Desde Ana Orantes

"Hist¨®ricamente ha carecido de inter¨¦s social y jur¨ªdico...", dec¨ªa en el a?o 1998 un Informe del Defensor del Pueblo espa?ol sobre los malos tratos a las mujeres en el ¨¢mbito familiar. Casi diez a?os despu¨¦s contamos con una Ley Integral contra la violencia de g¨¦nero en el ¨¢mbito de la pareja, objeto de atenci¨®n en los pa¨ªses de nuestro entorno; y existen Juzgados y Fiscales especializados para responder ante esta forma de criminalidad. ?Que ha sucedido desde entonces hasta ahora?

En diciembre de 1997, Ana Orantes fue quemada viva por su ex esposo tras haber relatado en la televisi¨®n andaluza los malos tratos sufridos durante el matrimonio. Dos notas resultaron llamativas: era la respuesta del marido despechado que no aceptaba la rebeld¨ªa de quien fuera su esposa; y hab¨ªan compartido la misma casa tras la separaci¨®n legal, aunque dividido el uso, de tal manera que el riesgo siempre estuvo presente para la mujer.

Pues bien, con ocasi¨®n de este asesinato, las asociaciones de mujeres se?alaron la ineficacia del sistema judicial y los medios de comunicaci¨®n dieron la voz y la palabra a las v¨ªctimas. Se realizaron varios estudios sobre las sentencias y se pudo comprobar que, efectivamente, las leyes no ten¨ªan en cuenta las caracter¨ªsticas espec¨ªficas de la violencia en el ¨¢mbito de la pareja, tanto es as¨ª que hab¨ªa llegado a sancionar con arresto domiciliario al condenado por lesiones a la esposa. ?Se les obligaba a permanecer en casa junto a su v¨ªctima, sin poder salir!

La mirada de los poderes p¨²blicos empieza a cambiar, en sinton¨ªa con la normativa internacional, y lo que tradicionalmente se hab¨ªa considerado una cuesti¨®n privada o de familia se convertir¨¢ en un problema social necesitado de la intervenci¨®n del Estado, por afectar a derechos constitucionales como la vida o la integridad f¨ªsica y moral. La afirmaci¨®n de que la violencia contra la mujer en el ¨¢mbito familiar es un hecho p¨²blico perseguible de oficio por los agentes de la autoridad -no un hecho privado- se consolid¨® en el a?o 1999, cuando la ley elimina el requisito de la denuncia previa para perseguir los hechos violentos cometidos contra alguno de los miembros del c¨ªrculo familiar que se?alaba.

Pero no bastaban las medidas judiciales que se adoptaban. Era necesario realizar un diagn¨®stico completo de las causas estructurales de esta violencia -entre ellas la historia de socializaci¨®n desigualitaria que arrastramos- y con este objetivo el Parlamento espa?ol aprob¨® por unanimidad la Ley Integral 1/2004, que a su vez reform¨® otras leyes, como las de educaci¨®n y publicidad, para consolidar nuevos valores de igualdad y resoluci¨®n pacifica de conflictos. Tambi¨¦n reforz¨® la respuesta judicial, con el resultado de un progresivo aumento del n¨²mero de mujeres que conf¨ªan en las instituciones y deciden denunciar. Contamos con un buen instrumento legal que est¨¢ ayudando a salir del c¨ªrculo de la violencia e iniciar una nueva vida; pero la sociedad no puede bajar la guardia, mujeres inmigrantes sufren la violencia con toda su crudeza.

Estamos en el camino. Diez a?os despu¨¦s de Ana Orantes se puede afirmar que el maltrato sobre las mujeres en el ¨¢mbito familiar preocupa al mundo jur¨ªdico, preocupa a la sociedad y se ha convertido en una prioridad de la agenda pol¨ªtica espa?ola.

Inmaculada Montalb¨¢n Huertas es magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa. Premio Nacional 2003 del Consejo General del Poder Judicial.