S¨®lo siete inspectores controlan a los 26.000 funcionarios municipales

Siete funcionarios para controlar a 26.000. No existe nada parecido a un sistema de inspecci¨®n permanente o auditor¨ªas internas peri¨®dicas en el Ayuntamiento de Madrid, el m¨¢s grande de Espa?a (como tampoco existe en otras grandes ciudades). S¨®lo siete personas integran la Inspecci¨®n de Servicios y se encargan de controlar que sus 26.000 compa?eros de plantilla hagan un trabajo ¨¢gil, eficaz y, sobre todo, limpio. En Madrid se ha destapado este mes la mayor red de corrupci¨®n municipal de su historia. No ha salpicado, por el momento, a ning¨²n responsable pol¨ªtico, pero los funcionarios corruptos lo han tenido f¨¢cil para delinquir durante a?os: nadie los estaba vigilando.

Si nadie denuncia a los funcionarios, no hay ning¨²n control sobre ellos

Ninguna de las 83 faltas graves analizadas en 2006 lleg¨® a los tribunales

Ni siquiera los siete miembros del departamento de Inspecci¨®n de Servicios tienen esa funci¨®n preventiva. Su cometido se limita a investigar y resolver las denuncias que cada a?o llegan sobre cinco supuestos: falta continuada al puesto de trabajo, incompatibilidades, acusaciones por acoso laboral o sexual, contratos que la oposici¨®n considera adjudicados de forma irregular y denuncias de particulares sobre actitudes supuestamente il¨ªcitas de funcionarios.

El a?o pasado, estos siete inspectores tramitaron 344 expedientes: 261 por faltas leves y 83 por otras graves o muy graves. La "inmensa mayor¨ªa" de las denuncias fue archivada, el resto dio lugar a sanci¨®n administrativa. Ninguna lleg¨® a los tribunales, porque no se hallaron indicios de delito, seg¨²n fuentes municipales. "Las denuncias de particulares son pocas, y muchas son an¨®nimas o sin pruebas", alegan desde el Consistorio.

Lo que no existe es un control de calidad permanente, un cuerpo de inspectores que haga auditor¨ªas -de oficio, sin necesidad de denuncia previa- cada cierto tiempo; o un mecanismo inform¨¢tico que haga saltar la alarma cuando un expediente, por ejemplo de concesi¨®n de una licencia, se eterniza en alg¨²n despacho. Si nadie denuncia, no hay control.

Los trabajadores municipales -al menos 16- imputados en la Operaci¨®n Guateque est¨¢n acusados de cobrar comisiones de miles de euros a empresarios de la capital a cambio de agilizar las licencias de apertura de sus locales o de retrasar expedientes de sanci¨®n abiertos contra ellos. Tres de los funcionarios implicados est¨¢n ya en prisi¨®n.

El alcalde, Alberto Ruiz-Gallard¨®n (PP), ha subrayado estos d¨ªas que ning¨²n concejal o cargo pol¨ªtico de su gobierno est¨¢ implicado en la trama, y concluye por ello que no existe "responsabilidad pol¨ªtica". De la otra responsabilidad pol¨ªtica, la de poner los medios para intentar prevenir el delito, no ha hablado.

"Es cierto que no hay un sistema de inspecci¨®n permanente, pero no s¨®lo en el Ayuntamiento de Madrid: tampoco en la mayor¨ªa, por no decir en ninguno, de los ayuntamientos y comunidades aut¨®nomas. Organismos estatales como la Agencia Tributaria y la Seguridad Social s¨ª tienen implantados esos mecanismos, pero las administraciones locales a¨²n deben modernizarse mucho", argumenta Juan Bravo, concejal de Hacienda y Administraci¨®n P¨²blica.El concejal Juan Bravo subraya que el Ayuntamiento s¨ª ha tomado en los ¨²ltimos cuatro a?os medidas para desenmara?ar los procedimientos administrativos, agilizar la concesi¨®n de licencias e imponer racionalidad en los tr¨¢mites, y que eso, indirectamente, deber¨ªa repercutir en la lucha contra la corrupci¨®n. "Si todos los tr¨¢mites administrativos van m¨¢s r¨¢pido, es m¨¢s dif¨ªcil que un funcionario chantajee a un empresario por agilizarlos", explica Bravo.

Cuando el equipo de Ruiz-Gallard¨®n lleg¨® al gobierno municipal, en junio de 2003, se trajo consigo un peque?o ej¨¦rcito de cargos de confianza, que coloc¨® al frente de departamentos y ¨¢reas clave del Ayuntamiento. Aquello, que algunos llamaron "el desembarco de los 100" -en realidad eran casi 150 los cargos de nueva creaci¨®n, aunque algunos atend¨ªan a los distintos grupos municipales- dio lugar a una de las pol¨¦micas m¨¢s sonadas del inicio del mandato: PSOE e IU acusaron al PP de despreciar el trabajo de los funcionarios municipales, de apartar o ningunear a trabajadores que llevaban all¨ª toda la vida para poner en su lugar a personas de confianza del alcalde.

"Si aquello gener¨® rechazo y fue utilizado por la oposici¨®n para atacar al gobierno municipal, ?qu¨¦ habr¨ªa pasado si hubi¨¦ramos llevado a cabo una reforma radical de la organizaci¨®n y los procedimientos administrativos del Ayuntamiento? Quiz¨¢ habr¨ªamos sido acusados de caza de brujas o algo as¨ª. Y en ning¨²n momento quisimos eso: la inmensa mayor¨ªa de los funcionarios son honestos y profesionales", se defiende un alto cargo del equipo de Ruiz-Gallard¨®n.

As¨ª que, por falta de voluntad o por miedo a la bronca sindical y pol¨ªtica, el alcalde no hizo nada en su primer mandato para instaurar mecanismos de control que penetraran en las v¨ªsceras del Ayuntamiento y detectasen posibles casos de corrupci¨®n. Al final ha sido la denuncia de un particular y la acci¨®n decidida de un juez lo que ha dado lugar a la mayor operaci¨®n contra la corrupci¨®n desarrollada en la capital de Espa?a.

Son ya 37 las personas investigadas, entre funcionarios, empresarios e intermediarios de la trama delictiva. Hay al menos 16 trabajadores municipales imputados, y en las conversaciones pinchadas se les oye festejar abiertamente las mordidas cobradas a decenas de locales.

De la magnitud de la operaci¨®n da idea la comparaci¨®n con lo sucedido en a?os anteriores: en el ¨²ltimo cuarto de siglo, desde 1984, el Ayuntamiento abri¨® 30 expedientes a funcionarios por sospechas de corrupci¨®n. Tres fueron condenados por los jueces, otros tres est¨¢n a la espera de sentencia y 12 recibieron sanciones disciplinarias. El resto de los casos fue archivado.