?Est¨¢ caducada la ley del aborto ?

"El PP ha votado todas las veces en contra de la ampliaci¨®n del aborto. Tendremos que volver a ganar las elecciones para lograr la seguridad de las mujeres y de los m¨¦dicos que lo practican". Amparo Rubiales, diputada socialista, pronunciaba estas palabras en 1998.

Los socialistas han sacado el aborto de su programa electoral

Las cl¨ªnicas denuncian una persecuci¨®n organizada

La sanidad p¨²blica realiza menos del 3% de las interrupciones

En Espa?a el aborto es delito salvo en tres supuestos muy detallados

El PSOE acababa de perder por un solo voto -y porque varios diputados, entre ellos Felipe Gonz¨¢lez, no acudieron al hemiciclo- una votaci¨®n en el Congreso para ampliar los supuestos de despenalizaci¨®n del aborto. Los socialistas volvieron al poder en 2004 y las palabras de Rubiales cayeron en saco roto. No ha habido modificaci¨®n de la ley a pesar de que fue una de las promesas electorales del partido ("reformaremos la legislaci¨®n sobre el derecho la interrupci¨®n voluntaria del embarazo para adoptar un sistema de plazos" dec¨ªa la p¨¢gina 100 de su programa). Tampoco se har¨¢ aunque Zapatero renueve su mandato en 2008. En un giro al centro, los socialistas han decidido sacar los temas m¨¢s controvertidos -como el aborto o la eutanasia- de su programa.

Mientras tanto, estos d¨ªas las cl¨ªnicas de interrupci¨®n de embarazos han inundado las primeras p¨¢ginas de los peri¨®dicos. En Barcelona, un m¨¦dico est¨¢ en prisi¨®n preventiva junto con dos de sus estrechos colaboradores. Se les acusa de delito de aborto, asociaci¨®n il¨ªcita, intrusismo y falsedad documental. Los investigadores de la Guardia Civil aseguran que practicaban abortos ilegales a mujeres en avanzado estado de gestaci¨®n. En Madrid, dos cl¨ªnicas han sido suspendidas por supuestas irregularidades y algunas trabajadoras de los centros han sufrido agresiones en la calle y amenazas de muerte. El caso de Barcelona est¨¢ bajo investigaci¨®n judicial, por lo que habr¨¢ que esperar para ver si se vulneraba la ley. En la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, las cl¨ªnicas hablan de una aut¨¦ntica "caza de brujas". Una representaci¨®n de casi centenar de cl¨ªnicas que existen en Espa?a mantendr¨¢n hoy una reuni¨®n para debatir su situaci¨®n.

En la opini¨®n p¨²blica est¨¢ empezando a cobrar fuerza la idea de que las cl¨ªnicas no cumplen la ley y que los abortos de fetos de seis y siete meses se llevan a cabo cada d¨ªa. Los datos del Ministerio de Sanidad indican lo contrario: el 88% de las interrupciones se producen durante los tres primeros meses de gestaci¨®n y s¨®lo el 2% son de embarazos de m¨¢s de 21 semanas. Pero hay otras cuestiones que no est¨¢n claras. ?Qu¨¦ ocurre en Espa?a 22 a?os despu¨¦s de la despenalizaci¨®n del aborto? ?Esta antigua ley, dictada en los primeros a?os de democracia, sigue sirviendo para regular la situaci¨®n o ha quedado obsoleta? Aunque el PSOE ha renunciado a reformarla, el propio ministro de Justicia afirm¨® el mi¨¦rcoles en el Congreso que no pod¨ªa "estar m¨¢s de acuerdo" en que era necesario modificar la ley. Pero Mariano Fern¨¢ndez Bermejo matiz¨® de inmediato sus palabras. Dijo que, para cambiar la norma deb¨ªa haber consenso entre los grupos parlamentarios. Dado que el PP est¨¢ expl¨ªcitamente en contra de cualquier ampliaci¨®n de los supuestos de aborto, hablar de "consenso" equivale a admitir que no se va a hacer nada.

En Espa?a el aborto es un delito salvo en tres supuestos: violaci¨®n denunciada, "graves taras f¨ªsicas o ps¨ªquicas del feto" -previo dictamen de dos especialistas- y "grave peligro para la vida o para la salud f¨ªsica o ps¨ªquica de la madre" - con el informe de un m¨¦dico-. Los facultativos que emiten los dict¨¢menes deben ser distintos al que practica el aborto. En la violaci¨®n y la malformaci¨®n fetal hay plazos: 12 semanas para el primer supuesto y 22 para el segundo. No hay limitaci¨®n temporal, sin embargo, para la indicaci¨®n de grave riesgo para la salud f¨ªsica o ps¨ªquica.

La cuesti¨®n de los plazos est¨¢ provocando algunas situaciones absurdas. Las malformaciones fetales no siempre se detectan en las primeras 22 semanas de gestaci¨®n, as¨ª que, si a una embarazada le descubren con seis meses que el feto tiene una grave dolencia cardiaca que le provocar¨¢ la muerte, no puede abortar. El Estado le obliga a llevar a t¨¦rmino un embarazo traum¨¢tico en el que la mujer sabe, con absoluta seguridad, que el reci¨¦n nacido morir¨¢. ?Qu¨¦ ocurre en la pr¨¢ctica? Que los m¨¦dicos aplican la indicaci¨®n del grave peligro para la salud ps¨ªquica de la gestante para poder llevar a cabo el aborto. Es uno de los agujeros de la ley. Estas situaciones se dan. Las ecograf¨ªas no son infalibles y a veces los m¨¦dicos tardan en percibir las anomal¨ªas.

Pero el aspecto m¨¢s pol¨¦mico de la ley es, sin duda, la indicaci¨®n del "grave peligro para la salud f¨ªsica o ps¨ªquica" de la madre, la que m¨¢s abortos ampara (el 96,6% seg¨²n los datos de 2005, el ¨²ltimo con cifras oficiales). ?Cu¨¢ndo se entiende que hay "grave riesgo"? Caben todas las interpretaciones. Esto provoca inseguridad tanto en las mujeres que abortan como en los m¨¦dicos que hacen la intervenci¨®n. ?Es necesario que el embarazo provoque un trastorno mental muy grave para que sea l¨ªcita su interrupci¨®n o basta con que genere desasosiego vital? Ni siquiera los tribunales se ponen de acuerdo, y hay decisiones en distintos sentidos. Un dato que prueba esta ambig¨¹edad: en Portugal exist¨ªa la misma indicaci¨®n, pero no se practicaban abortos. Muchas portuguesas a quienes en su pa¨ªs no apreciaban "grave peligro para la salud ps¨ªquica" acud¨ªan a Espa?a a abortar, donde s¨ª entraban dentro del supuesto. Portugal aplic¨® durante a?os de forma extremadamente r¨ªgida su legislaci¨®n sobre el aborto y los m¨¦dicos se negaban a practicarlo. Este a?o la situaci¨®n ha cambiado. Como en la mayor¨ªa de los pa¨ªses europeos, Portugal tiene ya una ley de plazos.

"Las mujeres y los m¨¦dicos tienen que saber a qu¨¦ atenerse", opina Justa Montero, de la Asamblea Feminista. "No puede ser que tengan miedo porque la ley no es clara y porque en cualquier momento pueden quedar indefensos ante ofensivas como las que en estos d¨ªas est¨¢n llevando a cabo los sectores contrarios al aborto". Montero habla tambi¨¦n de la criminalizaci¨®n de las cl¨ªnicas: "Lo que est¨¢ ocurriendo es el colmo de la hipocres¨ªa. Estos centros son los ¨²nicos que permiten que en Espa?a las mujeres puedan ejercer este derecho. Si los poderes p¨²blicos realmente est¨¢n tan preocupados por la salud de las mujeres, deber¨ªan garantizar este derecho en los hospitales p¨²blicos en lugar de lavarse las manos y dejar que sean otros los que hagan el trabajo que ellos no quieren hacer".

Este es otro de los problemas. La sanidad p¨²blica no realiza en sus centros ni el 3% de los abortos a pesar de que es uno de los servicios incluidos en la cartera de prestaciones. En seis comunidades los hospitales p¨²blicos no los practican, sea cual sea la indicaci¨®n que alega la mujer. La justificaci¨®n es una supuesta objeci¨®n de conciencia de los profesionales sanitarios que no se ve amparada por cifras. No existe ning¨²n registro de objetores y numerosos ginec¨®logos han manifestado que no tendr¨ªan ning¨²n problema en interrumpir embarazos.

La ambig¨¹edad de la ley y la posibilidad de interpretar de muy diversas formas el supuesto del "grave peligro para la salud f¨ªsica o ps¨ªquica de la madre" suponen tambi¨¦n un obst¨¢culo para que los m¨¦dicos en la sanidad p¨²blica se hagan cargo de los abortos. Si todas las cl¨ªnicas privadas decidieran dejar de practicar abortos, como amenazaron la semana pasada por el "trato medi¨¢tico recibido", "el silencio de los pol¨ªticos" y "la presi¨®n de los grupos cat¨®licos", seg¨²n explic¨® el portavoz de una asociaci¨®n, el Estado se encontrar¨ªa con un grave problema.

Para las cl¨ªnicas no siempre es f¨¢cil hacer su trabajo. El aborto sigue siendo tab¨² 22 a?os despu¨¦s de su despenalizaci¨®n en Espa?a. Pintadas que simulan sangre a las puertas de las cl¨ªnicas, grupos religiosos rezando fuera del local, manifestaciones e incluso agresiones verbales o f¨ªsicas a trabajadores. Muchos centros reciben cada semana a sus puertas a gente que intenta convencer a las mujeres de que no entren. "Una vez tuvimos a un grupo que form¨® una cruz con velas y se tir¨® el d¨ªa entero rezando a las puertas de la cl¨ªnica", explica Luisa Torres, portavoz de Dator, en Madrid, uno de los centros m¨¢s antiguos de Espa?a. Esto les llev¨® a instalar una puerta alternativa para sacar a las mujeres cuando el ambiente fuera es hostil.

Son muchas las voces que piden una modificaci¨®n de la legislaci¨®n. "Es fundamental que se cambie por una ley de plazos, la que hay en la mayor¨ªa de los pa¨ªses europeos. Lo ideal ser¨ªa hasta las 12 semanas. Y a partir de ah¨ª, una ley de indicaciones como la que tenemos ahora", sostiene Eva Rodr¨ªguez Armario, presidenta de la Asociaci¨®n de Cl¨ªnicas Acreditadas para la Interrupci¨®n Voluntaria del Embarazo (ACAI). A esta entidad pertenecen 31 cl¨ªnicas en toda Espa?a, 22 de las cuales s¨®lo pueden practicar abortos dentro del primer trimestre de embarazo.

"No hay que temer dar libertad a las mujeres en el control de la maternidad si eso se acompa?a de una actuaci¨®n completa en materia de educaci¨®n y acceso real a la anticoncepci¨®n. As¨ª podr¨ªamos avanzar hacia situaciones como la de Holanda, que aunque tiene la ley menos restrictiva de Europa, tiene el n¨²mero m¨¢s bajo de abortos voluntarios", asegura Rodr¨ªguez.

Las cl¨ªnicas denuncian una persecuci¨®n organizada. Sobre todo las que est¨¢n en comunidades gobernadas por el PP, Madrid por caso. "Hemos detectado un aumento muy significativo de las inspecciones este a?o", asegura una portavoz de ACAI. Y especialmente en Madrid. "Hemos tenido cinco este a?o mientras que el pasado s¨®lo fueron dos", asegura una portavoz de la cl¨ªnica Dator de Madrid. En ninguna se encontraron irregularidades. Lo mismo ha ocurrido en la cl¨ªnica Isadora.

"Las cl¨ªnicas se est¨¢n convirtiendo en el chivo expiatorio de una batalla pol¨ªtica para hacerse con el electorado perdido de la derecha m¨¢s conservadora. Una batalla que est¨¢ reavivando y alentando los intereses de los grupos contrarios a la consecuci¨®n de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres", asegur¨® el viernes ACAI en un comunicado, con motivo de la suspensi¨®n de la actividad de interrupciones voluntarias del embarazo en la cl¨ªnica Mayrit. "La divulgaci¨®n de datos no demostrados, de filtraciones interesadas, o la utilizaci¨®n de medios il¨ªcitos que atentan contra la intimidad de las personas para avalar posturas ideol¨®gicas contrarias al aborto, no s¨®lo desprestigian la labor de los profesionales que desde hace m¨¢s de veinte a?os cubren la demanda voluntaria y libre de miles de mujeres sino que adem¨¢s vuelven a cuestionar la conquista de un derecho sexual y reproductivo b¨¢sico, reconocido internacionalmente, retrotray¨¦ndonos a situaciones vividas veinte a?os atr¨¢s".

En la cl¨ªnica Mayrit se dice lo mismo. La comunidad de Madrid asegura que la actividad de la cl¨ªnica "supone un riesgo inminente y grave para la salud de las personas", despu¨¦s de que en una inspecci¨®n se hallaran informes cl¨ªnicos firmados en blanco por un psiquiatra y 15 historias de abortos supuestamente irregulares. "Se ha hablado de historias cl¨ªnicas con un cartel que pone destruir, pero no es as¨ª. Eran historias cl¨ªnicas de mujeres que no abortaron y que, por la Ley de Protecci¨®n de Datos, tenemos obligaci¨®n de destruir", asegura Diego Cazzaniga, portavoz de la cl¨ªnica madrile?a.

La reforma de la actual ley del aborto parece imprescindible, como ha reconocido el propio ministro de Justicia. Las asociaciones de mujeres piden una norma m¨¢s precisa que proteja los derechos de las pacientes y de los m¨¦dicos y que permita que las intervenciones empiecen a realizarse de forma habitual en la sanidad p¨²blica. Muchos colectivos piden tambi¨¦n una ley de educaci¨®n sexual que frene el incesante aumento del n¨²mero de abortos. Ley que prometi¨® el PSOE cuando estaba en la oposici¨®n y que tambi¨¦n ha olvidado.