Mancha vergonzosa

La siniestralidad laboral espa?ola es uno de esos problemas enquistados que nos distancian vergonzosamente de las sociedades europeas, a pesar de que existe un diagn¨®stico cierto sobre sus causas y un repertorio razonable de soluciones eficaces para acabar con ella. Los agentes sociales y el Gobierno insisten en firmar acuerdos de colaboraci¨®n para acabar con el c¨¢ncer de los accidentes de trabajo; el ¨²ltimo, el protocolo que han suscrito la semana pasada los ministerios del Interior y de Trabajo, la Fiscal¨ªa General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y los sindicatos UGT y CC OO. Pero el hecho es que los accidentes contin¨²an produci¨¦ndose y las muertes siguen manchando la cr¨®nica laboral espa?ola. Hasta el mes de julio se han contabilizado 493 muertes, que si bien significan el 12% menos que en el mismo periodo del a?o anterior, todav¨ªa son demasiadas para una sociedad con las condiciones de desarrollo econ¨®mico, legal y laboral de Espa?a.

Si el Gobierno no act¨²a como si los accidentes laborales fueran una emergencia social, estar¨¢ cometiendo un grave error. Las autoridades est¨¢n obligadas a transmitir a las empresas y a los trabajadores el mensaje terminante de que los incumplimientos en materia de prevenci¨®n de accidentes ser¨¢n castigados de forma ejemplar, para que todos los implicados sepan a qu¨¦ atenerse. Para aplicar la pol¨ªtica del rigor, la Administraci¨®n tiene que invertir dinero en aumentar el n¨²mero de inspectores de trabajo, mejorar su formaci¨®n y reforzar su independencia. Salvo repetidas declaraciones de buenos deseos, no se aprecia en el Gobierno un esfuerzo en esta direcci¨®n. Las empresas que incumplan sus obligaciones -y que no las hagan cumplir a sus trabajadores- o no se responsabilicen de la seguridad en las subcontratas no s¨®lo tienen que ser perseguidas, sino que adem¨¢s deben ser excluidas de la contrataci¨®n p¨²blica y sus nombres difundidos.

Las normas sancionadoras tardan en ser efectivas. Requieren que la maquinaria burocr¨¢tica funcione a pleno rendimiento. Deber¨ªan aplicarse tambi¨¦n est¨ªmulos, incentivos econ¨®micos encaminados a erradicar la siniestralidad. Las empresas que cuidan la seguridad merecen compensaciones, al menos mientras se reduce el coste en vidas, en salud y en horas perdidas. El problema es que todas estas pol¨ªticas, las del palo y las de la zanahoria, no est¨¢n hoy claramente definidas en un plan riguroso que capte la atenci¨®n de la sociedad y ponga la negligencia en su lugar: un delito que no debe quedar impune.