La Ley de Memoria Hist¨®rica ver¨¢ la luz
La ponencia que tramitar¨¢ la norma se re¨²ne ma?ana tras un acuerdo b¨¢sico de siete partidos
Las bases para que la llamada Ley de Memoria Hist¨®rica sea una realidad en Espa?a est¨¢n puestas y son firmes. El PSOE, tras m¨²ltiples conversaciones y negociaciones bilaterales con grupos parlamentarios que representan a seis partidos, anunci¨® ayer que se ha producido "el desbloqueo definitivo", que permite la reuni¨®n de ma?ana de la ponencia constitucional que se encargar¨¢ de la tramitaci¨®n final del texto. Todos los grupos que han llegado a un acuerdo b¨¢sico han tenido que ceder en algunos de sus postulados para que la ley no ofenda a nadie sino que "repare los da?os que pudieran sufrir las v¨ªctimas de la Guerra Civil y de la dictadura". Y se hace, seg¨²n el PSOE, en l¨ªnea con el esp¨ªritu de concordia de la Transici¨®n. El PP y ERC mantienen su rechazo a la ley.
El PSOE ultima con CiU la reparaci¨®n por los cr¨ªmenes en la zona republicana
La futura ley para honrar a las v¨ªctimas de la Guerra Civil y la dictadura ver¨¢ la luz antes de fin de a?o. Los grupos parlamentarios que alcanzaron una base suficiente para el acuerdo han antepuesto "la responsabilidad" para hacer posible una ley esperada por muchos durante muchos a?os.
El PSOE fue ayer el encargado de anunciar "el desbloqueo definitivo", en expresi¨®n del portavoz parlamentario, Diego L¨®pez Garrido, de los obst¨¢culos que imped¨ªan garantizar la aprobaci¨®n de la norma. ?l y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caama?o, han dedicado en las ¨²ltimas semanas muchas horas de negociaciones bilaterales, rotas una y otra vez por la dificultad de armonizar las posiciones de cada grupo, para alcanzar un consenso suficientemente amplio.
El acuerdo llegar¨¢ finalmente de la mano del PSOE, IU-ICV, PNV, y los partidos del Grupo Mixto, BNG, Chunta Aragonesista, Nueva Canaria y del ex diputado del PP Joaqu¨ªn Calomarde. Los socialistas dan por seguro que CiU estar¨¢ en primera l¨ªnea aunque todav¨ªa ayer su portavoz parlamentario, Josep Antoni Duran Lleida manten¨ªa alguna diferencia tras reconocer "los avances positivos" de los ¨²ltimos d¨ªas.
El PSOE conf¨ªa en atraer al acuerdo a Eusko Alkartasuna y Nafarroa Bai durante la ¨²ltima tramitaci¨®n parlamentaria, aunque renuncian a convencer ya al PP y a ERC, que votar¨¢n en contra por motivos contrapuestos. Para los populares esta ley culmina "el ataque a la Transici¨®n" que empez¨® el Gobierno socialista. ERC cree que la ley es insuficiente porque no anula los juicios franquistas. ?ste ha sido uno de los asuntos m¨¢s controvertidos de la negociaci¨®n ya que tambi¨¦n IU-ICV ha peleado lo indecible para aproximarse a esa anulaci¨®n. Al final, y con mucho esfuerzo por parte de Joan Herrera y Gaspar Llamazares, hay acuerdo, con alguna precisi¨®n m¨¢s, en torno al primer pacto alcanzado el pasado abril entre el PSOE y la formaci¨®n izquierdista para declarar "ileg¨ªtimos" los tribunales franquistas y sus sentencias.
Adem¨¢s, aunque la Ley no abre la puerta expl¨ªcitamente para que los afectados puedan ir a los tribunales a reclamar la anulaci¨®n de la condena a alguna v¨ªctima de la guerra o de la dictadura, tampoco la cierra. "La Ley no va a interferir en el territorio judicial, el legislador no va a entrar en el campo del juez", explic¨® L¨®pez Garrido. El portavoz socialista agreg¨® que la Ley "tambi¨¦n servir¨¢ como instrumento jur¨ªdico para las personas que quieran utilizarla ante los tribunales para una cuesti¨®n concreta", se?al¨® L¨®pez Garrido en referencia a la posibilidad de que se utilice la Ley como prueba en las reclamaciones de anulaci¨®n de sentencias.
La obsesi¨®n del Gobierno desde que plante¨® la Ley hace casi dos a?os estuvo en que su intenci¨®n de reparar dolor o injusticia no tuviera consecuencias jur¨ªdicas. Tampoco quer¨ªa el Gobierno, seg¨²n explic¨®, reabrir heridas o enfrentar a los espa?oles. Pero pronto las cosas se complicaron y el PP consider¨® la mera existencia del proyecto de Ley como un instrumento de divisi¨®n de los espa?oles. Y ayer lo reiter¨® el secretario general del PP, ?ngel Acebes: "Zapatero ha tra¨ªdo divisi¨®n, enfrentamiento y ha abierto las heridas de nuestra historia". Aunque ha sido in¨²til, el Gobierno decidi¨® modificar de los borradores su t¨ªtulo inicial de Memoria Hist¨®rica y lo sustituy¨® por el de reparaci¨®n de las v¨ªctimas. "De todas las v¨ªctimas", como remach¨® ayer L¨®pez Garrido.
La condena de todos los cr¨ªmenes ha sido otro de los temas controvertidos. CiU sigue todav¨ªa la pelea porque resulte expresa la condena a los cr¨ªmenes cometidos por los llamados jurados populares de los republicanos, que tuvieron como v¨ªctimas a inocentes civiles y religiosos. La discusi¨®n coincide con la beatificaci¨®n a propuesta de la Conferencia Episcopal Espa?ola el pr¨®ximo 28 de octubre de m¨¢s de cuatrocientos religiosos asesinados por los republicanos. Acebes afirm¨® ayer que "no hay relaci¨®n" entre ese hecho y la ley y evit¨® criticar a los obispos. No pudo confirmar si alg¨²n miembro del PP acudir¨¢ a la beatificaci¨®n en Roma.
Lo cierto es que el PSOE ha tratado que la ley tuviera el m¨¢ximo consenso y no s¨®lo diera satisfacci¨®n a la izquierda. Gaspar Llamazares se?al¨® ayer que el PCE de Dolores Ibarruri estar¨ªa "satisfecha aunque no completamente". Y as¨ª tiene que ser para que la ley tambi¨¦n la firmen el PNV y CiU.
PRINCIPALES NOVEDADES INCORPORADAS EN LA NEGOCIACI?N
Condena del Franquismo. "Esta ley atiende a lo manifestado por la Comisi¨®n Constitucional, que el 20 de noviembre de 2002 aprob¨® por unanimidad una Proposici¨®n de Ley en la que el Congreso reiteraba que 'nadie puede sentirse legitimado, como ocurri¨® en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones pol¨ªticas y establecer reg¨ªmenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democr¨¢tica'. La presente ley asume esta declaraci¨®n, as¨ª como la condena del franquismo contenida en el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en Par¨ªs el 17 de marzo de 2006".
Ilegitimidad de los juicios. Art¨ªculo 3: "Se declara la ilegitimidad de los tribunales que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos pol¨ªticos, ideol¨®gicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de car¨¢cter personal, as¨ª como la de sus resoluciones. Igualmente, se declaran ileg¨ªtimas las condenas y sanciones dictadas por motivos pol¨ªticos, ideol¨®gicos o de creencia religiosa por cualesquiera tribunales durante la Dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un r¨¦gimen democr¨¢tico en Espa?a o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constituci¨®n".
Las consecuencias jur¨ªdicas. "Exposici¨®n de motivos: En el art¨ªculo 3 se declara la ilegitimidad de los tribunales creados con vulneraci¨®n de las m¨¢s elementales garant¨ªas del derecho a un proceso justo. Se subraya, as¨ª, de forma inequ¨ªvoca, la carencia actual de vigencia jur¨ªdica de aquellas resoluciones contrarias a los derechos humanos. En este sentido, la ley incluye una disposici¨®n derogatoria que, de forma expresa, priva de vigencia jur¨ªdica a aquellas normas dictadas bajo la dictadura manifiestamente represoras y contrarias a los derechos fundamentales con el doble objetivo de proclamar su formal expulsi¨®n del ordenamiento jur¨ªdico e impedir su invocaci¨®n por cualquier autoridad administrativa y judicial".
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