El Supremo de EE UU bloquea la aplicaci¨®n de la pena de muerte

El Tribunal Supremo de EE UU ha dado un paso decisivo en lo que puede ser una moratoria de hecho de la pena de muerte. Al parar en Misisipi, menos de una hora antes del horario fijado, la ejecuci¨®n de Earl W. Perry, que hab¨ªa agotado todos los recursos, incluido el de apelar a la octava enmienda para evitar que se le aplique un castigo cruel e inhumano (estaba fuera de plazo, pero la trayectoria adoptada por el Supremo anim¨® a sus abogados a quemar ese ¨²ltimo cartucho), los jueces est¨¢n adelantando un mensaje: la pena de muerte avanza en el terreno de los tribunales hacia su paralizaci¨®n, que no prohibici¨®n.

Ya son tres las m¨¢ximas penas suspendidas desde que el pasado 25 de septiembre el Supremo anunciase su intenci¨®n de considerar si es constitucional usar la inyecci¨®n letal, por tratarse de un c¨®ctel mortal de medicamentos que produce enorme sufrimiento y dolor en quien es aplicado, lo que entra en colisi¨®n con la octava enmienda.

Tan s¨®lo una persona ha sido ejecutada desde esa fecha: Michael Richard, en Tejas, cuya Corte Suprema se neg¨® a suspender su muerte a pesar de la direcci¨®n adoptada por la m¨¢xima instancia judicial del pa¨ªs. Pero todo apunta a que la ejecuci¨®n de Richard puede convertirse en la ¨²ltima: durante meses, o quiz¨¢s para siempre, si finalmente el Supremo decide en el caso conocido como Baze versus Rees -el apellido del preso que junto a Thomas Bowling abri¨® la espita y denunci¨® el procedimiento como cruel y reclaman no ser ejecutados frente al apellido del responsable de prisiones de Kentucky- que la inyecci¨®n letal es inconstitucional y se necesitan nuevos protocolos para acabar con la vida de los reos sin que sufran.

Si bien es cierto que la actual moratoria de facto es una reminiscencia de lo sucedido a finales de los sesenta y principios de los setenta cuando se paralizaron algunas ejecuciones hasta su prohibici¨®n final en 1972, el parecido es superficial. En aquel entonces se cuestion¨® la constitucionalidad de la pena capital en s¨ª, y se invalidaron las leyes que la permit¨ªan. Cuando en 1976 el Supremo inaugur¨® una nueva ¨¦poca en la pena de muerte, lo hizo bajo normas reelaboradas. Hoy en d¨ªa, la constitucionalidad de la pena de muerte no est¨¢ en cuesti¨®n y los presos no desaf¨ªan la validez de sus condenas. Llegado el caso, lo que el Supremo cuestiona ni siquiera es la inyecci¨®n letal en s¨ª, el m¨¦todo para acabar con la vida de los condenados en el corredor de la muerte y en vigor en 37 de los 38 Estados (de un total de 50). Hilando muy fino lo que los magistrados estudian es si es anticonstitucional la mezcla de barbit¨²ricos que se inyectan en la sangre del condenado. La elaboraci¨®n del m¨¦todo. No de la pr¨¢ctica.

La inyecci¨®n letal comenz¨® a utilizarse en 1978 como una alternativa a m¨¦todos como la horca, la c¨¢mara de gas, la electrocuci¨®n y el fusilamiento. Desde que la pena de muerte se reinstaur¨® en EE UU en 1976, un total de 790 de las 1.099 ejecuciones que se han llevado a cabo hasta hoy han sido con inyecciones intravenosas de barbit¨²ricos.

Los 37 Estados que emplean la inyecci¨®n letal usan la misma mezcla de drogas: una anestesia, un paralizante muscular y una sustancia que detiene la marcha del coraz¨®n.