Polic¨ªas fuera de la ley

Este a?o las fiestas de Villanueva de Tapia (1.673 habitantes) han estado vigiladas por cuatro polic¨ªas. Los vecinos de esta peque?a poblaci¨®n de la comarca de Antequera (M¨¢laga) est¨¢n encantados con el despliegue de seguridad. Sus arcas municipales s¨®lo dan para un vigilante y un polic¨ªa local, pero gracias a un convenio firmado con seis pueblos aleda?os pueden contratar los servicios polic¨ªas locales vecinos para situaciones de excepci¨®n, como unas fiestas patronales o un estado de emergencia.

Junto a Villanueva de Tapia, han firmado este acuerdo Archidona, Villanueva de Algaidas, Villanueva del Trabuco, Villanueva del Rosario, Cuevas de San Marcos y Cuevas Bajas. La localidad con menos habitantes es Cuevas Bajas, con 1.400, y la m¨¢s poblada es Archidona, en la que hay censadas 8.600 personas. Entre todos suman una plantilla de 32 polic¨ªas locales que se mueven en funci¨®n de las necesidades de cada uno de los pueblos.

La Uni¨®n de Polic¨ªa Local y Bomberos tilda de "chapuza ilegal" la iniciativa

El acuerdo, rubricado bajo el auspicio de la Consejer¨ªa de Gobernaci¨®n, busca los resquicios de la ley de Coordinaci¨®n de Polic¨ªas Locales para crear, en la pr¨¢ctica, servicios mancomunados de polic¨ªa. Sobre el papel no est¨¢ permitido. En otras ocasiones ya se ha intentado, pero el Tribunal Constitucional ha declarado estas pr¨¢cticas contrarias a derecho.

En el sindicato Uni¨®n de Polic¨ªa Local y Bomberos de Andaluc¨ªa (UPLB) tildan de "chapuza ilegal" esta iniciativa. Est¨¢n de acuerdo con el fondo, pero piden que se haga bien y para ello reclaman una reforma de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Los ayuntamientos firmantes del convenio aseguran que la Delegaci¨®n de Gobernaci¨®n est¨¢ "muy interesada" en abordar ese cambio legislativo, ya que ser¨ªa muy ¨²til para pueblos que no pueden permitirse una plantilla amplia de Polic¨ªa Local.

Todo comenz¨® con la firma de convenios bilaterales de Archidona -la poblaci¨®n con m¨¢s polic¨ªas locales- con Villanueva de Tapias y Cuevas del Becerro. Los acuerdos, de un a?o de duraci¨®n, salieron bien, y decidieron ampliar el radio de acci¨®n. "Nos planteamos hacer un convenio de colaboraci¨®n mantenido en el tiempo para que cada uno de los siete ayuntamientos pudiese cubrir sus deficiencias de seguridad", explica Manuel S¨¢nchez (IU), alcalde de Archidona.

El convenio se rubric¨® el pasado 27 de septiembre y los municipios est¨¢n encantados. "Es una iniciativa pionera en Andaluc¨ªa, y ya ha despertado inter¨¦s en varios municipios de zonas cercanas", a?ade S¨¢nchez.

El trato prev¨¦ que los agentes puedan trabajar en los municipios vecinos para prestar servicios extraordinarios. Es algo completamente voluntario y que deben hacer fuera de su horario laboral. "Ellos siguen siendo funcionarios del pueblo al que est¨¢n adscritos, y aqu¨ª est¨¢n en comisi¨®n de servicio, les hacemos un contrato por las horas que echan, d¨¢ndoles de alta y todo", detalla Encarnaci¨®n P¨¢ez, alcaldesa de Villanueva de Tapia.

Seg¨²n los alcaldes, los vecinos est¨¢n muy satisfechos. Quieren que en su pueblo haya seguridad y gracias a este acuerdo tienen agentes controlando el tr¨¢fico cuando celebran alg¨²n evento o patrullas extra en fines de semana. Los agentes se han organizado solos. Tienen una bolsa de trabajo, a la que se apuntan voluntariamente, y se les llama en funci¨®n de las necesidades de cada municipio. Cobran una tarifa fija para que no haya discriminaciones. Cada servicio de seis horas son 120 euros.

A pesar de los beneficios patentes de este acuerdo, en el sindicato UPLB denuncian que est¨¢ fuera de la ley. "No es nada novedoso. Choca frontalmente con lo dictado por el Tribunal Constitucional y esta acci¨®n se realiza con el benepl¨¢cito de la Consejer¨ªa de Gobernaci¨®n", mantiene Francisco Corpas, secretario general de UPLB Andaluc¨ªa. La anterior Ley de Coordinaci¨®n de polic¨ªas locales de Andaluc¨ªa preve¨ªa la posibilidad de crear polic¨ªas mancomunadas. En 1989 el Gobierno recurri¨® este articulado ante el Tribunal Constitucional y se declar¨® ilegal, con la excepci¨®n de situaciones de emergencia y previa autorizaci¨®n puntual.

La formaci¨®n sindical ha denunciado esta situaci¨®n ante la Subdelegaci¨®n del Gobierno, el Tribunal Constitucional y la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias.