La guerra de los medios

Hace unas semanas, M¨¦xico ha vuelto a vivir d¨ªas excepcionales. Despu¨¦s de que meses atr¨¢s, la Suprema Corte de Justicia invalidara los art¨ªculos centrales de la Ley Federal de Radio y Televisi¨®n -la llamada Ley Televisa- que conced¨ªan enormes ventajas a las cadenas comerciales en el proceso de digitalizaci¨®n, ahora los tres grandes partidos han aprobado de forma casi un¨¢nime una reforma electoral que, m¨¢s all¨¢ de sus limitaciones, contiene el gran avance de prohibir la contrataci¨®n directa de publicidad en radio y televisi¨®n a los partidos.

La proeza no es menor. En primer lugar porque, despu¨¦s del largo y cuestionado proceso electoral del a?o pasado, parec¨ªa imposible que el Partido Acci¨®n Nacional en el Gobierno, sus rivales del Partido de la Revoluci¨®n Democr¨¢tica y los siempre pragm¨¢ticos miembros del Partido Revolucionario Institucional pudiesen ponerse de acuerdo en una materia tan delicada. En segundo, porque las dos cadenas televisivas comerciales del pa¨ªs, Televisa y TV Azteca, han pose¨ªdo un poder omn¨ªmodo al cual han debido someterse, de una forma u otra, todos los dirigentes pol¨ªticos del pa¨ªs. En tercero, porque hasta ahora las elecciones mexicanas han sido las m¨¢s costosas del mundo debido, esencialmente, a la millonaria contrataci¨®n de anuncios en radio y televisi¨®n. Y en cuarto, porque, una vez conscientes de las enormes p¨¦rdidas que podr¨ªan sufrir, los medios comerciales se lanzaron en una feroz campa?a contra los legisladores.

La reforma electoral se convirti¨® as¨ª en una guerra entre el Congreso de la Uni¨®n y los medios de comunicaci¨®n privados. Televisa, y con un car¨¢cter a¨²n m¨¢s grotesco TV Azteca, no s¨®lo utilizaron sus espacios noticiosos para editorializar una y otra vez contra la reforma -contraviniendo cualquier norma de ¨¦tica period¨ªstica-, sino que, en un hecho ins¨®lito, unieron sus transmisiones el d¨ªa en que sus representantes, acompa?ados por sus principales estrellas del espect¨¢culo y conductores de noticias, se enfrentaron con los senadores en una comparecencia p¨²blica.

Una y otra vez, a lo largo de todos sus espacios, estas cadenas cuestionaron la reforma -s¨®lo por excepci¨®n con argumentos razonables-, atacaron virulentamente a quienes la promovieron y, ya en franca desesperaci¨®n, cuestionaron toda la democracia mexicana. Los conductores de TV Azteca no vacilaron en repetir que se trataba de una reforma "chavista" -el argumento ya usado contra L¨®pez Obrador- y, en defensa de sus beneficios econ¨®micos, los dem¨¢s concesionarios se rasgaron las vestiduras en un ins¨®lito alegato a favor de la libertad de expresi¨®n, supuestamente en peligro debido a que la reforma impide a los pol¨ªticos contratar spots en sus espacios. Sus alegatos rayaban el descaro: afirmaron que, sin los recursos del Estado, cientos de estaciones de radio quebrar¨ªan -curiosa defensa del libre mercado-, que sus ratings bajar¨ªan por el uso de los tiempos oficiales destinados a las campa?as -tres minutos por hora-, e incluso mintieron al sostener que ahora las elecciones ser¨ªan m¨¢s costosas. Ya en el extremo, llegaron a decir que los legisladores de los tres partidos, que unidos suman m¨¢s del 90% de los votos, no representan a sus electores y propusieron la celebraci¨®n de un refer¨¦ndum.

Insisto: si bien la reforma contiene numerosos puntos cuestionables -no permite las candidaturas ciudadanas y no protege a los partidos minoritarios- y tampoco garantiza la transparencia en el interior de los partidos, la actuaci¨®n de los medios comerciales revela su desesperado intento por conservar el jugoso negocio que los ha hecho enriquecerse cada tres a?os con recursos p¨²blicos. Nunca antes, frente a leyes m¨¢s turbias o de plano inicuas -hay sobrados ejemplos-, hab¨ªan alzado la voz o hab¨ªan dedicado tantas horas y energ¨ªa a ser la "voz al pueblo mexicano". Su conducta permite ver que no han comprendido su naturaleza: las leyes mexicanas establecen claramente que las ondas radioel¨¦ctricas son un bien p¨²blico. Siempre he cre¨ªdo que, en caso de duda, uno debe decantarse por la libertad de expresi¨®n, pero aqu¨ª ha ocurrido lo contrario: en favor de la libertad de expresi¨®n se ha distorsionado la verdad en aras de cuidar las ganancias de unos cuantos. ?Qu¨¦ credibilidad le quedar¨¢ ahora a esos conductores de noticias obligados a secundar los intereses econ¨®micos de sus patronos?

Pero ¨¦sta no ha sido sino la primera batalla de una guerra que habr¨¢ de prolongarse a lo largo de los siguientes meses. Ahora corresponde al Congreso de la Uni¨®n redactar una nueva Ley de Medios. Los legisladores no s¨®lo volver¨¢n a enfrentar la presi¨®n de los medios comerciales, sino que los partidos deber¨¢n consensuar normas que garanticen el adecuado uso de este bien p¨²blico, la transparencia y el control sobre las ondas radioel¨¦ctricas, los mecanismos adecuados para la reconversi¨®n digital y la posibilidad de abrir la competencia a nuevas cadenas comerciales que quiebren el "duopolio" televisivo actual. Simult¨¢neamente, en un cap¨ªtulo aparte de la ley, o en una ley especial sobre la materia, deber¨¢n definir el car¨¢cter p¨²blico de los medios del Estado -hasta ahora, en franca desventaja ante las cadenas comerciales-, garantizando la imparcialidad y diversidad de sus contenidos, as¨ª como la reglamentaci¨®n de los medios comunitarios e ind¨ªgenas. En el marco de las a veces endebles instituciones mexicanas, se trata de un desaf¨ªo may¨²sculo del cual depende en buena medida la consolidaci¨®n de una sociedad abierta, plural y democr¨¢tica.

Jorge Volpi es escritor y director del Canal 22, cadena de televisi¨®n cultural del Estado mexicano.