La Audiencia aprueba la extradici¨®n de Al Kassar con condiciones

La Audiencia Nacional acord¨® ayer, por dos votos a favor y uno en contra, la extradici¨®n del traficante de armas sirio Monzer Al Kassar a Estados Unidos, donde se le reclama por su supuesta participaci¨®n en una operaci¨®n de venta de armamento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El tribunal condiciona la entrega de Al Kassar a que previamente y por v¨ªa diplom¨¢tica se garantice que no ser¨¢ condenado a pena de muerte en Norteam¨¦rica y a que si la condena fuera de cadena perpetua, "la misma no ser¨¢ indefectiblemente de por vida".

La sentencia no es firme y puede ser recurrida en s¨²plica al pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y tiene posibilidades de que pueda prosperar, puesto que la magistrada Teresa Palacios formul¨® un voto particular. En todo caso, y si la Audiencia decidiera finalmente que la extradici¨®n es procedente, ser¨¢ el Gobierno espa?ol el que tenga la ¨²ltima palabra sobre la entrega o no del reclamado.

Delito provocado

Los magistrados Carmen Paloma Gonz¨¢lez y Juan Francisco Martel han estimado que la petici¨®n estadounidense cumple todos los requisitos legales y que por tanto la justicia espa?ola debe acceder a la extradici¨®n.

Por el contrario, su compa?era de tribunal, Teresa Palacios, ha discrepado de la postura mayoritaria y ha formulado un voto particular en el que se?ala que se deb¨ªan de haber aceptado las alegaciones formuladas por el abogado Jos¨¦ Luis Sanz Arribas, defensor de Al Kassar. El letrado argument¨® que la extradici¨®n fue preparada en una operaci¨®n de delito provocado por la agencia antidroga norteamericana DEA, procedimiento muy usual y legal en Estados Unidos, pero que est¨¢ expresamente prohibido en el ordenamiento jur¨ªdico espa?ol.

Para Palacios, la "infiltraci¨®n de personas por encargo de la DEA no iban dirigidas en busca de informaci¨®n o prueba de la existencia de una actividad il¨ªcita en curso para impedirla o sancionarla, sino en producci¨®n de un ficticio delito". Es decir, la justicia espa?ola permite que haya agentes infiltrados en una operaci¨®n, pero s¨®lo como medio de obtener informaci¨®n o las pruebas de un delito que ya se estaba cometiendo. Lo que no est¨¢ permitido es que agentes policiales infiltrados provoquen que se produzca un delito por el sistema de proponer una operaci¨®n de tr¨¢fico de armas, o de drogas, para as¨ª poder detener a los que piquen en el cebo.

Al Kassar presentar¨¢ antes de tres d¨ªas recurso contra la decisi¨®n de la Audiencia Nacional.