Una abogada de Bilbao se enfrenta a ocho a?os de c¨¢rcel por estafar a 127 inmigrantes

Una abogada de Bilbao se enfrenta en el juicio que comenzar¨¢ el pr¨®ximo lunes en la Audiencia de Vizcaya a ocho a?os de prisi¨®n por una supuesta estafa continuada a 127 inmigrantes a los que prometi¨® regularizar en Navarra. Adem¨¢s de esa condena, la fiscal solicita una multa de 7.500 euros. La acusaci¨®n particular eleva su petici¨®n a 12 a?os de c¨¢rcel y 36.000 euros de multa.

El caso se remonta a 2004, cuando la asociaci¨®n SOS Racismo de Navarra recibi¨® m¨¢s de 40 denuncias de inmigrantes que aseguraban haber sido estafados por la letrada Pilar Jim¨¦nez Gayubo. La abogada promet¨ªa "arreglarles los papeles" para que dejaran de estar en situaci¨®n irregular, pese a que la legislaci¨®n vigente lo imped¨ªa entonces. El proceso de regularizaci¨®n al que acogerse no se abri¨® hasta dos a?os despu¨¦s, en 2006.

La demanda se fue ampliando y ha alcanzado a 127 inmigrantes que resid¨ªan en la comunidad foral. Jim¨¦nez cobr¨® a cada uno de ellos cerca de 600 euros por sus supuestas gestiones. La acusaci¨®n particular reclama adem¨¢s la inhabilitaci¨®n para el ejercicio de su profesi¨®n de abogada durante 15 a?os, el pago de los gastos a los perjudicados -lo que tambi¨¦n solicita el fiscal- y una indemnizaci¨®n de 1.000 euros por persona en concepto de de da?o moral.

Durante dos semanas

El juicio se desarrollar¨¢ durante dos semanas. SOS Racismo asegur¨® que todav¨ªa se desconoce el n¨²mero de afectados, que "posiblemente ser¨¢n muchos m¨¢s". Esta ONG censur¨® que haya personas que "se aprovechan de la mala situaci¨®n y la vulnerabilidad" de los inmigrantes para lucrarse y exigi¨® un cambio radical en la ley de Extranjer¨ªa.

Este caso se une a otro similar ocurrido en Bilbao, esta vez ya durante el proceso de regularizaci¨®n de 2006, cuando fueron supuestamente estafados 60 inmigrantes. En esta causa existen dos acusaciones concretas: contra una asesora que recibi¨® 7.550 euros de nueve inmigrantes, que se enfrenta a una petici¨®n fiscal de cuatro a?os de prisi¨®n, y, por otra parte, contra una abogada y un empresario que presuntamente estafaron a 39 extranjeros, para quienes reclaman seis a?os. Las peticiones han partido de la Fiscal¨ªa del Tribunal Superior y coinciden con las de la acusaci¨®n particular, representada por la asociaci¨®n Harresiak Apurtuz.

Este colectivo, que agrupa a las principales organizaciones de Euskadi de apoyo a inmigrantes, denunci¨® hace a?o y medio este caso. Los 60 inmigrantes pagaron una media de 1.000 euros a empresarios e intermediarios que les aseguraban un contrato de trabajo con el que regularizar¨ªan su situaci¨®n en Espa?a. En cambio, formalizaban contratos para empresas sin medios materiales ni recursos o que se constituyeron poco antes antes del inicio de la regularizaci¨®n.