Cultura espera obtener en ocho o nueve d¨ªas la autorizaci¨®n judicial para entrar en el Pazo de Meir¨¢s

Confiada tras el aval que supuso el auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre la pertinencia de inspeccionar el Pazo de Meir¨¢s, la conselleira de Cultura, Anxela Bugallo, espera ahora una pronta resoluci¨®n del titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n¨²mero 1 de A Coru?a, a quien su departamento solicit¨® amparo frente a la negativa de la familia Franco a abrir las puertas de su propiedad.

Bugallo espera que "en ocho o nueve d¨ªas" se produzca esa "pertinente" autorizaci¨®n judicial para que los t¨¦cnicos de Cultura entren en el emblem¨¢tico edificio, regalado al dictador "en nombre del pueblo de A Coru?a" cuando Espa?a segu¨ªa dividida por la guerra civil.

El alto tribunal gallego marc¨® "doctrina legal y explicit¨® que Cultura est¨¢ capacitada para hacer esa inspecci¨®n", subray¨® la conselleira. Y record¨® que el objetivo de su departamento no es otro que el de verificar el estado de conservaci¨®n del pazo, inscrito desde 1991 en el inventario del Patrimonio Cultural de Galicia, as¨ª como determinar si re¨²ne los requisitos para ser declarado Bien de Inter¨¦s Cultural (BIC).

Esta figura permitir¨ªa abrir al p¨²blico cuatro d¨ªas al mes y reforzar¨ªa las medidas de preservaci¨®n de una fortaleza construida a finales del siglo XIX por encargo de la escritora coru?esa Emilia Pardo Baz¨¢n, quien situ¨® en este santuario literario buena parte de su obra, record¨® ayer la conselleira.

El juez de A Coru?a que debe resolver la autorizaci¨®n judicial requerida por Cultura estudia las limitaciones a la inspecci¨®n que la heredera del dictador, Carmen Franco Polo, solicit¨® en sus alegaciones contra las pretensiones de la Xunta. Reclama ser consultada por el juez para fijar hora y fecha de la inspecci¨®n y que se limite su duraci¨®n. Carmen Franco pide tambi¨¦n al juez que deniegue la entrada a un arqueologo, "para nada necesario", afirma. El pasado 30 de agosto, los Franco impidieron la inspecci¨®n que pretend¨ªa realizar un equipo de la conseller¨ªa, lo que les vali¨® la apertura de un expediente sancionador, que puede desembocar en una multa de hasta 60.000 euros.