Sabotaje a las instituciones

La guerra del PP para hacerse con la presidencia del Constitucional libr¨® el pasado fin de semana una batalla esperp¨¦ntica: Astarloa al frente de una cincuentena de diputados recus¨® a los magistrados Arag¨®n, P¨¦rez Tremps y Sala para conocer el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Popular contra la reforma de la Ley Org¨¢nica del Tribunal Constitucional (LOTC), en especial la pr¨®rroga autom¨¢tica del mandato del presidente hasta que se resuelva la siguiente renovaci¨®n del ¨®rgano. El escrito se considera obligado a cumplir "ese penoso deber" por culpa de la id¨¦ntica petici¨®n "desmesurada y sin precedentes" del Gobierno contra dos magistrados -Garc¨ªa-Calvo y Rodr¨ªguez-Zapata- designados en su d¨ªa bajo el amparo del Grupo Popular. Donde las dan las toman, insin¨²a Astarloa, que se jacta de haber calcado "en su estructura y literalidad" las alegaciones del Abogado del Estado sobre el caso precedente. O todos o ninguno; "los argumentos son de ida y vuelta": y si recusables fueron ayer Garcia-Calvo y Rodr¨ªguez-Zapata, igual lo ser¨¢n hoy Arag¨®n, P¨¦rez Tremps y Sala. Existe, sin embargo, una diferencia entre ambos casos, que deber¨ªan en buena l¨®gica examinarse de forma escalonada y consecutiva. Las dos abstenciones ya tramitadas y una eventual aceptaci¨®n de las dos recusaciones del Gobierno permitir¨ªan al TC resolver el recurso de inconstitucionalidad contra la LOTC; las tres recusaciones posteriores del PP, en cambio, dejar¨ªan al alto tribunal sin el qu¨®rum necesario y le impedir¨ªan pronunciarse, conculcando el principio de su ineludible obligaci¨®n de hacerlo.

El Constitucional y el Consejo del Poder Judicial est¨¢n siendo conducidos al colapso

El tono provocativo y c¨ªnico con que el PP justifica la arbitraria recusaci¨®n se extiende a todas sus actuaciones sobre el Tribunal Constitucional (TC) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), creados por los constituyentes de 1978 a fin de impedir los ileg¨ªtimos desbordamientos legislativos del marco constitucional, la burla de la divisi¨®n de poderes y los conflictos entre el imperio de la ley y el principio democr¨¢tico. Las mayor¨ªas cualificadas de los tres quintos del Parlamento exigidas para la elecci¨®n de los miembros de estos ¨®rganos parec¨ªan situarlos por encima de los intereses partidistas. Desgraciadamente ambas instituciones atraviesan una grav¨ªsima crisis que podr¨ªa desembocar en el colapso del Estado de derecho. Tanto el TC, int¨¦rprete supremo de la Constituci¨®n, como el CGPJ, ¨®rgano de gobierno de los jueces, est¨¢n siendo utilizados por la oposici¨®n como campo de maniobras para una peligrosa estrategia desestabilizadora.

La actual mayor¨ªa del CGPJ, elegida en 2002 por unas Cortes bajo control del PP para un mandato quinquenal ya vencido en noviembre de 2007, ha sido el encarnizado azote del Gobierno durante esta legislatura. Los dirigentes populares, en connivencia con sus agradecidos patrocinados, parecen dispuestos a obsequiar con la inmortalidad a esa encarnaci¨®n temporal del CGPJ mediante el expediente de ordenar a sus diputados y senadores que nieguen el imprescindible apoyo a la formaci¨®n de las mayor¨ªas cualificadas exigidas; la ausencia de previsiones constitucionales para impedir ese escandaloso boicoteo cierra la maniobra. Zaplana acaba de ratificar el prop¨®sito -anunciado hace ya casi dos a?os por Astarloa- de sabotear la preceptiva renovaci¨®n del CGPJ como represalia contra el programa legislativo de la mayor¨ªa parlamentaria o como chantaje para modificarlo seg¨²n sus caprichos. Y quien hace un cesto hace ciento: ?no intentar¨¢ el PP demorar tambi¨¦n indefinidamente la renovaci¨®n de los cuatro magistrados del TC -que le son favorables ahora por tres a uno- elegibles por el Senado?

La conquista de la presidencia del TC ser¨ªa el paso intermedio y el instrumento necesario del PP para declarar la inconstitucionalidad de la mayor parte de las 19 disposiciones normativas que ha impugnado durante esta legislatura: desde el Estatuto de Catalu?a hasta la ley de matrimonio homosexual, pasando por la ley de igualdad, la devoluci¨®n de los papeles de Salamanca o el Plan Hidrol¨®gico Nacional. La voluntad de hacer tabla rasa de la labor realizada por las mayor¨ªas del Congreso y el Senado trasluce un antidemocr¨¢tico menosprecio hacia el Poder Legislativo (y a su trav¨¦s hacia los ciudadanos que lo votaron) y muestra el prop¨®sito de convertir al alto tribunal en una Tercera C¨¢mara al servicio de la minor¨ªa electoral. En el caso del Estatuto de Catalu?a, la intervenci¨®n de dos Parlamentos (las Cortes Generales y la Asamblea auton¨®mica) y del refer¨¦ndum popular de ratificaci¨®n para aprobar el texto aumenta el riesgo de un conflicto entre el principio mayoritario y el imperio de la ley. A fin de llevar a cabo esa operaci¨®n de desmantelamiento el PP necesitar¨ªa controlar al presidente del TC, que fija el orden de discusi¨®n de los recursos pendientes y cuyo voto de calidad deshace los empates, tan frecuentes en un tribunal formado por la cifra par de 12 magistrados y escindido ahora en dos por la indeseable politizaci¨®n de sus relaciones internas.