La Guardia Civil detiene por corrupci¨®n a dos ex alcaldes del PP
El ayuntamiento canario de Santa Br¨ªgida pagaba a las empresas de ambos cargos
Victoria Casas, concejal del municipio grancanario de Santa Br¨ªgida (18.700 habitantes) por Coalici¨®n Canaria, ha desatado en las islas una tormenta pol¨ªtica de consecuencias penales. En 2004 denunci¨® m¨²ltiples irregularidades del consistorio ante el Tribunal de Cuentas canario. La denuncia provoc¨® la imputaci¨®n de todos los consejeros de dicho tribunal, que tras hallar numerosas anomal¨ªas en la gesti¨®n de los dirigentes municipales no las pusieron en conocimiento de la justicia. Y despu¨¦s, la detenci¨®n por orden judicial de los presuntos responsables de los desmanes municipales.
Agentes de la Guardia Civil detuvieron ayer a dos ex alcaldes por el PP del municipio, Carmelo Vega Santana y Antonio D¨ªaz Hern¨¢ndez, y al ex edil de Urbanismo Luis Troya Ram¨ªrez, junto a tres t¨¦cnicos municipales. Los delitos que se les imputan son fraude, exacciones ilegales, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, falsificaci¨®n documental, prevaricaci¨®n, tr¨¢fico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios.
Lo llamativo del caso no es tanto que el titular del juzgado n¨²mero uno de Las Palmas y un fiscal hayan tomado ahora cartas en el asunto de manera tan espectacular, sino que el tribunal auton¨®mico de cuentas no hallara nada delictivo en las conclusiones que emitieron en su informe de 27 de septiembre de 2006. No en vano, el propio informe que ellos aprobaron fue el que, puesto en manos de la fiscal¨ªa por la edil Casas, supuso su imputaci¨®n colectiva por un juzgado de Tenerife, sede de tal instituci¨®n, y la orden de detenci¨®n de los concejales implicados en las supuestas corruptelas.
Las irregularidades denunciadas ante el Tribunal de Cuentas por la edil Casas y por los inspectores de la instituci¨®n auditora, que advirtieron de que algunos de los asuntos descubiertos en la gesti¨®n del Ayuntamiento de Santa Br¨ªgida entre 2000 y 2005 deb¨ªan ser encaminados a la v¨ªa penal, fueron las siguientes:
- No existi¨® un registro de contratos, hubo gastos sin expediente de contrataci¨®n, otros se fraccionaron ilegalmente y no se publicaron los contratos menores.
- En 2003 y 2004 el Ayuntamiento abon¨®, sin mediar contrato alguno, a empresas (Hostelea Carmelo Vega y Las Casillas de Servicios Hosteleros) administradas por el alcalde Antonio Vega, gastos (casi 30.000 euros) por atenciones protocolarias.
- Existieron pagos de facturas (98.240 euros) a una ferreter¨ªa vinculada al ex concejal de Urbanismo por el PP, Luis Troya, que, precisamente, dio su aprobaci¨®n municipal al gasto.
- Se abonaron pagos de servicios sin que constase la existencia de v¨ªnculo laboral o contractual con la corporaci¨®n.
- No se aplicaron retenciones por el IRPF ni del impuesto general indirecto canario.
- No se liquid¨® el impuesto sobre construcciones a la Uni¨®n Temporal de Empresas que realiz¨® un complejo de aparcamiento, plaza y locales comerciales, perd¨®n que supuso m¨¢s de 600.000 euros a la firma.
- La corporaci¨®n carec¨ªa de inventario de bienes.
Al margen de los tres citados pol¨ªticos locales, fueron detenidos ayer tres t¨¦cnicos del Ayuntamiento: Santiago Hern¨¢ndez ?lvarez, que cumpl¨ªa funciones de interventor, Antonio Ventura Rodr¨ªguez (jefe del almac¨¦n municipal de obras) y Jacinto Hern¨¢ndez ?lvarez, con labores de secretario general.
En marzo de 2006, el ex alcalde Vega y el ex concejal de Urbanismo Troya fueron ya condenados a nueve a?os de inhabilitaci¨®n especial para cargo p¨²blico, como responsables de un delito de prevaricaci¨®n.
El nombre de Troya tambi¨¦n apareci¨® en una pieza del caso Fayc¨¢n, que investiga una trama de corrupci¨®n urban¨ªstica en el Ayuntamiento de Telde (tambi¨¦n gobernado por el PP), justo el que da pie al caso Europa, por entregar supuestamente informaci¨®n del catastro del municipio de Santa Br¨ªgida al administrador ¨²nico del Grupo Inmobiliario Europa SAU, Jos¨¦ Manuel Ant¨®n Mar¨ªn.
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