Por el derecho a saber

Mientras el proyecto de Ley de Memoria Hist¨®rica se debate entre la vida y la muerte en los pasillos del Congreso, historiadores, investigadores y colectivos dedicados a la reconstrucci¨®n de lo ocurrido durante la Guerra Civil y los casi 40 a?os de dictadura franquista claman por trabajar en libertad. La lista de obst¨¢culos para desempolvar del olvido la reciente y traum¨¢tica historia de Espa?a y reivindicar "el derecho a saber" es cada vez m¨¢s extensa. A la dificultad de obtener testimonios directos, creciente por el paso de los a?os y el miedo a la confrontaci¨®n que a¨²n persiste, se une la restricci¨®n de acceso a los archivos y la desaparici¨®n impune de documentos. Tambi¨¦n las trabas legales, con un significativo incremento de demandas judiciales de descendientes de represores ya fallecidos contra trabajos cient¨ªficos o divulgaciones de datos sobre hechos y protagonistas de aquellos sangrientos a?os.

Los intensos coloquios y conferencias con los que se cerr¨® el s¨¢bado en O Grove (Pontevedra) el ciclo de jornadas sobre la libertad de investigar la represi¨®n franquista, organizado por Iniciativa Galega pola Memoria con apoyo del Ayuntamiento y de la Xunta, pusieron al descubierto que son ahora los que tratan de rescatar y reconstruir lo que ocurri¨® en aquella oscura etapa los que padecen amenazas, presiones y represalias.

No es casual que la primera de las cinco conclusiones de esas jornadas, clausuradas por el intelectual gallego Isaac D¨ªaz Pardo, sea precisamente la de reivindicar que "los hechos a los que se llegue a trav¨¦s de la metodolog¨ªa cient¨ªfica de la historiograf¨ªa no puedan ser enjuiciados por los tribunales de justicia". Abri¨® la caja de Pandora, con un intenso debate, la participaci¨®n en uno de los coloquios del juez de Cambados Juan Carlos Carballal. El juez orden¨® hace un a?o el cierre de una p¨¢gina web sobre la historia de un republicano exiliado de O Grove, Ram¨®n Garrido, por considerar que atentaba contra el honor de los descendientes de uno del bando franquista que se citaba como autor de una lista de paseados.

Un auditorio hostil

Consciente de estar ante un auditorio hostil y de figurar en el programa de conferenciantes junto a historiadores y periodistas de Galicia, O Bierzo, Asturias y Catalu?a con causas judiciales por sus trabajos, el juez defendi¨® que, ante la dificultad de comprobar la veracidad de hechos ocurridos hace 70 a?os, son los historiadores los que deben demostrar ante los tribunales que sus m¨¦todos de investigaci¨®n est¨¢n debidamente contrastados.

Vivamente contestado por quienes le acompa?aban en la mesa de debate, Carballal provoc¨® protestas aun m¨¢s ruidosas del p¨²blico al argumentar que, cuando se trata de investigaciones sobre personas ya fallecidas, prevalece el derecho al honor y el de sus descendientes, m¨¢ximo cuando se trata de peque?as poblaciones en las que conviven los hijos y nietos de v¨ªctimas y verdugos. "Siempre se reivindica el derecho al honor de los represores, pero nunca el de las victimas y de las familias de los desaparecidos", le reprocharon varios de sus interlocutores. La historiadora Marta Cap¨ªn, que acaba de ser absuelta frente a una demanda del hijo de un franquista contra su ¨²ltimo trabajo, se declar¨® preocupada por el hecho de que un tribunal juzgue su m¨¦todo de investigaci¨®n, "y no si el hecho objeto de la querella era cierto o no". En Galicia, el pr¨®ximo episodio tendr¨¢ lugar en A Estrada, el pr¨®ximo 2 de octubre, con el juicio contra el historiador Dionisio Pereira. Se sentar¨¢ en el banquillo de los acusados por uno de los nombres que cita como "presuntos asesinos" en su laboriosa investigaci¨®n sobre los a?os de represi¨®n en la peque?a localidad pontevedresa de Cerdedo. Pereira, que declar¨® ya no tener ninguna confianza en la Justicia, puso el acento en las jornadas de O Grove en otra de las grandes trabas a las que se enfrentan, en Galicia, los historiadores: la pr¨¢ctica imposibilidad de lograr "testimonios directos del pasado". "Los informantes que a¨²n viven se niegan a ser entrevistados y grabados por miedo a la confrontaci¨®n vecinal o a que sus hijos o nietos sean amenazados con no poder trabajar en su municipio si cuentan lo que saben", explic¨® Pereira.

Y de ah¨ª, la importancia de los archivos. Los historiadores reclaman que se les reconozca, por ley, el acceso libre a todo tipo de documentaci¨®n sobre lo ocurrido entre 1936 y 1978. Ya desapareci¨® mucha, otra incluso es objeto de compra y venta en subastas o en anticuarios, y persisten las restricciones. Incluso se ampliaron, como relat¨® la joven historiadora Mar¨ªa Victoria Rodr¨ªguez, quien espera poder iniciar la busca de datos e historias sobre el papel de la mujer durante el franquismo en Ponteareas y su comarca. "Va a ser dif¨ªcil frente a tanto expolio y desidia de la memoria", afirma.