Madrid no aplica la Ley de Dependencia por "discriminatoria"

Por fin ayer se vio el tap¨®n que mantiene congelada en la Comunidad de Madrid la aplicaci¨®n de la Ley de Dependencia, aprobada en el Congreso el pasado enero. Por fin la consejera de Asuntos Sociales, Mar¨ªa G¨¢dor Ongil, dijo a las claras cu¨¢les son las razones por las que no firma el convenio con el ministerio, que conllevar¨ªa la ayuda autom¨¢tica de 250 euros a los llamados "grandes dependientes" y el desembolso de 23 millones de euros para atender (con distintos tipos de prestaciones) a los 23.400 que se calcula que existen en la regi¨®n. "Nosotros queremos que computen a los que ya est¨¢n siendo atendidos, que se reconozca a todos los dependientes que ya estamos atendiendo con alg¨²n tipo de prestaci¨®n porque si no es discriminatorio y parece que se quiera premiar a las comunidades que no han cumplido anteriormente".

De las 6.000 personas examinadas en Madrid, el 40% son grandes dependientes

Seg¨²n la Comunidad, m¨¢s de 130.000 afectados reciben ayudas

Y ah¨ª est¨¢ el origen del bloqueo que mantiene a miles de personas, como a Lucila Dom¨ªnguez, de 84 a?os, a la espera de una ayuda que no llega. Como 10.000 personas m¨¢s, seg¨²n los datos facilitados ayer por la Direcci¨®n General de la Dependencia, la hija de Lucila reivindic¨® en mayo el derecho que le daba la nueva ley y present¨® su solicitud. Su madre, con un 83% de minusval¨ªa reconocida por la Comunidad de Madrid hace ya a?os, s¨®lo ten¨ªa derecho a que alguien la atendiera durante 50 horas mensuales, repartidas como a ella, prejubilada convertida en cuidadora, le viniera bien. "Obviamente", dice, "con una persona en un estado semicomatoso como mi madre, he necesitado contratar a otra por 750 euros para que me ayude, y sin poder hacerlo legalmente, porque no tiene papeles y no se los dan", explica.

Lucila es una de las 6.000 privilegiadas que ha recibido su valoraci¨®n y forma parte del 40% de esos 6.000 que, seg¨²n Ibarrola, han sido valorados como grandes dependientes. En julio recibi¨® la primera respuesta de la Comunidad, en la que le reconoc¨ªan un grado tres de dependencia con nivel dos (el m¨¢s alto). La siguiente carta -presumiblemente redactada por alguna de las 66 personas que el Gobierno regional contrat¨® para hacer las evaluaciones- la recibi¨® anteayer: "Se pondr¨¢n en contacto con usted al objeto de darle audiencia previa para establecer de forma consensuada, entre las alternativas que se propongan, el servicio o prestaci¨®n m¨¢s adecuado a su situaci¨®n". A¨²n no lo han hecho.

El de Lucila es un caso que representa perfectamente la situaci¨®n actual. Seg¨²n lo dicho ayer por Ongil, el desarrollo de la Ley de Dependencia (materializado en el citado convenio -y anexos- todav¨ªa por firmar), no permitir¨ªa que Lucila recibiese las nuevas ayudas, por tratarse de una "antigua" dependiente. Sin embargo, el propio escrito que le envi¨® la Comunidad a Lucila y a su hija alude a la nueva legislaci¨®n e incluso pormenoriza los tipos de ayudas a los que podr¨ªa acogerse, entre ellos el m¨¢s excepcional de todos: la dotaci¨®n econ¨®mica.

Porque lo que la nueva ley establece no es que "s¨®lo puedan ser computados los nuevos grandes dependientes", como dijo la consejera, sino todos los que sean clasificados como tal a partir del momento en que entr¨® en vigor (el pasado 23 de abril). A los ojos de los servicios asistenciales de la Comunidad de Madrid, Lucila era una persona con una minusval¨ªa del 83%. Pero ahora, con la nueva nomenclatura y los nuevos par¨¢metros (iguales para todo el Estado), tiene una nueva clasificaci¨®n: es una "gran dependiente" y, en consecuencia, una de las espa?olas que tiene derecho este a?o a recibir las ayudas y servicios establecidos por la nueva norma.

"Es completamente falso que el Gobierno no quiera atender a todos los grandes dependientes; lo que el Gobierno quiere es que se les eval¨²e con arreglo a los par¨¢metros actuales y se les destine la atenci¨®n que necesitan, ni m¨¢s ni menos", aseguran fuentes del Ministerio de Asuntos Sociales. "No se trata ni de nuevos ni de antiguos dependientes, se trata de evaluar a todos aquellos que cumplan los requisitos que establece la ley para garantizarles su derecho: un servicio adecuado", aclaran.

En el caso de Lucila tendr¨¢n que reconocer, como en el de muchas de las 137.139 personas que, seg¨²n la consejer¨ªa, reciben alguna asistencia de la Comunidad, que no es suficiente la atenci¨®n que ven¨ªa recibiendo (50 horas mensuales). Y deber¨¢n ofrecerle una prestaci¨®n m¨¢s ajustada a su situaci¨®n (y a la de su hija).

El hecho de que Madrid haya dicho a las claras que, "para que no haya ciudadanos de primera o de segunda", quiere "que computen todos los dependientes", es algo que, de facto, ya est¨¢n haciendo otras comunidades como Andaluc¨ªa o Valencia. En ambos casos computan a "grandes dependientes" que ya estaban siendo atendidos de alg¨²n modo por los servicios sociales de esas comunidades sin que eso haya supuesto ning¨²n problema m¨¢s all¨¢ de valorarlos como tales.