Izquierdas, derechas y problemas territoriales

"?Es una pol¨ªtica progresista tener super¨¢vit presupuestario?", me interpela a voces un periodista cuando no estoy de humor para explicarme. "Sit¨²ese por un momento en Estados Unidos", le contesto, "y mire c¨®mo dej¨® las cuentas p¨²blicas Clinton y c¨®mo las tiene Bush, y despu¨¦s me lo vuelve a preguntar".

Los equilibrios presupuestarios, sin fundamentalismos trasnochados que defienden en cualquier circunstancia el d¨¦ficit cero o la virtualidad del endeudamiento, no son de izquierdas ni de derechas, sino de buen gobierno. Lo que diferencia a las opciones pol¨ªticas en las cuentas p¨²blicas es la mezcla de ingresos y gastos. En definitiva, qui¨¦n debe pagar m¨¢s o menos o qui¨¦n recibe m¨¢s o menos, porque de ello depende uno de los elementos esenciales de la cohesi¨®n social: las posibilidades de redistribuci¨®n de la renta disponible para disminuir o aumentar la igualdad de oportunidades.

M¨¢s all¨¢ de eso, desde los b¨ªblicos tiempos de las vacas gordas y las vacas flacas, lo razonable es que en periodos de bonanza se ahorre y en los de crisis se tengan reservas para responder a las necesidades que de forma inevitable surgir¨¢n por la disminuci¨®n de ingresos y las necesidades de gasto equivalentes o superiores. Este criterio, de buen sentido, debe tener en cuenta la sostenibilidad de los gastos que se propongan con car¨¢cter recurrente.

En nuestro pa¨ªs, los que m¨¢s gritan contra las negociaciones presupuestarias, sobre todo en periodos previos a las confrontaciones electorales, son los que antes se callaban cuando los suyos estaban al mando, al tiempo que lo aprovechan para pedir m¨¢s que todos los dem¨¢s.

Pero tambi¨¦n lo hacen los que, con una evaluaci¨®n err¨®nea, piensan llegado el momento de hacerse pagar el apoyo al Gobierno para quedar bien ante sus minoritarias huestes, con exigencias que poco o nada tienen que ver con los intereses generales que ¨¦ste tiene que preservar. Todos coinciden en pedir m¨¢s de lo razonable o de lo posible incluso, ante un ejercicio que siempre ser¨¢ de administraci¨®n de recursos insuficientes.

Con acierto o con error en su interpretaci¨®n, al Gobierno de Espa?a le corresponde presupuestar con la vista puesta en los intereses generales, que en la perspectiva de un Gobierno progresista debe enfatizar la cohesi¨®n social, sin dejarse arrastrar por demandas de oportunismo explicable pero no razonables como las que estamos contemplando. Este ejercicio es tanto m¨¢s dif¨ªcil cuanto mejor se han llevado las cuentas en el periodo de bonanza que hemos vivido. Si hubiera dificultades para cuadrar las cuentas, parad¨®jicamente, ser¨ªa m¨¢s f¨¢cil, y la demagogia, algo m¨¢s limitada.

El debate, ¨¢spero y falso, sobre el destino y reparto de las inversiones no responde a ese criterio de intereses generales que utilizan los dirigentes nacionales y auton¨®micos del PP, ni a los agravios comparativos que estos y los grupos minoritarios territoriales esgrimen.

Las inversiones en infraestructuras no pueden ser igualadas por raseros territoriales ni poblacionales, aunque pueda haber acuerdos temporales con cada autonom¨ªa. Dependen de factores m¨²ltiples que obligan al poder central a orientarlas para producir riqueza de la manera m¨¢s eficiente, incluyendo la recuperaci¨®n de los retrasos hist¨®ricos, que en ¨²ltima instancia persiguen la misma finalidad.

Si fuera tan f¨¢cil como repartir con criterios objetivables de poblaci¨®n, territorio o renta, por separado o combinados, la decisi¨®n depender¨ªa para siempre de una f¨®rmula matem¨¢tica que nos librar¨ªa de la necesidad de decidir, de priori

zar, a?o a a?o o por periodos determinados de tiempo.

Sin duda, en el terreno de los servicios que afectan a derechos reconocidos como universales a los ciudadanos, y transferidos en su totalidad, el criterio de reparto por poblaci¨®n es determinante, aunque otros factores deban ser tenidos en cuenta en el coste, como la dispersi¨®n o concentraci¨®n de la poblaci¨®n en el territorio. El inter¨¦s general y la cohesi¨®n social nos llevar¨¢n a corregir desajustes hist¨®ricos en los lugares en que existan porque estos afectan a los ciudadanos, que son el objetivo determinante de la pol¨ªtica.

Por esta raz¨®n, en las competencias cedidas en este terreno, es m¨¢s f¨¢cil llegar a un acuerdo con las autonom¨ªas. No digo f¨¢cil, sino m¨¢s f¨¢cil que en las decisiones sobre las pol¨ªticas inversoras en infraestructuras.

A este Gobierno se le pueden reprochar cosas, como a todos, pero no que no haya sido coherente con sus compromisos program¨¢ticos en los campos de lo social, de la ampliaci¨®n de libertades c¨ªvicas o en el redoblado esfuerzo inversor respecto de la etapa precedente. Por eso, probablemente, el debate en estos a?os ha ocultado las mejoras en estos campos tratando de enterrarlas con temas transversales que afectan m¨¢s a los sentimientos de pertenencia o a los agravios comparativos, hasta provocar, de manera irresponsable, tensiones entre los ciudadanos de los distintos territorios.

Me atrever¨ªa a decir que en el actual debate presupuestario importan poco las cifras reales y menos a¨²n las comparativas con los a?os del gobierno del PP, y mucho estas politiquer¨ªas de fondo que pretendidamente defienden la unidad y la igualdad entre los espa?oles, aunque en la desgraciada realidad fomentan la confrontaci¨®n y la crispaci¨®n.

Por eso, el Gobierno deber¨ªa insistir en las cifras reales y en las comparativas con los a?os precedentes, y hacerlo con pedagog¨ªa frente a la demagogia y con transparencia frente a la confusi¨®n. Pero tambi¨¦n deber¨ªa dejar claro que no se dejar¨¢ arrastrar por unos o por otros en este tironeo preelectoral, porque, a fin de cuentas, y de cuentas hablamos, si no hubiera acuerdo presupuestario, la tragedia no ser¨ªa mayor. Con una pr¨®rroga de lo que hay y la decisi¨®n de los ciudadanos a las puertas del pr¨®ximo a?o, asunto arreglado.

Negociar los presupuestos es bueno, deseable para una acci¨®n de gobierno en democracia y en un Estado complejo como el nuestro. Incluso cuando se dispone de mayor¨ªa absoluta hay que hacer este ejercicio de responsabilidad negociadora. Pero si los excesos se acumulan y todos se sienten con derecho a abusar de sus supuestas (que no reales) posiciones de fuerza, m¨¢s vale cont¨¢rselo a los ciudadanos para que decidan en marzo lo que quieren.

Felipe Gonz¨¢lez es ex presidente del Gobierno espa?ol.