Un golpe de Estado blando

La inauguraci¨®n -anteayer- del A?o Judicial presidida por el Rey qued¨® ensombrecida por el anuncio de un descort¨¦s plant¨®n de varios portavoces parlamentarios y de asociaciones de la magistratura. Pero la sangre no lleg¨® al r¨ªo. El casus belli del conflicto era la planificada resistencia del Grupo Popular -en connivencia con la actual mayor¨ªa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)- a renovar la composici¨®n del ¨®rgano de gobierno de la magistratura: los miembros designados por el Parlamento a finales de 2001 (tres de los 20 electos han sido entre tanto bajas no cubiertas) consumieron su mandato quinquenal el 7 de noviembre de 2006 pero contin¨²an en funciones a la espera de una sustituci¨®n que el PP boicotea desde hace diez meses a trav¨¦s de su minor¨ªa de bloqueo en las C¨¢maras.

El CPGJ, introducido en el dise?o constitucional a iniciativa de la izquierda en 1978, ha sido una experiencia bastante desafortunada. Las discordias comenzaron a prop¨®sito de la interpretaci¨®n del art¨ªculo 122.3 de la Constituci¨®n, que fija la composici¨®n del CGPJ y la manera de formarla. Doce vocales deben ser nombrados "entre jueces y magistrados" y otros ocho "entre abogados y juristas" de reconocida competencia votados a partes iguales por las dos C¨¢maras con mayor¨ªa cualificada de tres quintos: los 20 miembros eligen despu¨¦s conjuntamente al presidente del CGPJ y a la vez del Supremo. Aunque el primer ¨®rgano de gobierno de la magistratura confi¨® en 1980 la designaci¨®n de los 12 vocales judiciales a sus compa?eros de carrera, la Ley del Poder Judicial modific¨® en 1985 el procedimiento, atribuyendo a las C¨¢maras el nombramiento conjunto de los 20 miembros. La reforma aprobada en 2001 por unas Cortes con mayor¨ªa absoluta del PP arbitr¨® una v¨ªa intermedia: la carrera judicial propone 36 candidatos para sus 12 vocal¨ªas, si bien los parlamentarios contin¨²an eligiendo a todos los miembros.

Esa f¨®rmula de compromiso re¨²ne los peores defectos de ambos procedimientos. La mayor¨ªa de tres quintos de las C¨¢maras necesaria para la elecci¨®n de los 20 vocales otorga actualmente a socialistas y populares -como grupos hegem¨®nicos- la capacidad de bloquear indefinidamente los nombramientos del CGPJ. As¨ª lo est¨¢ haciendo desde hace diez meses el PP, cumpliendo de esta forma la amenaza lanzada por su portavoz Astarloa a finales de 2004. Y los eventuales acuerdos entre los partidos -cuando se producen- fijan la cuota asignada a cada formaci¨®n como un casillero en blanco, rellenado despu¨¦s libremente por las organizaciones con el ¨²nico criterio de asegurarse la obediencia disciplinada de los candidatos.

Los 12 vocales procedentes de la carrera judicial han secundado la l¨®gica de los partidos por razones pol¨ªtico-corporativas. Aunque el art¨ªculo 127 de la Constituci¨®n proh¨ªba a los magistrados "pertenecer a partidos pol¨ªticos o sindicatos", la autorizaci¨®n en ese mismo precepto de "las asociaciones profesionales" reintroduce a trav¨¦s de la ventana los demonios expulsados antes por la puerta. Las relaciones de patrocinio de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura con el PP y de Jueces para la Democracia con el PSOE proyectan sobre el CGPJ -como si fuese un espejo- las mayor¨ªas y minor¨ªas partidistas de las C¨¢maras.

La febril actividad desplegada por la mayor¨ªa del CGPJ designada en 2001 -con el pintoresco presidente Hernando a la cabeza- contra el Gobierno elegido en 2004 mueve al PP a mantener su cad¨¢ver en pie, con la esperanza de que su victoria electoral en las legislativas le permitiera imponer su hegemon¨ªa en la renovaci¨®n parlamentaria ahora bloqueada. Llevando la moratoria hasta el absurdo, el boicot indefinido a la renovaci¨®n de los ¨®rganos constitucionales (el CGPJ y el Tribunal Constitucional) por la minor¨ªa de bloqueo popular ser¨ªa un golpe de Estado blando. Dada la condici¨®n mortal de la especie humana y la inevitable usura del tiempo, el CGPJ del a?o 2001 hibernado por el PP se ir¨ªa desvaneciendo a causa de las jubilaciones, las incapacitaciones y los fallecimientos sin que fuera posible cubrir sus vacantes: esa eutanasia del Poder Judicial implicar¨ªa tambi¨¦n la muerte dulce del Estado de derecho.