Jueces del Constitucional hasta la jubilaci¨®n

Pese a la conmoci¨®n que caus¨® la noticia del primer muerto a manos de ETA desde la ruptura oficial de la tregua, y la emoci¨®n del minuto de silencio de la c¨²pula del PP, Mariano Rajoy decidi¨® continuar con el plan previsto y presentar la "limitada" reforma de la Constituci¨®n que hab¨ªa anunciado. La iniciativa, que ayer s¨®lo qued¨® apuntada en la conferencia del PP sobre el modelo de estado, a¨²n debe ser perfilada para llevarla al programa electoral en febrero.

La reforma tiene como principal novedad la modificaci¨®n del art¨ªculo 159 de la Ley Fundamental para que los miembros del Constitucional, que ahora tienen un mandato de nueve a?os, contin¨²en en el cargo hasta su jubilaci¨®n. En Estados Unidos, por ejemplo, los miembros del Supremo, el m¨¢ximo tribunal all¨ª, tienen cargo vitalicio.

Adem¨¢s, Rajoy pretende modificar ese art¨ªculo, que marca la obligaci¨®n de que sean juristas con al menos 15 a?os de ejercicio profesional, para subirlo hasta 30 a?os. Todo, seg¨²n explic¨® el l¨ªder del PP, para garantizar la independencia del m¨¢ximo ¨®rgano de la justicia. El Constitucional se compone de 12 miembros, ocho elegidos a propuesta de Congreso y Senado por mayor¨ªa de tres quintos, dos del Gobierno y otros dos del Consejo General del Poder Judicial.

Para este ¨²ltimo organismo, cuya renovaci¨®n ha bloqueado el PP desde hace m¨¢s de un a?o, seg¨²n denuncian los dem¨¢s grupos del Congreso, Rajoy tambi¨¦n tiene prevista una reforma significativa. Pretende regresar a la f¨®rmula que los socialistas cambiaron en los a?os 80 y que el PP hab¨ªa aceptado hasta ahora, y utilizado sin problemas cuando se renov¨® la ¨²ltima vez el consejo, hace seis a?os, con mayor¨ªa absoluta del PP.

Esa f¨®rmula consiste en que los jueces elijan directamente a 12 de los 20 miembros, y el resto sean designados por Congreso y Senado. Ahora los jueces proponen a los candidatos para esos primeros 12, pero son Congreso y Senado, y por tanto los partidos pol¨ªticos, quienes eligen entre ellos. El PSOE cree que esta f¨®rmula s¨®lo sirve para garantizar mayor¨ªas conservadoras -esa ideolog¨ªa es dominante entre los jueces- y para hacer del CGPJ un ¨®rgano corporativo, que defienda el inter¨¦s de los jueces y no de los ciudadanos.

El PP present¨® un completo documento en el que se apuntan otras reformas, aunque muchas de ellas sin perfilar, como en el espinoso asunto de la delimitaci¨®n de competencias entre el Gobierno y las autonom¨ªas.

El PP, que gobierna en seis de ellas, no se atreve a hablar de recuperar competencias, algo que podr¨ªa enfadar a sus presidentes auton¨®micos, pero su discurso camina hacia ese objetivo. Rajoy explic¨® que en su reforma "se definir¨¢ con precisi¨®n la competencia legislativa del Estado para acometer reformas que exigen por naturaleza un tratamiento com¨²n en el conjunto del territorio del Estado como es el caso de la propia ordenaci¨®n territorial, el urbanismo o la inmigraci¨®n", y para ello quiere modificar el art¨ªculo 194.1, aunque no explic¨® c¨®mo.

El l¨ªder del PP lo dej¨® claro: "?A qui¨¦n se le reclama un fraude? ?Qui¨¦n es el responsable de un vertido t¨®xico? ?Qui¨¦n debe prestarnos asistencia en las grandes nevadas? Corremos el peligro de que desaparezca de Espa?a cualquier atisbo de lo que pueda considerarse una pol¨ªtica espa?ola. ?Necesitamos una educaci¨®n que pueda llamarse espa?ola? Sin duda. ?Y una ley del suelo? Hace tiempo. ?Y una ley del agua? Urgentemente".