La reforma agraria andaluza, clave en la pelea sobre la ley de la vivienda
CiU y PP discuten sobre la expropiaci¨®n del uso, que dirimir¨¢ el Consultivo
Una ley andaluza de la d¨¦cada de 1980, la Reforma Agraria, que prev¨¦ la expropiaci¨®n de tierras agrarias que no se cultivan bas¨¢ndose en su funci¨®n social, est¨¢ resultando clave en la discusi¨®n entre los partidos del tripartito y la oposici¨®n sobre la legalidad del proyecto de Ley del Derecho a la Vivienda. ?sta prev¨¦ la expropiaci¨®n temporal del uso de pisos vac¨ªos tambi¨¦n con el argumento de que en desuso incumplen su funci¨®n social.
Tal como anunciaron, CiU y PP han solicitado esta semana que el Consejo Consultivo se pronuncie sobre la legalidad de una docena de art¨ªculos de la Ley de Vivienda que consideran que vulneran, entre otras cuestiones, el derecho a la propiedad privada. En el otro lado del arco parlamentario, los partidos del tripartito conf¨ªan en que la ley supere el tr¨¢mite del Consultivo y apoyan sus argumentos en el precedente andaluz. En 1987, y tras el recurso presentado por 53 senadores de Alianza Popular, el Tribunal Constitucional aval¨® el texto.
"Esa sentencia es el referente m¨¢s claro; les dec¨ªa a los terratenientes que hab¨ªa que cultivar la tierra, como ahora se dice a los propietarios que los pisos hay que usarlos para vivir", afirma la diputada de ICV y ponente relatora de la Ley, Dolors Clavell. En parecidos t¨¦rminos se expresa el diputado del PSC Roberto Labandera, quien recuerda que el redactado final del art¨ªculo 42.6, el del alquiler forzoso, "tiene muchos m¨¢s matices que el inicial, de 2005, y da muchas garant¨ªas al propietario". "Creemos que la ley pasar¨¢ el Consultivo sin retoques", concluye. Tambi¨¦n valora el precedente de la reforma agraria andaluza el diputado Pere Aragon¨¨s (ERC): "Si se reconoci¨® la funci¨®n social de la tierra cultivable, qu¨¦ funci¨®n no se reconocer¨¢ a una vivienda".
Desde la oposici¨®n discrepan de estas posturas. Carles Sala, diputado de CiU, cuestiona el paralelismo entre los dos textos y afirma: "no es lo mismo entender la funci¨®n social de la propiedad en elementos no productivos que en los que s¨ª lo son, como los campos de cultivo". CiU ha solicitado al Consultivo dictamen sobre la adecuaci¨®n de cinco art¨ªculos del Proyecto de Ley al Estatuto. Adem¨¢s del art¨ªculo que prev¨¦ el alquiler forzoso, CiU duda de la legalidad del que prev¨¦ destinar el 20% de los pisos nuevos en suelo urbano a vivienda social; del grado de responsabilidad en el mantenimiento de una vivienda por parte del due?o que prev¨¦ el texto, o del sistema de adjudicaci¨®n de las viviendas sociales. El PP ha solicitado al Consultivo que se pronuncie sobre 15 art¨ªculos, entre los que tambi¨¦n figura el 42.6. Los representantes del PP no respondieron ayer a las llamadas de este diario.
Las solicitudes de dictamen de CiU y PP se han presentado ante la Mesa del Parlament, que se reunir¨¢ el pr¨®ximo martes y las remitir¨¢ al Consejo Consultivo, que dispondr¨¢ de un mes para pronunciarse. El Consultivo es un organismo integrado por siete juristas: dos los elige el Gobierno catal¨¢n y los cinco restantes, el Parlament. El presidente del Consejo es Pere Jover, propuesto por el PSC como Ant¨°nia Agull¨®. Jaume Vernet fue propuesto por ERC y Marc Carrillo por ICV. Los dos juristas propuestos por CiU son Agust¨ª Bassols y Jaume Camps, y Joaquim Borrell lo fue por el PP.
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