Los ¨®rdenes normativos en el M¨¦xico actual

La variedad y extensi¨®n de las modalidades criminales que en el M¨¦xico actual se est¨¢n realizando es un tema del que se habla poco. Tal vez por falta de identificaci¨®n de los fen¨®menos, tal vez porque ya se consideran cotidianos o porque parecen preferibles frente a las muertes, las desapariciones y las matanzas. A pesar del negacionismo o ninguneo, se acumula la evidencia sobre las extorsiones a que est¨¢n expuestos amplios y diversificados sectores de la sociedad. Reporteros, columnistas e investigadores est¨¢n dando cuenta de las maneras como se imponen pagos a las personas por hacer o no hacer ciertas actividades. A las tradicionales modalidades de los ¡°derechos de piso¡±, se han agregado cobros a quienes reciben pagos de los programas del bienestar o remesas, agua para riego agr¨ªcola o consumo dom¨¦stico, o por el n¨²mero de metros cuadrados de sus propiedades rurales o urbanas.

La falta de identificaci¨®n y estudio de las criminalidades extorsivas tiene mucho que ver con la manera en la que est¨¢n asociadas con la violencia. En los programas e informes gubernamentales tienen centralidad los macabros recuentos de personas muertas y ¡°abatidas¡±, los detenidos y los decomisos. A los da?os sufridos por las personas y los entornos familiares y sociales se les ha asignado un papel secundario, pr¨¢cticamente testimonial o de acompa?amiento. Las personas desaparecidas, las levantadas, los hu¨¦rfanos y las viudas, los da?os psicol¨®gicos y econ¨®micos a las poblaciones, y las p¨¦rdidas de sentidos individuales o colectivos han dejado de tener relevancia program¨¢tica e institucional.

La manera en la que est¨¢ concebida la lucha contra la delincuencia, parte del supuesto de que la violencia ejercida por las organizaciones delincuenciales puede llegar a competir con el monopolio coactivo del Estado, sobre todo si adquieren dominios territoriales. Esta noci¨®n no es equivocada, pero resulta parcial. Ning¨²n Estado puede subsistir si carece de un dominio s¨®lido para imponer las normas jur¨ªdicas generadas por sus ¨®rganos y autoridades. Tienen raz¨®n entonces quienes piensan que no pueden cederse espacios de coactividad a las organizaciones criminales, sencillamente porque estas terminar¨ªan por monopolizar o ¡°cartelizar¡± el uso de la fuerza necesaria para imponer las normas mediante las cuales se pretende que se comporten los integrantes de una sociedad.

Lo que esta visi¨®n pierde de vista es que ning¨²n orden social descansa en la constante y com¨²n imposici¨®n de sanciones, sino que, por el contrario, esta debe ser extraordinaria. Dicho de otra manera, ning¨²n orden social puede sostenerse cuando el grueso de sus destinatarios incumple con sus mandatos y sus autoridades deben imponer sanciones a diario y a muchos. Es por ello que desde el momento en el que la estrategia de combate a la delincuencia se encuentra dirigida a la destrucci¨®n de los medios coactivos de las organizaciones, se est¨¢ dejando de lado la intervenci¨®n sobre la formaci¨®n de un tejido normativo-social de car¨¢cter delictivo.

Pensemos en lo que acontece en la cotidianeidad con un comerciante, importador, transportista, propietario, beneficiario o, m¨¢s gen¨¦ricamente, participante en la vida econ¨®mica o social de nuestro pa¨ªs. Para actuar frente o en el orden jur¨ªdico mexicano, esa persona tiene que obtener diversas licencias o permisos, puesto que las actividades que lleva a cabo est¨¢n estatalmente reguladas. Los horarios de realizaci¨®n de sus actividades, la calidad de los bienes o servicios prestados, la procedencia de sus mercanc¨ªas o el destino de sus desechos, deben efectuarse de una determinada manera a efecto de impedir da?os a terceros o situaciones que puedan producirlos. Quienes se adentran en pr¨¢cticamente cualquier actividad han de pagar impuestos por los ingresos obtenidos o derechos por las autorizaciones correspondientes. El incumplimiento del pago de los impuestos o los derechos trae aparejado sanciones en forma de multas, suspensiones, clausuras u otras modalidades coactivas semejantes.

A la posici¨®n estrictamente institucional de quien participa productivamente en la industria o el comercio, suelen sumarse otros tipos de amenazas por parte de los servidores p¨²blicos, en forma de extorsiones o amenazas. M¨¢s all¨¢ de contar con todos los requisitos administrativos y legales necesarios para operar, existen medios extorsivos para extraer riqueza de los generadores o prestadores de bienes y servicios en favor de las autoridades. Estas ¨²ltimas ejercen su poder, respaldadas ¡ªdesde luego indebidamente¡ª en el aparato coactivo del Estado al tener la posibilidad de ¡ªtambi¨¦n indebidamente¡ª impedir la realizaci¨®n de esas actividades.

Desde lo que por econom¨ªa del lenguaje llamar¨¦ normatividad o coacci¨®n ¡°estatal¡±, los sujetos sociales est¨¢n sometidos a las amenazas que rigurosamente se sustentan en las normas jur¨ªdicas y a aquellas que provienen de los funcionarios p¨²blicos. Con independencia de sus evidentes diferencias, ambas est¨¢n respaldadas por la coacci¨®n estatal en la forma de las antedichas multas, clausuras, a?os de c¨¢rcel u otras modalidades semejantes.

En el M¨¦xico actual, adem¨¢s de estas ¡°normatividades¡± y coacciones ¡°estatales¡±, los sujetos se encuentran sometidos a las crecientes ¡°normatividades¡± y coacciones delincuenciales. Quien tiene un puesto, un cami¨®n o una flotilla de ellos, o quien pretende obtener determinados metros c¨²bicos de agua para una futura siembra, tiene que pagarle en dinero o en especie a un grupo delincuencial para que ello sea posible. El entorno delictivo cuenta con su propia normatividad en lo que respecta a qui¨¦n puede exigir a otro una contraprestaci¨®n por permitir u omitir ciertas conductas. Tambi¨¦n, sobre las modalidades de cumplimiento y las eventuales sanciones en caso de no aceptaci¨®n o posterior incumplimiento, sea esto en la forma de destrucci¨®n de bienes, golpes, desapariciones o privaci¨®n de la vida propia o de los allegados.

Al igual que con la coacci¨®n estatal, aun cuando tal vez de manera m¨¢s difusa pero no menos amenazante, la coacci¨®n delincuencial determina de manera creciente los modos de conducta de diversos sectores sociales y econ¨®micos. Quien quiera abrir, operar, mantener o expandir una determinada actividad que por las razones que sean ha sido identificada de inter¨¦s para la delincuencia, pronto advertir¨¢ de la existencia de una normatividad paralela o adicional a la estatal. Tambi¨¦n, que la subsistencia de su quehacer depender¨¢ del simult¨¢neo cumplimiento de ambas normatividades. Que, por una parte, el incumplimiento de la estricta normatividad estatal puede acarrearle sanciones institucionalizadas. Que, asimismo, el incumplimiento de las ilegales extorsiones funcionariales puede traer consigo la imposici¨®n de consecuencias jur¨ªdicas. Que, finalmente, el incumplimiento de las normatividades delincuenciales puede acarrearle sanciones del mismo car¨¢cter.

En el M¨¦xico actual, un n¨²mero creciente de personas est¨¢n sometidas a tres ¨®rdenes normativos distintos. Uno, el estrictamente estatal, identificable por las fuentes del derecho ¨CConstituci¨®n, leyes, reglamentos, sentencias, etc.¡ª producidas por un sinn¨²mero de autoridades federales y locales. Otro, por las ¡°normas¡± generadas por diversas autoridades de un modo no centralizado o institucional, pero finalmente respaldado en el aparato coactivo estatal que s¨ª cuenta con este car¨¢cter. Y el tercero, caracterizado por las ¡°normas¡± de comportamiento generadas por las delincuencias y respaldadas por sus propios ¡°c¨®digos¡± y acciones coactivas.

La identificaci¨®n de estos tres ¡°¨®rdenes¡± normativos y de su coexistencia permite comprender que el enfrentamiento a los aparatos coactivos de grupos de la delincuencia es solo una parte del problema para imponer el orden jur¨ªdico nacional. Que si bien es necesaria la supresi¨®n o acotamiento de los aparatos de violencia de las delincuencias en tanto mecanismos de respaldo de sus normatividades, ello no basta para desaparecer la pluralidad normativa que est¨¢ poniendo en entredicho la legalidad y legitimidad del Estado mexicano.

@JRCossio