Una decena de cambios clave
Un a?o, dos meses y siete d¨ªas de negociaciones entre los grupos, salvo el PP, han provocado modificaciones notables del texto del Gobierno
Un a?o, dos meses y siete d¨ªas. Todo ese tiempo lleva la ley de memoria hist¨®rica -que en realidad se llama Proyecto de Ley por la que se reconocen y ampl¨ªan derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecuci¨®n o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura- en el Congreso esperando que los grupos se pongan de acuerdo para aprobarla. Y antes, dos a?os estuvo el proyecto en la cabeza de los asesores del Ejecutivo, sin que lograran sacarlo a la luz. Hace un a?o, la ley no gustaba a nadie, salvo el PSOE. Ahora siete partidos est¨¢n dispuestos a apoyarla, aunque el acuerdo no est¨¢ cerrado del todo. ?stos son algunos de los puntos entre la decena de cuestiones clave [sobre los 25 art¨ªculos que tiene el texto] que se han cambiado durante la negociaci¨®n.
Gobierno, autonom¨ªas y municipios elaborar¨¢n un cat¨¢logo de vestigios de la Guerra Civil
Los grupos quieren m¨¢s facilidades para que las v¨ªctimas puedan ver c¨®mo fueron investigadas
- 'No' a la comisi¨®n de notables. Era el coraz¨®n de la norma, la idea que tuvo el Gobierno para evitar lo que m¨¢s tem¨ªa: la anulaci¨®n de los juicios franquistas. El Ejecutivo se invent¨® una comisi¨®n de cinco notables, elegidos por tres quintos del Congreso -esto es, el PP pod¨ªa bloquear su nombramiento- que exped¨ªan una "declaraci¨®n de reparaci¨®n y reconocimiento personal" a las v¨ªctimas y sus familiares que lo reclamasen. No gustaba a nadie y ha desaparecido por completo. Ser¨¢ el Ministerio de Justicia quien expida este documento de forma pr¨¢cticamente autom¨¢tica cuando se comprueben los datos de la v¨ªctima. IU-ICV y los dem¨¢s grupos han logrado en la negociaci¨®n que el PSOE acepte declarar la "ilegitimidad de los tribunales y cualesquiera otros ¨®rganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos pol¨ªticos, ideol¨®gicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de car¨¢cter personal, as¨ª como la de sus resoluciones". Tambi¨¦n se ha a?adido, de forma completamente novedosa, una disposici¨®n que deroga toda la legislaci¨®n represora del franquismo y una explicaci¨®n de motivos que se?ala que este punto se ha puesto para "proclamar su formal expulsi¨®n del ordenamiento jur¨ªdico e impedir su invocaci¨®n por cualquier autoridad administrativa y judicial".
- S¨ªmbolos franquistas. Los grupos conf¨ªan en avanzar algo m¨¢s en la ponencia, pero de momento ya han logrado una modificaci¨®n significativa. La ley que llev¨® el Gobierno al Congreso en julio de 2006 s¨®lo hablaba de los s¨ªmbolos franquistas en instituciones "titularidad estatal". Adem¨¢s, conten¨ªa una redacci¨®n pol¨¦mica: se retirar¨¢n los monumentos, placas o s¨ªmbolos, "cuando exalten a uno s¨®lo de los bandos enfrentados en ella o se identifiquen con el r¨¦gimen instaurado en Espa?a a su t¨¦rmino". Algunos entend¨ªan que eso pod¨ªa obligar a retirar alg¨²n monumento a Dolores Ib¨¢rruri, Pasionaria, por ejemplo. La nueva redacci¨®n pactada ha eliminado esos "dos bandos" y ya s¨®lo habla de los "s¨ªmbolos de exaltaci¨®n de la Guerra Civil". Y sobre todo se ha a?adido: "El Gobierno colaborar¨¢ con las Comunidades Aut¨®nomas y las Entidades Locales en la elaboraci¨®n de un cat¨¢logo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura a los efectos previstos en el apartado anterior". Los grupos minoritarios quieren adem¨¢s pulir una excepci¨®n, la que se?ala que "lo previsto en el p¨¢rrafo anterior no ser¨¢ de aplicaci¨®n cuando concurran razones art¨ªsticas, arquitect¨®nicas u otras de inter¨¦s general que lo hagan improcedente". Temen que esas "otras de inter¨¦s general" pueda abrir espacios para que alguno se salte la ley, y por eso quieren limarlo.
- Represi¨®n en zona republicana. CiU ha tenido especial inter¨¦s en que figuren en la ley menciones a los excesos de los descontrolados -no amparados por la legalidad oficial, al contrario de lo que sucedi¨® en el otro bando- que ordenaron y realizaron asesinatos indiscriminados en la zona republicana. Por eso ha reclamado -y logrado, aunque el pacto no es definitivo- que se incorporen los motivos "de creencia religiosa" a todos los art¨ªculos clave, y negocia que se incorporen a los jurados como ¨®rganos represivos.
- Archivos. El PNV tambi¨¦n ha incorporado varias modificaciones en los ¨²ltimos d¨ªas para perfeccionar la ley, que se ver¨¢n cuando los socialistas presenten en la ponencia su propuesta definitiva. Los nacionalistas vascos lideran la negociaci¨®n sobre archivos. Reclaman la devoluci¨®n de los papeles del Gobierno vasco entre 1936 y 1939, que est¨¢n en el archivo de Salamanca. El Gobierno no acepta, y por eso parece que el PNV votar¨¢ en contra de ese punto. Sin embargo, negocia para mejorar el acceso de los particulares a los archivos de la represi¨®n, ahora muy complejo. Se trata de lograr algo similar a lo que se ha hecho en Alemania del Este con los archivos de la STASI, y que se explica en la pel¨ªcula alemana La vida de los otros. Un gran archivo de la represi¨®n al que los ciudadanos puedan acudir libremente para ver c¨®mo fueron investigados.
Condena del franquismo
Esta ley no naci¨® para ajustar cuentas con los vencedores de la Guerra Civil y quiz¨¢ por eso ni siquiera se mencionaba la contienda en el primer borrador. Era una ley para honrar a las v¨ªctimas de la guerra y de la dictadura franquista, a sabiendas de que en los ¨²ltimos 30 a?os ha habido normas para reparar injusticias. Pero, al final, hay un acuerdo b¨¢sico en que en esta ley debe figurar la condena del franquismo, con cita expresa de los precedentes: Proposici¨®n de Ley de 20 de noviembre de 2002 de la Comisi¨®n Constitucional del Congreso. En la misma se dec¨ªa, y se recoger¨¢ en esta ley, que "nadie puede sentirse legitimado, como ocurri¨® en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones pol¨ªticas y establecer reg¨ªmenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democr¨¢tica".Tambi¨¦n la ley recoger¨¢ el informe del Consejo de Europa de 17 de marzo de 2006 en el que se denunciaron "las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Espa?a entre los a?os 1939 y 1975".
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