Los apuros de los ciberpolic¨ªas

Cuando la Polic¨ªa investiga un delito telem¨¢tico, a trav¨¦s de Internet, antes que nada, debe saber desde qu¨¦ m¨¢quina se comete. Para ello necesita tener la direcci¨®n IP de la misma. Y la ley espa?ola dificulta las pesquisas en este primer paso, que debe darse con diligencia. Al menos ¨¦sta fue una de las conclusiones que expusieron mandos de la Polic¨ªa Nacional y la Guardia Civil en el Congreso de Ciberpolic¨ªas celebrado en el SIMO con el auspicio de la BSA (Business Software Alliance), organizaci¨®n dedicada a la protecci¨®n del copyright. Un dato, mientras que en 2002 se detectaron 1.103 infracciones penales usando Internet, en 2007 ya son 5.275.

Juan Salom, comandante jefe del Grupo de Delitos Telem¨¢ticos de la Guardia Civil, dibuj¨® el escenario: "Para investigar un delito de tr¨¢fico en la Red hacen falta los datos de este tr¨¢fico, que deben conservarse y cederse de forma eficiente. Y ah¨ª est¨¢ el problema". En principio, cuando se trata de un delito penal grave, la polic¨ªa puede pedir a la operadora que identifique la direcci¨®n IP sin necesidad de solicitar una orden judicial. Al juez deber¨¢ acudirse para las siguientes diligencias. Sin embargo, Salom cit¨® jurisprudencia del Supremo por la que los n¨²meros telef¨®nicos del llamante y del llamado son datos que afectan al secreto de las comunicaciones y la direcci¨®n IP puede asimilarse a ellas. Para Salom, el problema es que no se distingue entre una comunicaci¨®n privada y una p¨²blica en Internet, como la de alguien que, an¨®nimamente, cuelga un contenido calumnioso en un foro o comparte material ped¨®filo. Si hay que ir al juez para obtener de la operadora esta direcci¨®n... "pueden pasar seis semanas". Un segundo problema, siempre a juicio de Salom, es que las operadoras est¨¢n obligadas a conservar 12 meses los datos de tr¨¢fico (no los contenidos), pero s¨®lo pueden exigirse para delitos graves del C¨®digo Penal y con tr¨¢mite judicial, lo que, adem¨¢s de la tardanza, impide pedirlos para delitos menores o del ¨¢mbito civil, como pueden ser muchos que afectan a la propiedad intelectual.

"Si hay que pedir al juez una direcci¨®n de Internet pueden pasar seis semanas"

Manuel V¨¢zquez, comisario jefe de la Brigada de Investigaci¨®n Tecnol¨®gica de la Polic¨ªa Nacional, coment¨® que la ley contempla con m¨¢s severidad la investigaci¨®n policial en asuntos telem¨¢ticos que en otros. "Podemos ir a un hotel y pedir la identidad del hu¨¦sped de una habitaci¨®n. Obviamente, si queremos entrar en la habitaci¨®n necesitaremos una autorizaci¨®n judicial". En Internet, para saber la direcci¨®n IP, en muchos casos, han de acudir al juez. Para V¨¢zquez es b¨¢sico combinar libertad y seguridad, las garant¨ªas a la privacidad con la eficiencia policial. Un problema a?adido es la velocidad de los cambios tecnol¨®gicos que exigen una formaci¨®n de jueces y polic¨ªas que, a pesar de muchos esfuerzos, es insuficiente.

El debate lo abri¨® Jos¨¦ L¨®pez Calvo, de la agencia de Protecci¨®n de Datos, quien adelant¨® que es inminente una sentencia comunitaria que probablemente ratificar¨¢ que, en asuntos civiles, la polic¨ªa no puede pedir la direcci¨®n IP sin acudir al juez. El caso lo ha planteado un juez espa?ol que debi¨® resolver una demanda en la que Telef¨®nica neg¨® esta informaci¨®n en un caso de derechos de autor. H¨¦ctor Moreno, comisario jefe de la unidad espa?ola de Europol, anunci¨® una pr¨®xima decisi¨®n marco de la Uni¨®n Europea para facilitar el intercambio de datos entre polic¨ªas europeas que busca asegurar la protecci¨®n de la informaci¨®n que se intercambia e intentar limar las diferencias legales en este tema entre pa¨ªses de la UE.