La hora del Tribunal Constitucional

Leo con preocupaci¨®n que "se puede atrasar el fallo sobre el Estatuto catal¨¢n". Espero que sea una serpiente de verano. Ser¨ªa bueno que el Constitucional dictara pronto sentencia sobre los nuevos estatutos. Bastante equivocaci¨®n fue anteponer la ¨²ltima reforma estatutaria a la constitucional. Al final, hasta el propio Maragall lo ha reconocido. El error podr¨ªa ser letal para la Constituci¨®n y para el Tribunal, si las decisiones se retrasaran. No se deben prolongar las incertidumbres. Lo exige la consideraci¨®n debida a los ciudadanos.

Es cierto que al Tribunal tampoco se le guarda siempre el obligado respeto. Su imagen medi¨¢tica resulta a veces estereotipada y lamentable. Seg¨²n ella, la acci¨®n del Constitucional vendr¨ªa regida por tres principios impl¨ªcitos:

1. Todos los magistrados, o son "progresistas", o son "conservadores".

2. Sus posiciones al sentenciar estar¨ªan determinadas por esa presunta condici¨®n.

3. Al declarar inconstitucional un precepto, legal o estatutario, el Tribunal propinar¨ªa un "varapalo" al partido que lo hizo aprobar.

Si esto fuera as¨ª, poca falta har¨ªa un Tribunal Constitucional. Por fortuna, los tres principios son falsos. Dar a entender que de hecho funcionan redundar¨ªa en flaco favor a la instituci¨®n y en falta de respeto para sus miembros.

La atribuci¨®n de progresismo o conservadurismo a los magistrados es conjetura tentadora pero azarosa. Quienes penetran en tales jardines tienen gran peligro de patinar. Podr¨ªa dar alg¨²n ejemplo divertido. Lo cierto es que se tiende a esta simplificaci¨®n: cualquier magistrado propuesto por el PP es por necesidad "conservador"; en cambio, ser¨¢ "progresista" si fue apadrinado por el PSOE. As¨ª de sencillo. En t¨¦rminos taurinos, habr¨ªa dos hierros decisivos: los de la ganader¨ªa de Ferraz, con brillante trayectoria centenaria, o la genovesa, no tan antigua, pero de no menor relumbr¨®n. Todos reconocen que entrambos vienen ofreciendo las mejores corridas pol¨ªticas en nuestro ruedo ib¨¦rico. Para quienes rechazan la fiesta, la met¨¢fora podr¨ªa convertirse en deportiva y decir que los jugadores saltan al campo a defender los colores del club que los fich¨®. Un poco sorprendente, ?no?

M¨¢s estupefaciente a¨²n resulta el segundo principio: la posici¨®n de cada juzgador depender¨ªa de esa su condici¨®n progresista o conservadora. Funcionar¨ªa as¨ª un elegante sistema binario: si lo dice uno, entonces es s¨ª; si lo afirma el otro, por supuesto que no. Luego bastar¨ªa a?adir una fundamentaci¨®n, m¨¢s o menos incomprensible para la mayor¨ªa. Si esto fuese as¨ª, sobrar¨ªan en el Tribunal sus juristas de reconocido prestigio. Bastar¨ªa una inteligencia natural bien despierta y una buena aguja de marear. No quiero dar ideas. Pero alguna vez, oyendo a tertulianos, periodistas y pol¨ªticos, con sus opiniones agudas, tajantes, inapelables y a bote pronto sobre lo que deber¨ªa decir el Constitucional, me asalt¨® la pregunta: ?no cabr¨ªa aprovechar tanto talento desperdiciado? ?No es maravilla que estas gentes no necesiten siquiera haber le¨ªdo los escritos de las partes?

En realidad, la cosa no debe de ser tan elemental. El sesgo ideol¨®gico de un magistrado no es siempre la dimensi¨®n decisiva. No todo se dilucida en esas coordenadas, ni se agota la riqueza de una personalidad en ellas. Hay muchos otros aspectos relevantes. As¨ª, proceder del ¨¢mbito judicial o del acad¨¦mico podr¨ªa resultar incluso m¨¢s influyente para juzgar ciertos asuntos; por ejemplo, una recusaci¨®n o una inhibici¨®n.

Es m¨¢s, parece lesivo para la dignidad del Tribunal suponer que sus decisiones dependan m¨¢s de qui¨¦nes y c¨®mo sean los magistrados o de qui¨¦nes son los recurrentes, que de la cuesti¨®n objetiva que se les somete. El voto del magistrado se convertir¨ªa as¨ª en un voto pol¨ªtico, en un acto de voluntad y no de juicio. Cabr¨ªa entonces que la misma cuesti¨®n resultase constitucional o inconstitucional, seg¨²n estuviera o no tal o cual magistrado. O que id¨¦ntica materia fuese blanca o negra, seg¨²n que se aplicase a Catalu?a o Andaluc¨ªa. Inquietante, ?no es as¨ª?

Esto ser¨ªa posible si no existiese la Constituci¨®n como norma vinculante. Pero existe. Y esa existencia complica mucho, porque fuerza a interpretar un texto concreto. La tarea de un magistrado constitucional sin Constituci¨®n ser¨ªa la labor m¨¢s feliz, creativa y fant¨¢stica que imaginar cupiera. Todo el monte ser¨ªa or¨¦gano. ?Qu¨¦ privilegio fallar cada cualseg¨²n sus personales ideales de vida! No se alcanzar¨ªa el "ser¨¦is como dioses", pero s¨ª el "ser¨¦is como soberanos". Porque, en el fondo, se trata de soberan¨ªa. Si este concepto conserva hoy en d¨ªa alg¨²n sentido jur¨ªdico fuerte, es como referente atributivo de las decisiones del poder constituyente. La Constituci¨®n fue decisi¨®n soberana de todo el pueblo espa?ol. Interpretar la Constituci¨®n viene a ser algo muy pr¨®ximo a ejercer de soberano. Pero tiene sus l¨ªmites. Se precisa mucha sensibilidad y cautela para ser la voz autorizada de la Constituci¨®n. Si se admitiera que todo cabe en el texto constitucional, querr¨ªa decir que la Constituci¨®n no manda nada.

Eso me lleva al tercer punto, o sea, eso de que el Tribunal "se carga" un "Estatuto" y reparte varapalos. Tampoco resulta apropiada. En puridad, lo que hace el Tribunal, es decir, que si se quisiere establecer una regla, incompatible con la Constituci¨®n, pero que puede ser muy sana y conveniente, ha de intervenir antes ese sujeto soberano que aprob¨® la Constituci¨®n. O sea, el Tribunal preserva la soberan¨ªa de los espa?oles. Porque, dicho sea de paso, ni el Constitucional es soberano, ni lo es ning¨²n Parlamento auton¨®mico, ni lo son tan siquiera las Cortes Generales.

La conjunci¨®n astral de esos tres criticables principios tiende a erosionar y trivializar el trabajo del Constitucional. Este Tribunal, pese a que su prestigio no est¨¦, acaso, hoy en cuarto creciente, ha rendido muy trascendentes servicios a la democracia y a la Constituci¨®n. Su labor ha resultado muy positiva en s¨ª misma, y no digo nada en comparaci¨®n con alg¨²n organismo otro, de cuyo nombre no quiero acordarme.

En el d¨ªa de hoy siguen pendientes varias impugnaciones contra Estatutos de tercera generaci¨®n con problemas peliagudos de constitucionalidad. Adem¨¢s, flota en el aire un nuevo Estatuto vasco tras el naufragio del proyecto Ibarretxe. La raz¨®n de ser del Constitucional cobra toda su trascendencia en esta hora.

Es momento de recordar que el Tribunal no se cre¨® en su esencia para corregir a los Tribunales ordinarios, ni para instruir a la Sala de lo Penal del Supremo sobre c¨®mo prescriben los delitos, ni para intercambiar collejas, si se me permite esta expresi¨®n, con la de lo civil del propio Supremo sobre asuntos menores. Lo esencial es lo de ahora.

Para juzgar Estatutos auton¨®micos hubiera sido deseable un pronunciamiento del Tribunal con car¨¢cter previo, sobre un texto ya definitivo, antes de su aprobaci¨®n parlamentaria y del refer¨¦ndum de ratificaci¨®n por la Comunidad Aut¨®noma. Eso pretend¨ªa el difunto "recurso previo", mal extendido a todas las leyes org¨¢nicas, mal suprimido por el Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez y abusivamente instrumentalizado por los parlamentarios de Alianza Popular o del Partido Popular en la oposici¨®n. Con esa v¨ªa previa hubiera sido m¨¢s dif¨ªcil que una Comunidad Aut¨®noma se sintiese agraviada si el Tribunal eliminaba, por inconstitucional, alg¨²n p¨¢rrafo del proyecto de un Estatuto. Fue una l¨¢stima perder este valioso instrumento en el fragor de la reyerta partidaria.

El caso es que estamos como estamos. El Tribunal empez¨® se?alando en un momento dado, con acierto, que era prematuro estimar una impugnaci¨®n del PP contra el Estatuto de Catalu?a antes de conocer el texto final. Consider¨® que era demasiado pronto para pronunciarse. Pero ahora preocupa que, por la inercia de los hechos consumados y con el rizo de las cuestiones previas, cuando dicte sentencia resulte demasiado tarde. El problema actual es que ya ha transcurrido tiempo sobrado y que del Tribunal no llegan s¨ªntomas de sentencia de fondo, sino se?ales varias dilatorias, que suenan a escaramuzas.

Para justificar el retraso flotan en el ambiente argumentos bastante d¨¦biles, a mi modo de ver. Ni el de la complejidad del asunto (producir¨ªa sonrojo acogerse a esa excusa al cabo de tantos meses), ni el de la impugnaci¨®n por el PP de la nueva reforma de la ley del Tribunal (se deber¨ªa respetar el orden de entrada), ni el l¨ªo procesal de las acumulaciones (asunto instrumental, que deber¨ªa facilitar lo principal), ni la finalizaci¨®n del mandato de la presidenta (que, dicho sea de paso, es hoy la mejor candidata para el puesto que ya ostenta), etc.

En suma, ha llegado la hora de fallar. Todos debemos respeto al Tribunal, pieza insustituible en estos trances, lo que supone apartar los esquemas medi¨¢ticos y otorgar un voto de confianza a su autoridad. Pero los espa?oles tambi¨¦n merecemos un respeto por parte del Tribunal, en forma de unas sentencias prontas, claras, coherentes con la jurisprudencia existente, bien fundadas en la Constituci¨®n y, por supuesto (yo dir¨ªa, incluso, sobre todo), un¨¢nimes o por una mayor¨ªa tan contundente que nadie pueda interpretar como confirmaci¨®n los disolventes principios antedichos. Es la hora del Tribunal Constitucional, sin duda. Si no la aprovecha, el riesgo es que le haya sonado al Tribunal su hora, pero esta vez en el sentido quevediano.

Juan Antonio Ortega D¨ªaz-Ambrona es ex ministro de UCD