Catalu?a tendr¨¢ 40 nuevos barrios con la mitad de viviendas protegidas

Del papel a la realidad, las herramientas para generar vivienda p¨²blica comienzan a andar. El secretario de Planificaci¨®n Territorial de la Generalitat, Oriol Nel¡¤lo, anunci¨® ayer que en tres meses estar¨¢ definida la ubicaci¨®n de las 40 ¨¢reas residenciales estrat¨¦gicas (ARE), barrios, que prev¨¦ el decreto ley de medidas urgentes en materia urban¨ªstica aprobado hace un mes por el Gobierno y ratificado el mi¨¦rcoles por el Parlament.

Estas ¨¢reas, que fijar¨¢n mediante convenios el propio Gobierno y los ayuntamientos, tendr¨¢n hasta el 65% de vivienda protegida: el 50% lo fija la ARE y el 15% restante lo pueden aportar los ayuntamientos implicados. Los nuevos barrios sumar¨¢n 50.000 pisos sociales. La prisa del Gobierno por definir estas zonas obedece a la necesidad de movilizar suelo para construir los pisos protegidos que prev¨¦ el Pacto Nacional por la Vivienda (160.000 en cuatro a?os).

Sin embargo, la Asociaci¨®n Catalana de Municipios (ACM) -que congrega a la mayor¨ªa de ayuntamientos gobernados por CiU- afirm¨® ayer que el decreto ley invade competencias locales, puesto que "los ayuntamientos tienen asignada las competencias en materia de ordenaci¨®n urban¨ªstica". La ACM ha solicitado incluir la nueva norma en el orden del d¨ªa de la pr¨®xima comisi¨®n de gobierno local. Mientras, la ACM ha consultado a expertos en urbanismo y juristas para que diriman si el decreto se ajusta a la legalidad. Si no fuera as¨ª, la asociaci¨®n no descarta "emprender medidas legales", se?al¨® en un comunicado.

Sea como sea, la Generalitat se ha mostrado en los ¨²ltimos d¨ªas dispuesta a sacar vivienda protegida de debajo de las piedras, hasta el punto de estudiar f¨®rmulas que hace un par de a?os, en pleno boom de la construcci¨®n, hubieran sonado a broma. Por ejemplo, si el lunes los promotores explicaron que est¨¢n negociando con el Gobierno la posibilidad de pasar los pisos que han construido y no venden a la nueva figura del "concertado catal¨¢n", ayer el consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, se mostr¨® dispuesto a convertir los sobrantes en alquileres sociales.

La conversi¨®n de pisos privados en viviendas p¨²blicas de alquiler ayudar¨ªa a peque?os promotores que no venden, adem¨¢s de facilitar el acceso a la vivienda a los inquilinos. Pero habr¨¢ que estudiarlo bien, alertan fuentes del sector inmobiliario, porque la gesti¨®n de edificios mixtos ser¨ªa administrativamente muy compleja.

Tanto Oriol Nel¡¤lo como Francesc Baltasar intervinieron en una jornada organizada por la Asociaci¨®n de Promotores en la que su presidente, Enric Reyna, volvi¨® a lamentar que el decreto ley les obligue a hacer m¨¢s vivienda protegida. La secretaria de Vivienda de la Generalitat, Carme Trilla, record¨® que se est¨¢n ultimando los detalles del "concertado catal¨¢n". Su definici¨®n depende de las negociaciones con los promotores sobre el precio final del metro cuadrado en cada zona, que estar¨¢ entre el del mercado de vivienda libre y el de la p¨²blica.