La autoestima de los jueces

La mejor manera, por no decir la ¨²nica, de garantizar la independencia del poder judicial est¨¢ en la autoestima de los jueces. Si se quiere decir en t¨¦rminos m¨¢s cl¨¢sicos, en su sentido de la responsabilidad. Poco importa qui¨¦n y c¨®mo los nombra si una vez ocupado el puesto act¨²an con sentido propio, pensando y decidiendo por s¨ª mismos, que es lo que les exige la funci¨®n. Desde tiempos de La Bo¨¨tie sabemos perfectamente la capacidad de servidumbre que genera la l¨®gica piramidal del poder. Y hemos acabado aceptando como algo l¨®gico que las personas nombradas para un cargo o responsabilidad se sientan deudoras de quien les llev¨® hasta ah¨ª. Desgraciadamente, muy a menudo, los hechos confirman este prejuicio. Pero esta realidad demuestra que la gente tiene muy poco aprecio por s¨ª misma o, dicho sin ambages, que el precio de la sumisi¨®n es muy barato. Afortunadamente, de vez en cuando hay signos de lo contrario. Y merece la pena se?alarlo, porque deber¨ªa ser la regla, aunque a menudo parezca la excepci¨®n.

La reacci¨®n de autoestima de los magistrados del Constitucional respondiendo al acoso al que el PP les lleva sometiendo desde toda la legislatura abre una brecha a la esperanza de que la politizaci¨®n de la justicia tiene arreglo. Al tiempo que frena la cadena catastr¨®fica que se inici¨® con la recusaci¨®n de P¨¦rez Tremps. Recusar a unos magistrados sin otra prueba que un recorte de peri¨®dico, como ha hecho el PP, es un acto de humillaci¨®n para los miembros del tribunal destinatario del recurso que ha acabado con la paciencia de ¨¦stos. Y los magistrados no se han andado con remilgos. Seg¨²n ellos, el PP ha hecho "un intento de abuso de derecho y fraude procesal" y su comisionado Ignacio Astarloa, una persona que durante esta legislatura ha dilapidado su reputaci¨®n al servicio de las consignas del aznarismo, ha hecho "un uso indebido de un instituto tan importante como es la recusaci¨®n". Aunque el Tribunal Constitucional sea una instituci¨®n que queda al margen de la jurisdicci¨®n, es innegable que esta respuesta adquiere un valor especial para poner freno a la estrategia incesante del PP de tratar de ganar en el ¨¢mbito judicial lo que fue incapaz de conseguir en las urnas y en el Parlamento.

La pr¨®xima legislatura se anuncia, caso de que el PSOE repita gobierno, como de importantes reformas en el poder judicial. La hipervisibilidad de un ¨®rgano estrictamente administrativo, como es el Consejo General del Poder Judicial, ha ido deformando la imagen de lo que significa la justicia en un sistema democr¨¢tico de divisi¨®n de poderes. Y habr¨¢ que volver al principio. Y el principio dice que el poder judicial no est¨¢ en el Consejo General, sino en cada uno de los jueces que ejercen, y deben ejercer con independencia absoluta, la jurisdicci¨®n. El Consejo es simplemente un ¨®rgano administrativo y disciplinario, encargado de asegurar el buen funcionamiento de la justicia. Ni m¨¢s, ni menos. Y para colocarlo en su justo lugar hay que encontrar f¨®rmulas que optimicen la funci¨®n y minimicen un efecto representativo de la justicia que no le corresponde. La c¨²spide del poder judicial no es el Consejo, sino el Tribunal Supremo, cuyas sentencias dictan jurisprudencia para todos. El Consejo como ¨®rgano administrativo deber¨ªa tener una composici¨®n mixta de responsables pol¨ªticos y jueces que diera clara transparencia a su relaci¨®n con la pol¨ªtica. La forma actual en que la pol¨ªtica se cuela subrepticiamente en el Consejo General a trav¨¦s de los nombramientos tiene todos los defectos de una politizaci¨®n encubierta y de una falta absoluta de claridad. Si el poder pol¨ªtico estuviese representado en el Consejo junto al poder judicial, la politizaci¨®n se har¨ªa a la luz del d¨ªa: la palabra de los representantes del Ministerio de Justicia constar¨ªa en acta, de modo que cada palo tendr¨ªa que aguantar su vela, y los pol¨ªticos no podr¨ªan recurrir a la llamada telef¨®nica para introducir subrepticiamente sus consignas y debilitar la autoridad de los jueces.

Pero, con o sin modificaciones, la actitud del juez es lo sustancial. Y esta actitud se forja en el proceso de formaci¨®n, que es, en ¨¦ste como en otros ¨¢mbitos, el momento determinante. La independencia del juez es su raz¨®n de ser. Y en el momento actual, los ¨®rganos m¨¢s visibles de la justicia, los que salen en la tele, y en especial el Consejo General del Poder Judicial, son un mal ejemplo de politizaci¨®n que corre el riesgo de que tenga efectos contaminantes hacia abajo. Si el PSOE cree que la reforma de la justicia tiene que ser una de las apuestas principales de la pr¨®xima legislatura, ser¨ªa l¨®gico que anticipara sus intenciones en la campa?a electoral. Las reformas por sorpresa siempre son sospechosas. Aunque en ¨²ltima instancia, s¨®lo de la voluntad de los jueces depender¨¢ la verdadera independencia de la justicia. -