El Gobierno de Estados Unidos autoriza de forma secreta torturas legalmente prohibidas
Los documentos fueron elaborados en la etapa de Alberto Gonzales como fiscal general
Despu¨¦s de m¨²ltiples condenas del Congreso y del Tribunal Supremo, incluso despu¨¦s de una rectificaci¨®n formal del presidente, George W. Bush, el Gobierno estadounidense ha seguido autorizando el uso de torturas contra detenidos por medio de documentos secretos emitidos por el Departamento de Justicia y conocidos por la Casa Blanca. Seg¨²n la informaci¨®n publicada ayer en exclusiva por el diario The New York Times, y no desmentida oficialmente, esos documentos fueron elaborados en tiempos de Alberto Gonzales en la Fiscal¨ªa General y siguen todav¨ªa en vigor.
El peri¨®dico afirma, citando a funcionarios que tuvieron informaci¨®n sobre este asunto, que las autorizaciones hechas en secreto por el Departamento de Justicia suponen "un masivo respaldo de las m¨¢s crueles t¨¦cnicas de interrogatorio jam¨¢s usadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA)".
Esas autorizaciones daban luz verde para que los presos interrogados en las c¨¢rceles secretas de la CIA en ?frica, Asia y el este de Europa pudieran ser sometidos a castigos como golpearles en la cabeza, simular intentos de asfixia, someterlos a temperaturas heladas o dejarlos en largos periodos de aislamiento. Similares t¨¦cnicas podr¨ªan haber sido utilizadas, de acuerdo a los permisos emitidos, en Guant¨¢namo.
La Administraci¨®n estadounidense suspendi¨® formalmente, en diciembre de 2004, los poderes que el presidente Bush hab¨ªa concedido despu¨¦s del 11-S para utilizar las m¨¢s extremas t¨¦cnicas de interrogatorio contra los sospechosos de terrorismo. Poco despu¨¦s de la llegada de Alberto Gonzales al Departamento de Justicia, en febrero de 2005, empezaron a emitirse de forma secreta nuevos documentos autorizando los m¨¦todos que oficialmente se rechazaban, pero que algunos responsables de la lucha antiterrorista segu¨ªan creyendo necesarios.
Los argumentos legales para autorizar las torturas fueron escritos por Steven Bradbury, que desde 2005 ocupa la poco conocida pero muy influyente Oficina de Consejo Legal del Departamento de Justicia, cuya misi¨®n es sencillamente la de asegurarse de que la actuaci¨®n del Gobierno est¨¢ dentro de la ley. En esa oficina han servido antes personas tan respetables como William Rehnquist o Antonin Scalia, luego miembros del Tribunal Supremo.
Con Gonzales como fiscal general, sin embargo, tanto la oposici¨®n dem¨®crata como varios expertos aseguran que la Oficina de Consejo Legal y todo el Departamento de Justicia se convirtieron en un mero instrumento al servicio de la controvertida pol¨ªtica de la Administraci¨®n en su lucha contra el terrorismo. De hecho, fue finalmente la acumulaci¨®n de pruebas sobre la actitud servicial de Gonzales ante el presidente y, sobre todo, ante el vicepresidente, Dick Cheney, la que le oblig¨® a dimitir el mes pasado.
Aunque The New York Times no llega a establecer de forma concluyente la responsabilidad de la Casa Blanca en esta operaci¨®n, parece evidente que la actuaci¨®n de Gonzales estuvo coordinada por la oficina del vicepresidente, que siempre defendi¨® en reuniones privadas la necesidad de las torturas y busc¨® los medios para continuarlas, pese a todos los obst¨¢culos encontrados.
Entre estos obst¨¢culos est¨¢ una decisi¨®n del Tribunal Supremo en 2006 que asegura que todos los sospechosos de Al Qaeda detenidos en c¨¢rceles secretas o en Guant¨¢namo est¨¢n protegidos por la Convenci¨®n de Ginebra. El Congreso aprob¨® tambi¨¦n en diciembre de 2005 y en noviembre de 2006 dos leyes distintas prohibiendo el "trato cruel, inhumano o degradante" en los interrogatorios.
Frente a esas objeciones, la Administraci¨®n trat¨® de maniobrar para seguir adelante con su pol¨ªtica original. Seg¨²n un experto en interrogatorios de la CIA, Paul Kelbaugh, las t¨¦cnicas aplicadas hasta ese momento "hab¨ªan permitido obtener muy buena informaci¨®n" y el Gobierno no quer¨ªa renunciar a ellas. Necesitaba, sin embargo, la base legal para justificarlas. Ah¨ª es donde entran en juego Gonzales, un viejo amigo de Bush, y Steven Bradbury. Este ¨²ltimo asegura a los periodistas de The New York Times que firman esta exclusiva que nunca actu¨® por presiones de la Casa Blanca. Pero lo cierto es que sus opiniones, emitidas en secreto desde su influyente oficina, son las que dieron pie a que las torturas siguieran siendo admitidas. Bradbury aconsej¨®, entre otras cosas, al presidente que los m¨¦todos de interrogatorio de la CIA no contradec¨ªan las condiciones de "trato cruel, inhumano o degradante" impuestas por el Congreso, ni violaban la Convenci¨®n de Ginebra, como ped¨ªa el Supremo.
Fue seguramente sobre esa base legal sobre la que Bush dict¨® en julio un decreto en el que autorizaba a la CIA el uso de m¨¦todos de interrogatorio prohibidos por el Ej¨¦rcito. Aunque nunca se inform¨®, porque no est¨¢ obligado a hacerlo, qu¨¦ m¨¦todos eran ¨¦sos, es f¨¢cil deducir ahora que los m¨¦todos autorizados son las torturas que el Departamento de Justicia hab¨ªa considerado previa y secretamente legales.
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