El PP no retirar¨¢ su recusaci¨®n pese al desmentido de seis jueces del Constitucional

El PP no tiene ninguna intenci¨®n de retirar la recusaci¨®n que present¨® contra tres magistrados del Tribunal Constitucional a pesar de que seis miembros de ese ¨®rgano han desmentido la informaci¨®n de El Mundo en la que se basaban los populares.

La recusaci¨®n, que se votar¨¢ el mi¨¦rcoles, se suma a la que el Gobierno ha planteado contra otros dos magistrados, de manera que la aceptaci¨®n de ambas bloquear¨ªa el m¨¢ximo ¨®rgano de la Justicia espa?ola, que se quedar¨ªa con cinco de sus 12 miembros (dos ya se han abstenido).

?ngel Acebes, secretario general del PP, se mostr¨® ayer convencido de que su partido ha hecho lo correcto. "El PP ha hecho la recusaci¨®n, y ahora tiene que ser el tribunal el que se pronuncie. Nosotros estaremos a lo que diga el Constitucional, acataremos cualquier decisi¨®n. No nos planteamos retirarlo".

Acebes no entr¨® directamente en el contenido de las pruebas, desmentidas por seis magistrados, aunque desautoriz¨® indirectamente el desmentido. "No creo que el tribunal se pronuncie en funci¨®n de una informaci¨®n de prensa".

El desmentido, sin embargo, no es s¨®lo una informaci¨®n de prensa. Se trata de una carta firmada por seis magistrados, dos de ellos pertenecientes al sector conservador, y enviada al presidente en funciones del pleno, Vicente Conde Mart¨ªn de Hijas. Los seis participaron en la reuni¨®n del pasado 12 de junio en el despacho de la presidenta Mar¨ªa Emilia Casas. En la reuni¨®n, seg¨²n la informaci¨®n de El Mundo, tres de ellos se habr¨ªan mostrado favorables a la reforma de la Ley Org¨¢nica del Tribunal Constitucional (precisamente los tres que el PP ha recusado). En la carta, de una decena de l¨ªneas, se desmiente esta versi¨®n.

En la carta dirigida a Conde se asegura, por el contrario, que ninguno de los reunidos se pronunci¨® sobre el fondo de la ley, sino que se dieron por enterados de que con la entrada en vigor de la reforma a finales de mayo, y coincidiendo con que el 16 de junio finalizaba el mandato de la presidenta y el vicepresidente, quedaba autom¨¢ticamente prorrogado el mandato de ambos, por el art¨ªculo 16.3 de la nueva ley del Constitucional.

El d¨ªa en que el PP anunci¨® la presentaci¨®n del recurso, hubo un gran momento de confusi¨®n porque durante toda la tarde-noche los portavoces oficiales de esta formaci¨®n no quer¨ªan confirmar una decisi¨®n que hab¨ªa sido adelantada por la ma?ana por Eduardo Zaplana, el portavoz parlamentario.

Firma a ciegas

El d¨ªa anterior por la tarde, martes, 50 diputados hab¨ªan desfilado por el despacho de Mariano Rajoy para firmar el escrito de recusaci¨®n. Firmaron a ciegas, porque la argumentaci¨®n a¨²n no estaba concluida. Poco antes, durante una comida celebrada en los alrededores del Congreso en la que participaron Rajoy, Acebes, Zaplana, Carlos Aragon¨¦s y Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, el l¨ªder hab¨ªa confirmado que la decisi¨®n estaba tomada. Todos los comensales, seg¨²n varios de ellos, mostraron su pesar porque, en su opini¨®n, el Gobierno les hab¨ªa obligado a tomar una decisi¨®n tan dr¨¢stica, que bloqueaba el tribunal, como reacci¨®n a la recusaci¨®n de otros dos magistrados para recuperar la mayor¨ªa del sector progresista en un ¨®rgano fundamental que debe juzgar la constitucionalidad del Estatuto catal¨¢n.

La decisi¨®n estaba, por tanto, cantada. Y al d¨ªa siguiente apareci¨® la informaci¨®n de El Mundo (sin firmar) que serv¨ªa de argumento para la recusaci¨®n. Sin embargo, en la tarde del mi¨¦rcoles, despu¨¦s de que Zaplana, con la informaci¨®n de la comida, la diera por hecha en rueda de prensa, entraron las dudas.

Seg¨²n varios dirigentes consultados en esos d¨ªas, fueron los propios magistrados conservadores del Constitucional, o al menos algunos de ellos -probablemente los que firman la carta de desmentido- quienes trataron de parar la iniciativa al ver que las pruebas con las que se contaba eran muy endebles. Los expertos jur¨ªdicos del PP se movieron toda la tarde en la indecisi¨®n, pero finalmente optaron por dejar la papeleta de decidir en manos del Constitucional.