Agua sin ley

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha justificado su decisi¨®n de retirar la proyectada Ley de Aguas por falta de tiempo para su tramitaci¨®n. A juzgar por las reacciones suscitadas por el proyecto, es probable que en la decisi¨®n haya contado sobre todo el deseo de evitar una nueva bronca territorial en v¨ªsperas de elecciones. El objetivo esencial de la iniciativa fue establecer criterios de participaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas en la gesti¨®n de las cuencas hidrogr¨¢ficas, a fin de terminar con la deriva de enfrentamiento entre ellas a cuenta de las competencias que se atribu¨ªan en sus respectivas reformas estatutarias.

En los r¨ªos intracomunitarios la competencia es de cada comunidad, lo que no plantea problemas. Pero en relaci¨®n a los que discurren por varias comunidades, la Constituci¨®n atribuye al Estado (art¨ªculo 149-22) competencia exclusiva sobre la legislaci¨®n, ordenaci¨®n y concesi¨®n de recursos de las cuencas correspondientes. Si es una competencia exclusiva, lo l¨®gico ser¨ªa que los Estatutos no dijeran nada al respecto. Pero el reformado de Catalu?a establece l¨ªmites a esa exclusividad en los tramos de los r¨ªos que transcurrieran por su territorio. Otras comunidades han imitado el planteamiento, con propuestas a veces mutuamente excluyentes: derecho a recibir aguas excedentes (Valencia) frente a derecho unilateral a limitar los trasvases (Castilla-La Mancha, Arag¨®n). Y ya ha habido recursos ante el Constitucional, incluso entre comunidades gobernadas por el mismo partido: Extremadura contra Andaluc¨ªa.

El proyecto de la ministra Narbona trataba de hacer compatible el principio de la competencia estatal con la reclamaci¨®n del derecho a voz y voto de algunas autonom¨ªas. A tal fin, el Gobierno se reservaba la mitad m¨¢s uno de los miembros de los Consejos decisorios de cada cuenca, y atribu¨ªa el 45% de la representaci¨®n a las comunidades y el 4% a los ayuntamientos. La partici¨®n de cada comunidad en esos Consejos depender¨ªa a su vez del territorio y la poblaci¨®n afectados. El resultado fue que las comunidades y sectores implicados (regantes, ecologistas, partidos...) redoblaran sus desacuerdos, ahora a cuenta del reparto previsto. En estas condiciones cabe dudar de que, con independencia de qui¨¦n gane las elecciones, el proyecto pueda replantearse en los mismos t¨¦rminos en la siguiente legislatura. Lo cual tendr¨ªa el efecto negativo de eliminar, a cuenta de la batalla competencial, las muy razonables medidas que planteaba en orden a la racionalizaci¨®n del uso del agua (tasas al consumo, bancos de agua en cada cuenca) y de defensa medioambiental, con un reforzado sistema de sanciones.