Administraci¨®n m¨¢s ¨¢gil para un mundo global

En el nuevo mundo global, los mercados se llenan de multitud de productos y servicios de procedencia geogr¨¢fica diversa, producidos bajo una amplia pluralidad de requisitos y normativas, que a menudo generan en los ciudadanos -principalmente de los pa¨ªses con econom¨ªas m¨¢s desarrolladas- incertidumbres y dudas sobre su calidad y seguridad. Existe, pues, una presi¨®n importante del conjunto de la ciudadan¨ªa para que alguien establezca los pertinentes controles y regulaciones que garanticen determinados derechos p¨²blicos como, por ejemplo, la seguridad alimentaria, la calidad ambiental, los requisitos m¨ªnimos de la prestaci¨®n de servicios... En la Europa continental, este alguien, este sujeto regulador, ha sido, principalmente, la Administraci¨®n p¨²blica, que ha tenido el mandato impl¨ªcito, por parte de la ciudadan¨ªa, de hacerse responsable principal de que las actividades econ¨®micas no generaban productos o servicios perjudiciales o de calidad defectuosa, as¨ª como de garantizar que los procesos productivos o las instalaciones no comporten riesgo alguno para el conjunto de la poblaci¨®n ni para las personas que intervienen en los mismos.

Se trata de una aspiraci¨®n l¨®gica y leg¨ªtima de las personas que, en las sofisticadas sociedades actuales, a menudo se concreta en forma de regulaci¨®n legislativa. Resulta, en cierto modo, parad¨®jico que fuera la legislaci¨®n administrativa francesa moderna -aquella para la que el ilustrado Montesquieu recomendaba "leyes, las menos"- la que adopt¨® este enfoque, que fue trasladado a otras tradiciones administrativas herederas, singularmente la espa?ola -que desgraciadamente se ha trasladado a la Administraci¨®n catalana recuperada. En el Estado espa?ol, hacer normas (leyes y reglamentos) con profusi¨®n se ha convertido en una especie de deporte nacional: en estos momentos est¨¢n vigentes m¨¢s de 22.000 normas estatales (sin contar las auton¨®micas ni las europeas). En Catalu?a producimos de media m¨¢s de un centenar al a?o.

En el caso de las empresas, la presencia de este importante bloque normativo y, principalmente, de los requisitos que impone la Administraci¨®n p¨²blica para acreditar su cumplimiento no es, sin embargo, a coste cero. Se estima que las cargas burocr¨¢ticas que la Administraci¨®n p¨²blica del Estado espa?ol, de todos los niveles, impone a la actividad empresarial suponen un sobrecoste que representa alrededor del 4,3% del PIB -mientras que en otros pa¨ªses, como el Reino Unido, eso se reduce hasta el 1,5% del PIB-, que lastra la eficiencia de las empresas y funciona, principalmente en el caso de las pymes, como una suerte de presi¨®n fiscal a?adida. Seg¨²n el Consejo de C¨¢maras de Comercio de Catalu?a, un empresario en el Estado espa?ol necesita hacer una media de 10 procedimientos para abrir un negocio y tarda unos 47 d¨ªas, mientras que en el conjunto de pa¨ªses de la OCDE, estas cifras se reducen hasta 6,2 procedimientos y 18 d¨ªas.

Si queremos favorecer las mejores condiciones de competitividad de la econom¨ªa catalana -o, lo que es lo mismo, incrementar nuestras posibilidades de creaci¨®n de riqueza y de ocupaci¨®n de calidad-, hemos de acercar el sobrecoste que representan estas garant¨ªas de los derechos p¨²blicos al valor de los pa¨ªses de nuestro entorno. Necesitamos, pues, simplificar y racionalizar el marco normativo para las actividades econ¨®micas y, sobre todo, necesitamos hacer la Administraci¨®n m¨¢s accesible para todos; y eso hemos de hacerlo -insisto- sin renunciar a ninguno de los derechos p¨²blicos obtenidos en esta materia.

La reducci¨®n de las cargas administrativas para las empresas, no s¨®lo para la creaci¨®n de las mismas, sino durante todo su ciclo vital, fue uno de los principios del Pacte d'Entesa que despu¨¦s se materializ¨® en el acuerdo del Gobierno de Catalu?a, adoptado el 13 de febrero de este a?o, para la creaci¨®n de un grupo de trabajo interdepartamental encargado de hacer propuestas de simplificaci¨®n de los tr¨¢mites administrativos y mejora de la normativa que afectan a las empresas en Catalu?a. El grupo se articul¨® a partir de dos comisiones especializadas: una centrada en la vertiente administrativa (liderada por el Departamento de Innovaci¨®n, Universidades y Empresa, DIUE) y la otra centrada en la vertiente legislativa. Finalmente, los trabajos de estas comisiones y del grupo interdepartamental se han concretado en el paquete de 42 medidas acordadas por el Gobierno catal¨¢n el pasado 18 de julio.

El conjunto de medidas aprobado es muy diverso, pero creo que hay tres ejes principales en el esfuerzo simplificador. El primero es la eliminaci¨®n de los tr¨¢mites que no aportan valor; es decir, todas las peticiones de informaci¨®n que ya est¨¢n en poder de las administraciones o la demanda de informaci¨®n estad¨ªstica a las empresas que se puedan obtener por otras v¨ªas o sean irrelevantes. El segundo eje es el de facilitar el acceso de las empresas a la Administraci¨®n; aqu¨ª ejercer¨¢ un papel clave la Oficina de Gesti¨®n Empresarial (OGE), adscrita al DIUE, como frontal privilegiado de servicios de tramitaci¨®n, informaci¨®n y asesoramiento a las empresas, pero tambi¨¦n las medidas para incrementar sustancialmente las tramitaciones disponibles por v¨ªa telem¨¢tica o la ventanilla ¨²nica tributaria, prevista en el Estatuto de Catalu?a de 2006.

El tercer eje es, a mi entender, el que representar¨¢ un cambio m¨¢s fundamental tanto para la cultura de la Administraci¨®n como para la percepci¨®n real que los empresarios tendr¨¢n de la interacci¨®n con la misma. Se trata de la generalizaci¨®n de declaraciones responsables de la empresa, en vez de documentos acreditativos para muchas situaciones. Eso implica que las empresas deber¨¢n hacer -si es el caso- una declaraci¨®n de que cumplen la normativa vigente y la Administraci¨®n podr¨¢ comprobar, en cualquier momento, este cumplimiento; hasta ahora, la empresa deb¨ªa de acreditar ante la Administraci¨®n el cumplimiento antes de obtener la autorizaci¨®n pertinente. Este giro sustancial de las relaciones Administraci¨®n-empresa abaratar¨¢ y acelerar¨¢ los procesos de tramitaci¨®n y no comportar¨¢ p¨¦rdida de garant¨ªas para la ciudadan¨ªa. Esta medida se acompa?ar¨¢ de una nueva ley de prevenci¨®n y control ambiental de las actividades que solventar¨¢ algunas problem¨¢ticas que introdujo la actual ley de intervenci¨®n de la administraci¨®n ambiental, principalmente para las pymes.

En conjunto, el Gobierno catal¨¢n ha iniciado el esfuerzo m¨¢s potente y amplio emprendido hasta ahora en Catalu?a para una mejora radical de la accesibilidad de las empresas a la Administraci¨®n, una condici¨®n necesaria -pero no suficiente, claro- para alcanzar una mejora de la competitividad de nuestra econom¨ªa en relaci¨®n con la de los pa¨ªses de nuestro entorno, dando as¨ª respuesta a las inquietudes manifestadas por los sectores productivos ante las crecientes cargas econ¨®micas que representa no ya cumplir con las normas de calidad y seguridad de los productos y servicios que generen, sino de demostrar ante la Administraci¨®n que cumplen estas normas.

Josep Huguet es consejero de Innovaci¨®n, Universidades y Empresa de la Generalitat.