Catalu?a firma un pacto para construir 160.000 viviendas sociales en 10 a?os
CiU y PP no se suman en protesta por el alquiler forzoso de pisos vac¨ªos que prev¨¦ la ley
Promotores, sindicatos, colegios profesionales, asociaciones y hasta un total de 34 agentes sociales firmaron ayer el Pacto Nacional por la Vivienda, un documento impulsado por la Generalitat de Catalu?a que busca consenso para atajar el problema de la vivienda por el m¨¢ximo n¨²mero de frentes. El pacto prev¨¦, entre otras medidas, la construcci¨®n de 160.000 pisos sociales en 10 a?os y tiene un coste estimado de 8.221 millones de euros. CiU y PP no se sumaron al consenso en protesta por la Ley del Derecho a la Vivienda -en tr¨¢mite- que prev¨¦ el alquiler forzoso de viviendas vac¨ªas.
El de la vivienda es uno de los cuatro pactos nacionales que el presidente de la Generalitat, Jos¨¦ Montilla, se marc¨® como objetivo al inicio de la actual legislatura. Los otros tres se refieren a inmigraci¨®n, investigaci¨®n y desarrollo e infraestructuras. El pacto de la vivienda fue presentado p¨²blicamente el pasado mes de abril y su negociaci¨®n no ha sido precisamente un camino de rosas.
Lograr el consenso no ha sido f¨¢cil por la dificultad de casar intereses a veces opuestos. En ¨¦l est¨¢n todos los agentes implicados en el sector inmobiliario y cada uno debe hacer deberes en su negociado, desde las cajas de ahorros hasta entidades sociales como C¨¢ritas o las asociaciones de vecinos. Pero, sobre todo, si el consenso ha costado meses de negociaciones es porque el pacto se puso sobre la mesa cuando en ¨¦sta ya hab¨ªa otro controvertido fajo de papeles: la Ley del Derecho a la Vivienda, que arrastra dos a?os de discusi¨®n.
Esta ley contempla que la Administraci¨®n, en determinados supuestos, pueda expropiar el usufructo de viviendas vac¨ªas para destinarlas al mercado de alquiler social. Una situaci¨®n que los partidos de la oposici¨®n consideran intolerable. CiU y PP han vinculado las dos negociaciones y han optado no s¨®lo por no firmar el pacto sino que han amenazado con llevar la ley ante el Consejo Consultivo. El tercer partido de la oposici¨®n, Ciutadans, tampoco votar¨¢ la Ley, pero s¨ª se sum¨® ayer al consenso al considerar que se trata de dos herramientas distintas.
Durante el acto de firma, celebrado en la Generalitat, Jos¨¦ Montilla se felicit¨® por un documento que "da una respuesta colectiva a un problema colectivo", destac¨® que todos los agentes "han cedido en alg¨²n detalle" y apunt¨® que "en el pacto cabe todo el mundo". "Los que est¨¢n aqu¨ª", dijo, "y los que por alguna raz¨®n no est¨¢n", en clara referencia a la oposici¨®n. No tan diplom¨¢tico estuvo el consejero de Medio Ambiente y Vivienda y jefe de cocina del pacto, Francesc Baltasar (ICV), quien, respecto a la actitud de CiU y PP, manifest¨®: "Son ellos quienes no est¨¢n y deben explicar por qu¨¦ se han desmarcado".
Desde el lado opuesto, el portavoz parlamentario de CiU, Felip Puig, emple¨® duras palabras para criticar el contenido de la ley en tr¨¢mite. Critic¨® la "deriva ideol¨®gica del tripartito" y afirm¨® que "Montilla es reh¨¦n de la radicalidad de ICV, propia de antiguos reg¨ªmenes". Con todo, Puig se mostr¨® abierto a sumarse al pacto en el momento en el que el alquiler forzoso caiga del texto de la Ley. Por parte del PP, la diputada ?ngels Olano tambi¨¦n critic¨® el alquiler forzoso de pisos vac¨ªos y calific¨® el pacto de "ut¨®pico", al tiempo que cuestion¨® "la viabilidad del proyecto".
Entre el total de agentes firmantes, una de las adhesiones m¨¢s pol¨¦micas ha sido la de la Asociaci¨®n de Promotores, que se sum¨® al consenso a cambio de ceder menos suelo urbano para construir pisos sociales. Ayer, su presidente, Enric Reyna, prometi¨® que "si los ayuntamientos ceden suelo a buen precio", los privados levantar¨¢n 50.000 pisos protegidos al a?o.
Una inversi¨®n directa e indirecta de 22.600 millones
La inversi¨®n directa estimada para hacer realidad el Pacto Nacional por la Vivienda es de unos 8.200 millones de euros de dinero p¨²blico, a los que el consejero Francesc Baltasar sum¨® ayer 14.400 millones de inversi¨®n privada y que generar¨¢ 150.000 puestos de trabajo. El pacto es un documento de 220 p¨¢ginas que se divide en cinco grandes retos y centenares de medidas para conseguirlas.- Vivienda protegida. El pacto prev¨¦ la construcci¨®n de 160.000 pisos sociales en 10 a?os, el 60% de compra y el 40% de alquiler. Adem¨¢s, prev¨¦ la movilizaci¨®n de suelo para levantar un total de 250.000 pisos. Adem¨¢s, prev¨¦ lanzar al mercado de alquiler 62.000 pisos desocupados de los 450.000 pisos vac¨ªos que hay en Catalu?a (mediante incentivos y ayudas a la rehabilitaci¨®n), y ayudas para 140.000 familias. (4,97 millones de euros).- Rehabilitaci¨®n. El segundo reto es rehabilitar 300.000 pisos, la instalaci¨®n de 10.000 ascensores y el establecimiento de un mayor control de la calidad de la construcci¨®n (1,44 millones de euros).- Mayores y discapacitados. El tercer reto busca mejorar las condiciones de alojamiento de estos dos colectivos y ayudarles para que su condici¨®n no sea causa de exclusi¨®n residencial. El pacto prev¨¦ ayudas para 35.000 mayores y 35.000 discapacitados, as¨ª como el incremento de los pisos de alquiler para ambos (798.000 euros).- Colectivos vulnerables. El cuarto reto se refiere a aquellas personas con menores ingresos o al fen¨®meno del asedio inmobiliario (751.000 euros).- 'Sin techo' y 'camas calientes'. El pacto se refiere tambi¨¦n a las personas sin techo, los inmigrantes sin papeles, las v¨ªctimas de desahucios o a situaciones como la sobreocupaci¨®n de viviendas -camas calientes- o los espacios que carecen de c¨¦dula de habitabilidad (250.000 euros).
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