tres d¨ªas antes de la orden interna de la consejer¨ªa), dictado por la juez Mar¨ªa Ver¨®nica Caravantes, notifica al Cuerpo de Agentes Forestales que no tiene competencias para dar la autorizaci¨®n judicial de entrada a unos terrenos forestales porque ¨¦stos no son un domicilio. Los forestales hab¨ªan solicitado el permiso para poder investigar las causas del incendio de una finca.

La juez argumenta que en la petici¨®n "en modo alguno consta que se pretenda la entrada en lugar cerrado, respecto del que se pudiera resultar afectado el derecho previsto en el art¨ªculo 18 de la Constituci¨®n". Este art¨ªculo protege el derecho al domicilio, que es inviolable: "Ninguna entrada o registro podr¨¢ hacerse en ¨¦l sin consentimiento del titular o resoluci¨®n judicial, salvo en caso de flagrante delito". El auto sostiene as¨ª que no se puede equiparar el domicilio con una propiedad privada. Adem¨¢s, la juez afirma que tampoco existe "procedimiento penal en curso, ni la solicitud pretende justificar su incoaci¨®n de manera que no se solicita, en puridad, la pr¨¢ctica de una diligencia de investigaci¨®n criminal".

La justificaci¨®n que da la juez Caravantes ya la hizo valer en la Asamblea de Madrid el diputado socialista Modesto Nolla cuando defendi¨® que el texto legal no se aprobara. "La Constituci¨®n protege la inviolabilidad del domicilio, no de la propiedad privada. Las fincas a las que acceden los agentes no son domicilios, salvo que consideren que es el de las ¨¢guilas imperiales a las que protegen", asever¨® el pasado 19 de julio.

No fue el ¨²nico que se opuso a esta pol¨¦mica ley, que ha levantado las protestas de organizaciones ecologistas, sindicatos, PSOE e IU. Hasta el Ministerio de Medio Ambiente ha anunciado que la recurrir¨¢ ante el Tribunal Constitucional. Pero quienes m¨¢s se han quejado de la nueva norma han sido los representantes sindicales de los forestales, CC OO, UGT y el Sindicato de Agentes Forestales y T¨¦cnicos Auxiliares Medioambientales (SAFTAM).

No s¨®lo denuncian que con la nueva ley sus labores de prevenci¨®n de delitos ecol¨®gicos se ven mermados por la necesidad de una autorizaci¨®n judicial, sino que en agosto se querellaron contra sus responsables, el director general de Medio Natural, Miguel Allu¨¦, y el jefe del Cuerpo de Agentes Forestales, Monle¨®n. Les acusan de "prevaricaci¨®n y coacciones" por una orden interna emitida en noviembre de 2006, antes de la nueva ley regional, en la que les proh¨ªben remitir a la justicia las denuncias de los delitos que descubran. Seg¨²n dicen, esa orden anula su capacidad inspectora.