La memoria y el esp¨ªritu de la transici¨®n

Ahora que se encuentra en tr¨¢mite la llamada Ley de la Memoria Hist¨®rica con un texto mejorado, merced a las numerosas enmiendas introducidas, distintas voces desde el principal partido de la oposici¨®n intentan desacreditarla haci¨¦ndose portavoces de un supuesto esp¨ªritu de la transici¨®n, a la que tantas trabas pusieran en su momento, defendiendo el borr¨®n y cuenta nueva que supuso la Ley de Amnist¨ªa de octubre de 1977.

Treinta a?os que, por momentos, no parecen haber cambiado nada en una derecha pol¨ªtica que no es capaz de asimilar sin reticencias su condena a la Guerra Civil y a la dictadura del general Franco, cuando en su seno existen mimbres generacionales que, sin lugar a dudas, sostienen posturas inequ¨ªvocamente democr¨¢ticas sobre la cuesti¨®n, desmarc¨¢ndose de ese periodo negro de la historia de Espa?a.

El doble rasero parece inspirar a los defensores del 'borr¨®n y cuenta nueva'

Negar la evidencia de la historia no tan lejana de Espa?a es tanto como negar que destacados miembros del Partido Popular se encontraron muy c¨®modos durante la dictadura, pero treinta a?os despu¨¦s de su desaparici¨®n y con el caudal informativo sobre las injusticias y sobre el retraso que supuso en todos los ¨®rdenes, sociales, culturales y pol¨ªticos, parecer¨ªa acertado que la ciudadan¨ªa percibiera signos evidentes de readaptaci¨®n a los nuevos tiempos que, dicho sea de paso, ser¨ªan recibidos como una lecci¨®n educativa a los nost¨¢lgicos.

En esa reticencia a condenar la injusticia se encuentra, sin duda, la base del clima de crispaci¨®n de esta legislatura en la que se ha creado una tensi¨®n innecesaria que, en ning¨²n caso, se basaba en factores objetivos y que afortunadamente parece ir remitiendo.

C¨®mo entender si no las continuas alusiones sobre el alcance de lo que supuso la Ley de Amnist¨ªa. Alusiones que desbordan el contenido de la misma, que declar¨® exentos de responsabilidad penal todos los actos de intencionalidad pol¨ªtica tipificados como delitos y sus conexos, realizados antes del 15 de diciembre de 1976, pero que en ning¨²n momento tuvo la pretensi¨®n de provocar el olvido de la historia y menos todav¨ªa el ser un freno a la reivindicaci¨®n moral y pol¨ªtica de los que sufrieron por defender la legalidad republicana y la instauraci¨®n de las libertades.

El doble rasero y unas ciertas dosis de hipocres¨ªa son los elementos que parecen inspirar a los defensores del borr¨®n y cuenta nueva. Y para muestra un bot¨®n: mientras se afirma que esta norma rompe el consenso de la transici¨®n por reconocer derechos elementales a los represaliados pol¨ªticos -muchos de cuyos restos se encuentran todav¨ªa en fosas comunes y cunetas no existe el menor problema para que la Iglesia, dentro de la m¨¢s absoluta normalidad, beatifique a cientos de sacerdotes y religiosos ejecutados en el enfrentamiento armado. Como si s¨®lo los vencedores de la contienda, como fue el caso durante decenios, tuvieran el derecho a reivindicar la memoria de las v¨ªctimas.

Pero, si hablamos de memoria hist¨®rica, ser¨ªa bueno en este debate recordar que hace ahora treinta a?os se aprob¨® la Ley de Amnist¨ªa por las Cortes espa?olas, eso s¨ª, con la abstenci¨®n de Alianza Popular, que no quiso participar ni siquiera en la comisi¨®n redactora del proyecto, pese a que constituida ¨¦sta y por unanimidad de sus integrantes se invit¨® reiteradamente a sus representantes, sin resultado alguno.

La de Amnist¨ªa fue una de las leyes claves de la transici¨®n. Discutida y aprobada tras las elecciones de junio de 1977, en plena discusi¨®n de los Acuerdos de la Moncloa y con ruido de sables al fondo, cumpl¨ªa una reiterada aspiraci¨®n de las fuerzas contrarias a la dictadura y daba credibilidad al proceso democr¨¢tico. Se trataba de amnistiar a las decenas de miles de represaliados, muchos de ellos exiliados, que cometieron la imprudencia de oponerse al franquismo.

El acuerdo sobre la ley no fue f¨¢cil, aunque las discusiones entre los representantes de los partidos pol¨ªticos estuvieron presididas por la voluntad del consenso. Hubo un gran debate sobre la fecha de aplicaci¨®n en tres fases y la raz¨®n de las exclusiones habidas en cada una de ellas; la autoridad aplicante; las garant¨ªas de aplicaci¨®n y el plazo m¨¢ximo para ello.

El acuerdo en la Comisi¨®n redactora parlamentaria fue general en casi todos los casos, pero desde el primer momento se pudo constatar que el escollo se produc¨ªa en tres aspectos concretos: la amnist¨ªa laboral; la de los presos de ETA que hab¨ªan cometido delitos de sangre y la de los militares represaliados.

La amnist¨ªa laboral era necesaria para permitir a miles y miles de trabajadores y funcionarios que fueron despedidos de sus puestos de trabajo por razones pol¨ªticas reintegrarse a ellos sin p¨¦rdida de derechos, cubriendo el Estado las cotizaciones a la Seguridad Social.

La amnist¨ªa de los presos condenados o acusados por pr¨¢cticas terroristas, que ten¨ªan las manos manchadas de sangre, sobre todo ETA, fue harina de otro costal. Desde el primer momento UCD se opuso frontalmente a esa posibilidad, alegando esencialmente que la sociedad no lo entender¨ªa y que los militares no lo aceptar¨ªan.

En alg¨²n momento pareci¨® que el acuerdo devendr¨ªa imposible y no fue hasta el ¨²ltimo momento del ¨²ltimo d¨ªa que el Gobierno lo acept¨®, al record¨¢rsele que las objeciones carec¨ªan de fuerza moral, cuando las condenas se hab¨ªan aplicado por un r¨¦gimen pol¨ªtico que bas¨® su legitimidad en un levantamiento armado contra un Gobierno elegido democr¨¢ticamente, que consolid¨® su existencia en la victoria en una cruenta Guerra Civil -que destroz¨® al pa¨ªs-, en la supresi¨®n absoluta de las libertades p¨²blicas y en una represi¨®n masiva y brutal contra sus opositores.

Lo cierto es que la Ley puso en libertad a todos los condenados por terrorismo, pese a la resistencia del aparato militar que les ten¨ªa encarcelados.

La gran frustraci¨®n de los representantes de la izquierda en la Comisi¨®n parlamentaria redactora de la ley fue la clara insuficiencia de la amnist¨ªa militar, sobre todo la que se refer¨ªa a los oficiales y mandos que fueron condenados por pertenecer a la Uni¨®n Militar Democr¨¢tica, a los que no se les reintegr¨® en sus puestos en el Ej¨¦rcito. La posici¨®n de UCD fue inamovible. Se podr¨ªan reconocer los derechos econ¨®micos, como se hizo, de los mandos apartados del Ej¨¦rcito. Se prometi¨® que m¨¢s adelante se resolver¨ªa su situaci¨®n, pero su posici¨®n no cambi¨®. La aprobaci¨®n de la propia Ley se tambale¨® y estuvo a punto de irse a pique. Dejar fuera a los militares dem¨®cratas constitu¨ªa una injusticia flagrante, muy dif¨ªcil de aceptar. Pero los representantes de UCD fueron expl¨ªcitos: el vicepresidente del Gobierno, Guti¨¦rrez Mellado, en sus intentos de neutralizaci¨®n al Ej¨¦rcito, se hab¨ªa comprometido con sus altos mandos en que mientras estuviera en su puesto los miembros de UMD no volver¨ªan a las Fuerzas Armadas. Y si la Ley acordaba lo contrario dimitir¨ªa de la vicepresidencia.

Antes de que se produjera esa situaci¨®n, los integrantes de la delegaci¨®n de UCD transmitieron la que afirmaron era la decisi¨®n del presidente Su¨¢rez. No pod¨ªa permitirse la dimisi¨®n de su segundo en el Gobierno y antes de ello daba carpetazo a la Ley de Amnist¨ªa y se replanteaba la continuaci¨®n de los Pactos de la Moncloa. Puesta en tal disyuntiva, la oposici¨®n entendi¨® que se hab¨ªa alcanzado un acuerdo en muchas cosas positivas y no merec¨ªa la pena arriesgarse a perderlas todas.

Y ese fue el esp¨ªritu de la transici¨®n al que algunos aluden constantemente pero en el que, en ese caso, como en muchos otros, se negaron a participar.

Jaime Sartorius es abogado.