El Supremo condena al Ayuntamiento por negar una auditor¨ªa al PSOE

Varapalo jur¨ªdico para el Ayuntamiento de Madrid. El Tribunal Supremo ha condenado al Consistorio de la capital a entregar una auditor¨ªa sobre el Instituto Municipal para el Empleo y la Formaci¨®n Empresarial (IMEFE) a la edil socialista Isabel Vilallonga, que la solicit¨® en 2001 tras descubrirse irregularidades en los cursos de formaci¨®n de este organismo.

La concejal, que pidi¨® el informe en tiempos del anterior alcalde, Jos¨¦ Mar¨ªa ?lvarez del Manzano (PP), se mostr¨® "muy contenta" con el fallo, ya que reconoce la labor de control que tienen los partidos de la oposici¨®n.

El llamado caso IMEFE se encuentra ahora pendiente de juicio en la Audiencia Provincial, despu¨¦s de que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n presentara su escrito de acusaci¨®n contra el entonces director de este organismo dependiente del Ayuntamiento de Madrid, Ricardo Peydr¨® Bl¨¢zquez, y el director del Servicio de Formaci¨®n Ocupacional, Jos¨¦ Luis Solana Azc¨¢rate.

El fiscal reclama para cada uno de ellos nueve a?os de c¨¢rcel por el esc¨¢ndalo de las adjudicaciones de cursos de formaci¨®n de empleo que no fueron impartidos y en los que se falsificaron las firmas de los supuestos asistentes.

Vilallonga solicit¨® en mayo de 2002 al Ayuntamiento el acceso a la mencionada auditor¨ªa, pero se le deneg¨®. La concejal presid¨ªa entonces la comisi¨®n que investig¨® este caso en 2001, que salt¨® a la luz p¨²blica tras varias denuncias presentadas por su grupo y por IU.

La sentencia, fallada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo y cuyo ponente ha sido el magistrado Jos¨¦ D¨ªaz Delgado, reconoce que a la edil Vilallonga "le interesa el conocimiento del funcionamiento de dichos cursos, sobre los que posiblemente tendr¨¢ que decidir en el futuro". Y se basa para ello en el art¨ªculo 23.2 de la Constituci¨®n espa?ola y en la Ley Reguladora de las Bases de R¨¦gimen Local, seg¨²n la cual los integrantes de una corporaci¨®n "pueden obtener informes que efectivamente obren en poder de la entidad local [el Ayuntamiento] y que resulten precisos para el desarrollo de su funci¨®n". En caso contrario, ser¨ªa "una violaci¨®n del derecho de participaci¨®n de los cargos p¨²blicos".

El Alto Tribunal entiende que ambas circunstancias se daban en el caso de la demanda de Vilallonga, ya que la auditor¨ªa fue encargada por el Ayuntamiento de Madrid para adjuntar a un informe del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que subvencionaba los cursos con fondos europeos.

Por tanto, la auditor¨ªa era propiedad del Consistorio y deb¨ªa haberla distribuido tambi¨¦n a la oposici¨®n: "El documento ha sido generado enteramente en el Ayuntamiento, por un ¨®rgano suyo, y por otra parte la materia auditada afecta directamente a la vida municipal y al ejercicio fundamental que ampara a la actora", dice la sentencia.

El tribunal acepta el recurso de casaci¨®n presentado por la concejal y obliga al Ayuntamiento a entregar a la edil la citada auditor¨ªa. ?sta fue redactada por KPMG Auditores tras ganar un contrato convocado por los servicios de Hacienda, Econom¨ªa y Comercio del Consistorio madrile?o, seg¨²n el fallo.

El Ayuntamiento, por su parte, hab¨ªa alegado ante el Tribunal Supremo que la auditor¨ªa deb¨ªa haberse solicitado directamente al Ministerio de Trabajo, depositario del informe sobre los cursos del IMEFE. Los magistrados entienden que esta petici¨®n resulta err¨®nea: "No estamos ante un documento secreto y clasificado".

La concejal del PSOE se mostr¨® ayer muy satisfecha por el fallo del Tribunal Supremo. En su opini¨®n, "sienta un precedente muy importante en relaci¨®n con los derechos que tiene la oposici¨®n".

"En ese tiempo intent¨¢bamos demostrar que hab¨ªa cosas fraudulentas en el IMEFE y que nunca se dieron algunos cursos. L¨¢stima que haya llegado tan tarde esta sentencia y que parte de aquella investigaci¨®n haya quedado tan lejos", afirm¨® la concejal Vilallonga.