La Fiscal¨ªa censura el plan de Barbate para regularizar 1.000 viviendas ilegales

"Desde el punto de visto jur¨ªdico es un fraude de ley que se permita construir ilegalmente con la posibilidad posterior de legalizar". El coordinador de fiscales de Medio Ambiente de Andaluc¨ªa, Luis Carlos Rodr¨ªguez Le¨®n, censur¨® ayer los intentos de varios ayuntamientos andaluces, fundamentalmente en la provincia de C¨¢diz, de regularizar las casas que se han levantado en los ¨²ltimos a?os sin orden ni licencia. "Si eso se permite de manera general, las normas no sirven para nada". El ¨²ltimo caso es el del Ayuntamiento de Barbate, gobernado por el PSOE, que pretende legalizar casi 1.000 viviendas ilegales.

La Junta de Andaluc¨ªa, en cambio, defiende la legalidad de estas actuaciones siempre que est¨¦n amparadas en revisiones de planes generales o sigan las directrices de planes supramunicipales, como ocurre en Barbate o en la bah¨ªa gaditana.

Chiclana es la localidad donde m¨¢s avanzados est¨¢n sus planes de legalizar casas. Su intenci¨®n es poder normalizar la situaci¨®n de 15.000 viviendas que se han construido en los ¨²ltimos a?os en zonas donde no pod¨ªa hacerse y, adem¨¢s, sin permiso ninguno. Unos planes que tambi¨¦n existen en otros municipios cercanos como Puerto Real y El Puerto de Santa Mar¨ªa, tambi¨¦n en la bah¨ªa de C¨¢diz, o en Barbate, donde su ayuntamiento ha programado regularizar mil edificaciones. Para ello se cambiar¨¢ el uso de suelo r¨²stico a urbano no consolidado.

Estas intenciones no gustan al Ministerio P¨²blico. El fiscal de Medio Ambiente de C¨¢diz, ?ngel N¨²?ez, en su ¨²ltima memoria anual hab¨ªa alertado de la permisividad municipal. A su juicio, "regularizar casas ilegales acaba con la esencia del urbanismo" y contribuye al efecto llamada. Tambi¨¦n advert¨ªa de que los propietarios de estas construcciones acaban convirti¨¦ndose en grupos de presi¨®n a los ayuntamientos para exigir servicios e infraestructuras.

En esta l¨ªnea, Rodr¨ªguez Le¨®n tambi¨¦n cuestiona las intenciones municipales. "El hecho de que modifiquen el destino de un suelo para intentar legalizar construcciones ilegales desde un punto de vista pol¨ªtico podr¨¢ estar amparado, pero desde el punto de vista legal no quiere decir que deje de ser constitutivo de delito. Lo que no pueden modificar es el C¨®digo Penal", sostiene. Por eso a?ade que estos planes son "un fraude de ley". El fiscal se muestra preocupado de la generalizaci¨®n de esta pr¨¢ctica. "Me parecer¨ªa fuera de lugar que la soluci¨®n sea permitir construcciones ilegales y despu¨¦s legalizarlas".

Rodr¨ªguez Le¨®n tambi¨¦n explica que contra estos planes se pueda actuar "en la v¨ªa de lo contencioso y en la v¨ªa penal", aunque aclara que la Fiscal¨ªa de Medio Ambiente no intervendr¨¢ de oficio. Conf¨ªa en que todos los tr¨¢mites que se realicen cumplan con la legislaci¨®n, de ah¨ª que d¨¦ importancia al papel de las comisiones provinciales de Urbanismo. "Las soluciones pueden ser puntuales pero la regla general no puede ser 'construye donde quieras que despu¨¦s se legaliza' porque entonces las normas no sirven para nada".

El delegado de Obras P¨²blicas en C¨¢diz, Pablo Lorenzo, defendi¨® la legalidad de la regularizaci¨®n de viviendas. Record¨® que el Plan de Ordenaci¨®n del Territorio de la bah¨ªa de C¨¢diz incluye que hay que dotar de servicios a aquellas zonas donde proliferen viviendas ilegales. A ello se han acogido municipios como Chiclana, El Puerto de Santa Mar¨ªa o Puerto Real. "Esos asentamientos son una realidad y hay que darles una soluci¨®n que ese plan de ordenaci¨®n ya contempl¨®.

Tambi¨¦n defiende la regularizaci¨®n que se va a iniciar en Barbate, aunque no est¨¦ dentro del documento de la bah¨ªa gaditana. "Aqu¨ª el proceso elegido es la revisi¨®n de su plan general. Se pueden incorporar esos asentamientos al suelo urbano respetando la Ley de Ordenaci¨®n Urban¨ªstica de Andaluc¨ªa y el Plan del Ordenaci¨®n del territorio de Andaluc¨ªa".