Un mes para acceder a un finca

Ha sido necesario que transcurra m¨¢s de un mes para que los agentes forestales puedan acceder a una finca privada en la localidad de Lozoya. El pasado 1 de octubre recibieron una autorizaci¨®n judicial que lo autorizaba. Con este permiso los guardas podr¨¢n comprobar qu¨¦ hac¨ªa una excavadora en medio del monte a finales de agosto. Al ver c¨®mo la m¨¢quina abr¨ªa un camino supuestamente no autorizado, los agentes remitieron a la Comunidad de Madrid una solicitud para entrar en la finca y poder investigar los hechos. Esto ocurri¨® a finales de agosto. Unos diez d¨ªas despu¨¦s, la Consejer¨ªa de Medio Ambiente traspas¨® la reclamaci¨®n al juzgado contencioso administrativo de Madrid, que ha tardado 21 d¨ªas en resolver. En total, el proceso se ha prolongado durante m¨¢s de un mes. La excavadora probablemente ya no est¨¦ all¨ª. "Las autorizaciones no son tan urgentes, porque ahora podr¨¢n comprobar qu¨¦ ha hecho la m¨¢quina. Si hay un camino sin permiso se sanciona", explica un portavoz de Medio Ambiente.

"La ley est¨¢ bien para hechos consumados, pero no previene", dice un abogado

Pero los agentes forestales sostienen que este proceder acaba con "el principio de prevenci¨®n". "Despu¨¦s de un mes el da?o ya est¨¢ hecho. Antes pod¨ªamos pedir la suspensi¨®n cautelar de la obra", se?ala Francisco Cabezos, responsable de CC OO.

Es la primera orden judicial que permite a los guardas forestales acceder a una finca privada tras la entrada en vigor de la Ley de Medidas Urgentes, que sac¨® adelante el Gobierno regional en julio. La flamante norma regional impide a los guardabosques entrar en una propiedad privada sin no es con autorizaci¨®n judicial, salvo en caso de incendios.

Los forestales han manifestado su rechazo a la norma regional alegando que limita su trabajo. "No podemos acceder libremente a una parcela para comprobar si hay un delito. Nos cercenan la capacidad preventiva si cada vez que sospechamos de algo ilegal tenemos que esperar a una orden judicial", explica Cabezos.

El auto del contencioso administrativo n¨²mero nueve de Madrid concede a los agentes forestales dos meses para acceder al bosque privado y exige al Ejecutivo regional que identifique al propietario antes de tres d¨ªas y que informe al juzgado de la evoluci¨®n de la investigaci¨®n. Adem¨¢s, establece que los guardabosques podr¨¢n "inspeccionar la apertura de una pista forestal con maquinaria pesada en una ladera con pendientes superiores al 30%".

El abogado Juan Manuel L¨®pez, experto es delitos urban¨ªsticos, asegura que el auto ser¨¢ un hecho aislado. "Ha tardado poco para como est¨¢n los juzgados. Hay se?alamientos para procesos abreviados para 2010. Y para dentro de dos y tres a?os para los ordinarios. Es raro que haya tardado tan poco", indica. L¨®pez critica que la norma regional "est¨¢ bien para hechos consumados, pero se carga la actividad preventiva". El 80% de los montes de Madrid son privados y en la regi¨®n s¨®lo hay 250 agentes forestales que s¨®lo podemos investigar cuando el delito ya es evidente", asegura Cabezos.

Un portavoz de la Comunidad de Madrid asegur¨® ayer que el auto, con fecha 1 de octubre, supone un "espaldarazo para le ley de Aguirre". Y precisa: "Esta orden ha sido tramitada a trav¨¦s de los servicios jur¨ªdicos de la Comunidad. Lo que hace es conceder la presunci¨®n de inocencia a los propietarios de los bosques".

Antes de esta resoluci¨®n del contencioso dos juzgados de instrucci¨®n, uno de Alcobendas y otro de Colmenar, se declararon incompetentes para otorgar los permisos. Los tribunales indicaban que no era necesario una orden para entrar en las fincas no habitadas y recomendaban que estos asuntos se tratasen en el contencioso administrativo.

Las solicitudes las presentaron agentes forestales despu¨¦s de aprobarse la Ley regional. D¨ªas despu¨¦s la Comunidad obligaba a los guardas que presentaran las solicitudes en Medio Ambiente para tramitarlos directamente. "Creen que son agentes judiciales y son funcionarios de la Comunidad, tienen que seguir los pasos que siguen todos los trabajadores", insiste un portavoz regional.