El respeto al pacto social

El proceso de transici¨®n pol¨ªtica desde la dictadura a la democracia en la Espa?a de 1976 a 1978, que culmin¨® con la Constituci¨®n de 27 de diciembre de 1978, es un aut¨¦ntico pacto social de convivencia.

La consideraci¨®n del fruto de la transici¨®n como un pacto social, un gran acuerdo de los ciudadanos espa?oles para vivir establemente en paz y libertad, otorga a la Constituci¨®n de 1978, su plasmaci¨®n jur¨ªdica, una especial relevancia en sus contenidos y en su estabilidad. Parece razonable pensar que debe tener una amplia prolongaci¨®n en el tiempo y una motivaci¨®n reforzada para su reforma. El planteamiento no explicado de algunos sectores -nacionalistas radicales y extremistas de derecha o de izquierda- de tomar a la Constituci¨®n, como una etapa ef¨ªmera, plataforma para conseguir sus objetivos aut¨¦nticos y reales, se debe excluir por suponer una aut¨¦ntica traici¨®n al pacto social. Una Constituci¨®n que es expresi¨®n de un pacto social para superar una dictadura supone muchos sacrificios, muchas cesiones y mucho respeto mutuo.

La Ley Electoral es preconstitucional. Hay que a?adir cincuenta diputados

Los obispos rezan por el Rey al tiempo que se le insulta en su radio

Los grandes objetivos del pacto son, en primer lugar, la monarqu¨ªa parlamentaria carente de prerrogativa -no es ni legislativo, ni ejecutivo, ni judicial y representa la unidad y permanencia del Estado-. La izquierda socialista y comunista acept¨® en el proceso constituyente a la monarqu¨ªa, en la figura de don Juan Carlos de Borb¨®n, siempre que el Rey permaneciese leal a la democracia y a la Constituci¨®n. Todos los espa?oles somos testigos, en mayor o menor grado, del exquisito respeto del Rey por las instituciones y por los gobiernos surgidos de la voluntad general.

La debilidad de los argumentos contrarios frente a una jefatura del Estado que no es poder, sino garante de la integridad y permanencia del Estado, es patente porque maneja los argumentos que pod¨ªan ser v¨¢lidos cuando el Rey era poder ejecutivo y compart¨ªa el legislativo con el Parlamento. Hoy, por el contrario, carecen de cualquier valor, porque la neutralidad frente a los partidos le permite mediar y aconsejar objetivamente y representar al Estado, con cualquier gobierno posible. De todas formas cabe la cr¨ªtica a la monarqu¨ªa, como a cualquier otra parte de la Constituci¨®n, desde la raz¨®n y desde el respeto. Quemar retratos del Rey no es ejercer la cr¨ªtica, es una aproximaci¨®n a la violencia que no est¨¢ amparada por el Derecho.

De todas formas, el hecho grave est¨¢ en las cr¨ªticas de la radio de los obispos. Con un ejercicio de cinismo importante, los obispos rezan por el Rey al tiempo que dejan que en su radio algunos se?ores le insultan gravemente. Una jefatura de Estado, monarqu¨ªa parlamentaria, sin prerrogativas es una garant¨ªa de estabilidad y neutralidad que funciona. Carece de sentido propugnar su sustituci¨®n. Ninguna sociedad razonable, y la espa?ola lo es, cambia sin motivo. La inquina y el rencor con el que reacciona la extrema derecha, representada

Pasa a la p¨¢gina siguienteen la radio de los obispos, es la mejor raz¨®n para defender a la monarqu¨ªa. Es tambi¨¦n ahora, junto con los tradicionales -ciudadanos, partidos, Cortes generales- un s¨ªmbolo de nuestra democracia.

Por otra parte el segundo objetivo es el mantenimiento del Estado de las Autonom¨ªas, como Estado funcionalmente federal. Esta es una de las dimensiones fuertes del pacto que no permite aventuras secesionistas, ni modificaciones estatutarias fuera de los procedimientos. Los excesos de contenido o de competencias de las modificaciones de los Estatutos de Autonom¨ªa, y que siguen, sin embargo el procedimiento, tienen arreglo y la ¨²ltima palabra la tendr¨¢ el Tribunal Constitucional. Los que se saltan el procedimiento y lo violan frontalmente, no tienen ninguna posibilidad de que su proyecto prospere. Ese es el modelo del lehendakari Ibarretxe en los contenidos de su plan, y en la consulta que pretende hacer absolutamente al margen de lo permitido por la Constituci¨®n. Ni en la forma ni en el fondo son de recibo. Son poco inteligentes, propias de un kamikace que sabe que se va a estrellar, y sigue impert¨¦rrito su camino de destrucci¨®n. Lo malo es que su aventura que lleva a la nada, puede producir da?os en la convivencia futura del buen pueblo vasco. ?Ojal¨¢ esos da?os no sean irreparables y que los vascos puedan construir la m¨¢xima autonom¨ªa posible, sin rupturas ni violencia en el seno de la Espa?a civil. Para que eso sea posible, los partidos defensores de la Constituci¨®n, PSOE y PP, deben trabajar al un¨ªsono y, adem¨¢s, es necesario que IU recupere en Euskadi, su dimensi¨®n abierta a la totalidad de Espa?a y que el PNV contribuya desde el sosiego y la moderaci¨®n.

Cuando el art¨ªculo primero sit¨²a a Espa?a como poder constituyente, que se constituye en un "Estado social y democr¨¢tico de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jur¨ªdico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo", est¨¢ marcando tambi¨¦n que la soberan¨ªa corresponde al pueblo espa?ol del que dependen los poderes del Estado. El pacto social supone la mayor fidelidad de la soberan¨ªa a la realidad de los ciudadanos para la m¨¢s cabal representaci¨®n. Sin embargo, ese es un objetivo todav¨ªa incumplido a los casi treinta a?os de la Constituci¨®n, porque la Ley electoral es preconstitucional y se mantiene hoy con los mismos esquemas conceptuales. Para ajustar la realidad al pacto social en el ¨¢mbito de la representaci¨®n pol¨ªtica, es necesario reformar la ley electoral, para que recoja lo m¨¢s fielmente la correcta correlaci¨®n -ciudadanos y n¨²mero de parlamentarios-. Para eso hay que a?adir cincuenta diputados a los trescientos cincuenta, lo que es factible con una Constituci¨®n que tiene hasta cuatrocientos diputados posibles. Se situar¨ªan estos cincuenta nuevos diputados en una ¨²nica circunscripci¨®n nacional que recoger¨ªa todos los votos que en las circunscripciones provinciales no hubieran sido aprovechados para elegir un diputado. Los diputados de la circunscripci¨®n ¨²nica nacional ser¨ªan distribuidos de manera proporcional por el sistema d'Hont, a los partidos destinatarios de los votos no utilizados en las circunscripciones provinciales. Esta soluci¨®n est¨¢ hecha con un velo de ignorancia de los resultados, y sirve para convertir en m¨¢s justa la identidad del soberano popular.

El pacto social debe ser duradero y estable y s¨®lo debe recibir retoques como los que propongo, reforz¨¢ndose en aquellos aspectos m¨¢s importantes: apoyo a la monarqu¨ªa parlamentaria y a la unidad de Espa?a.

Gregorio Peces-Barba Mart¨ªnez es catedr¨¢tico de Filosof¨ªa del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid.